- En un proyecto de esta dimensión es fundamental dar las máximas garantías a la información pública y a la participación ciudadana.
Después de analizar el proyecto de reurbanización de los Nuevos Ejes Verdes, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha concluido que la actuación del Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad no ha sido ajustada a derecho en cuanto al trámite de información pública y el principio de buena administración.
Por estos motivos, la Sindicatura ha advertido al Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad que tiene la obligación de garantizar el acceso de la ciudadanía a todos los documentos públicos, que preceptivamente deben ser sometidos a información pública de una manera clara y entendedora para que sean de fácil acceso y examen para la ciudadanía.
Por otro lado, la Sindicatura también se ha dirigido a este organismo para recomendar que, con carácter previo al inicio de los procedimientos de contratación, se finalice la totalidad del trámite de información pública previsto para los proyectos de obras, con el objetivo de garantizar una participación efectiva de la ciudadanía y no causar inseguridad jurídica a los operadores.
El origen de la actuación de la Sindicatura
La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona trasladó a la Sindicatura de Greuges de la ciudad su disconformidad con la decisión municipal de licitar las obras de un proyecto que todavía se encontraba en fase de tramitación. Concretamente, se trataba de la tramitación de los proyectos de los Nuevos Ejes Verdes (programa Superilla Barcelona en el Distrito del Eixample), de manera simultánea a la licitación de las obras de ejecución de estos por parte del Ayuntamiento mediante la empresa municipal BIMSA.
El procedimiento de licitación
El Ayuntamiento argumenta que es posible iniciar la licitación de un contrato antes de la aprobación definitiva, puesto que considera que la empresa municipal responsable de la contratación, BIMSA, es un poder adjudicador no administración pública (PANAP), que está sujeto a un régimen jurídico diferenciado.
La Sindicatura de Greuges reconoce que los argumentos expuestos por el Ayuntamiento constituyen una interpretación jurídica que puede resultar defendible, pero no la comparte. En este sentido, entiende que iniciar una licitación sin haber aprobado definitivamente un proyecto no es la opción más ajustada al principio de buena administración y eficacia.
El principio de buena administración comporta el derecho a participar en la toma de decisiones y, especialmente, el derecho de audiencia y el derecho a presentar a alegaciones en cualquier fase del procedimiento administrativo, de acuerdo con lo que establece la normativa aplicable.
Respecto a la eficacia, iniciar un procedimiento antes de la aprobación definitiva de un proyecto y, especialmente, antes de agotar el plazo de información pública, puede suponer precisamente lo contrario. La información pública permite que cualquier persona pueda presentar alegaciones. Además de acontecer un mecanismo esencial de participación ciudadana en los asuntos públicos, es un sistema para detectar posibles errores del proyecto que puedan ser expresados por cualquier persona.
El trámite de información pública
El Ayuntamiento sostiene que iniciar un procedimiento de contratación antes de la finalización del plazo de información pública no lesiona el derecho a la participación ciudadana. Argumenta que las alegaciones eventualmente presentadas durante el periodo de información pública podrán ser resueltas oportunamente en sentido estimatorio o desestimatorio, según corresponda.
Según esta Sindicatura, esta forma de proceder vacía de contenido el trámite de información pública. La formulación y eventual estimación de una alegación que implicara una modificación sustancial de los proyectos sujetos a aprobación obligaría a retrotraer el procedimiento de contratación. El calendario previsto por el Ayuntamiento de Barcelona establece el inicio de las obras en el mes de junio de 2022. Cumplir con este calendario, que viene determinado por diferentes factores, no es compatible con retrotraer el procedimiento administrativo. Por lo tanto, a la práctica, la actuación del consistorio parece dejar únicamente margen para la aceptación de alegaciones menores, que no interfieran en el calendario previsto de las obras.
La participación ciudadana
Desde el otoño del 2020 hasta noviembre del 2021, el Ayuntamiento hizo varias sesiones informativas y de participación para dar a conocer el proyecto de los Nuevos Ejes Verdes. La finalidad de este proceso era que el proyecto fuese diseñado conjuntamente con la ciudadanía y los agentes y partes interesadas. En total, se organizaron una treintena de actividades, en las que participaron cerca de unas 1.500 personas y casi un centenar de personas técnicas y políticas del consistorio.
Según la encuesta de valoración efectuada por el Ayuntamiento, la parte peor valorada por las personas encuestadas ha sido la relacionada con las demandas de la ciudadanía y su bajo impacto en las decisiones finales que ha adoptado el Ayuntamiento.
Es necesario recordar que someter una cuestión a consulta ciudadana no significa que el Gobierno municipal tenga que asumir necesariamente los resultados del proceso participativo, según la normativa vigente. Sin embargo, la Sindicatura considera que, cuando la administración municipal impulsa procesos de diálogo con la ciudadanía, es porque tiene la voluntad de tener en consideración sus aportaciones.
Atendiendo la importante transformación urbanística y de movilidad que supondrán los Nuevos Ejes Verdes en toda la ciudad, y con el objetivo de conseguir el máximo consenso posible, se deberían haber previsto acciones de participación ciudadana más efectivas para que toda la ciudadanía hubiera tenido conocimiento de la existencia de los proyectos y hubiese podido plantear sus preocupaciones y dudas.
El derecho a un urbanismo armonioso y saludable
La Sindicatura de Greuges de Barcelona es consciente de los retos que tiene la ciudad para reducir el impacto ambiental negativo, promover la creación de espacios verdes, y disponer de calles amables e inclusivas en las que se priorice la salud y el bienestar de la ciudadanía. Por este motivo, considera indispensable la defensa del derecho a un urbanismo armonioso y sostenible, y a la protección del medio ambiente.
Sin embargo, la promoción de estos derechos debe ser compatible con el derecho a la eficacia de los servicios públicos, la transparencia y el derecho a la información. Estos también están reconocidos en la normativa vigente y corresponde a la Administración municipal garantizarlos.
