La Sindicatura de Greuges de Barcelona detectó posibles irregularidades en varios acuerdos analizados, motivo por el que actuó de oficio. Ante la no respuesta municipal, trasladó el expediente a la Bústia Ètica i de Bon Govern.
La defensoría estará atenta a las actuaciones del Ayuntamiento en este asunto y llevará a cabo el seguimiento correspondiente, teniendo en cuenta la grave afectación al interés general.
Después de una queja ciudadana y una actuación de oficio de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Bústia Ètica i de Bon Govern ha resuelto que el acuerdo de marzo del 2000 entre el Ayuntamiento y un club deportivo es nulo de pleno derecho (y por tanto, también lo son el resto de acuerdos posteriores vinculados a este), puesto que no ha seguido el procedimiento jurídico establecido para aprobarlo y está firmado por un órgano manifiestamente incompetente.
Los hechos inician en junio de 1999, cuando un club deportivo de Sant Andreu propuso ceder gratuitamente al Ayuntamiento unos terrenos de interior de isla no urbanizables donde no podía ejercer su práctica deportiva. A cambio, el Ayuntamiento cedía gratuitamente el uso de unos patios escolares y condonaba el IBI que el club tenía pendiente de pago.
Esta propuesta se aceptó y finalizó en un Decreto de Alcaldía de septiembre del año 1999. Antes de inscribir esta cesión gratuita en el registro, en marzo del 2000 se firmó otro acuerdo entre el regidor de distrito y el club deportivo en el cual se comprometía que este club tendría la gestión de un futuro polideportivo municipal del barrio, introduciendo condiciones “ex novo” y sin causa en la cesión gratuita de los terrenos.
Estos acuerdos se han ratificado en varias ocasiones a lo largo de dos décadas, hasta que el Ayuntamiento inició las obras del Polideportivo municipal del Camp del Ferro, momento en el cual (2017) el club deportivo reclamó el cumplimiento del acuerdo que comprometía la gestión de este equipamiento deportivo. Ante la imposibilidad legal de cumplir con aquel acuerdo, el Ayuntamiento encargó un informe externo para ver de qué manera se podía indemnizar al club deportivo.
El informe detalla que el uso que el club deportivo había hecho de las pistas escolares cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento durante 20 años estaba valorado en 1.241.000 €. A pesar de esto, en mayo de 2019 el Ayuntamiento acordó indemnizarlo, además, con el valor del terreno cedido gratuitamente, que era de 798.000 euros el año en curso, continuar con el uso gratuito de las pistas, y asignarle el uso preferente del Camp del Ferro.
Basándose en la nulidad de pleno derecho del acuerdo de marzo del año 2000 y los sucesivos, la Bústia Ètica i de Bon Govern ha trasladado varias recomendaciones no vinculantes al Ayuntamiento de Barcelona: restaurar la legalidad infringida relacionadas con las causas de nulidad de pleno derecho detectadas, pedir al club el retorno del dinero cobrado indebidamente y retirar el resto de acuerdos firmados entre el Ayuntamiento y el club deportivo.
“Trasladamos este asunto a la Bústia Ètica i de Bon Govern después de captar una desproporción en la compensación global al club deportivo y la no respuesta municipal cuando intervinimos de oficio. Compartimos plenamente el posicionamiento llevado a cabo por la Bústia Ètica i de Bon Govern, puesto que también llegamos a las mismas conclusiones en nuestras investigaciones”, ha manifestado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.
Por este motivo, la Sindicatura de Greuges de Barcelona estará atenta a la actuación del Ayuntamiento de Barcelona en este asunto y llevará a cabo el seguimiento correspondiente, teniendo en cuenta la grave afectación al interés general.
La queja ciudadana y la intervención de la Sindicatura
En 2020 una ciudadana, en representación de un club deportivo del Distrito de Sant Andreu, presentó una queja en la Sindicatura de Greuges de Barcelona porque consideraba que sufría un agravio por el trato favorable que el Ayuntamiento estaba dando a otro club del distrito, en perjuicio del resto de clubes.
Concretamente, denunciaba que, desde hacía dos décadas, este club recibía cesiones gratuitas de espacios municipales para la práctica del deporte (mientras su club pagaba la tasa correspondiente), y disfrutaba de un uso preferente del Polideportivo municipal Camp del Ferro desde su puesta en marcha, en 2020.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona estudió el contenido de la queja y detectó posibles irregularidades administrativas en los diversos acuerdos analizados, motivo por el cual actuó de oficio y pidió un informe a Servicios Jurídicos. Ante la no respuesta municipal, la Sindicatura trasladó este tema a la Bústia Ètica i de Bon Govern. Dos años después, este órgano ha concluido que el acuerdo de marzo de 2000 es nulo de pleno derecho y, por lo tanto, también lo son el resto de acuerdos adoptados a consecuencia de este.
