Sería necesario que la ciudad se dotara de una estrategia que permita orientar la política municipal en materia de asentamientos hacia un objetivo común, de los diferentes servicios municipales. Ésta es una de las principales conclusiones de la resolución de la Sindicatura de Agravios de Barcelona a raíz de
la queja de una ciudadana en representación de 22 familias que vivían en solares y naves en desuso, así como de representantes de Amigos del Movimiento Cuarto Mundo.
Ante el riesgo de vulneración de los derechos de las personas que viven en espacios ocupados declarados como infraviviendas, cobra especial importancia actuar para asegurar unas condiciones de vida adecuadas y el respeto a sus derechos.
El desahucio de asentamientos: punto de conflicto
La queja presentada ante la Sindicatura expresaba una contradicción entre la razón que movía al Ayuntamiento de Barcelona a ordenar desalojar los asentamientos y condiciones posteriores de las familias.
El desahucio de estos espacios se hace porque no son seguros, pero la falta de alternativa residencial y los desalojos frecuentes hace que el problema persista o se agrave.
Los distritos donde se ubican los espacios de los asentamientos inician el procedimiento administrativo para la declaración de infravivienda después de constatar que el espacio no reúne las condiciones de habitabilidad. Este procedimiento se inicia a raíz de informes de los servicios de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, donde se hace constar que no se reúnen condiciones básicas de seguridad en caso de incendio, ni condiciones de seguridad estructural, de accesibilidad o de salubridad. En base a estas circunstancias, se decide que es necesario desalojar.
Pero a pesar de la participación de los servicios sociales en el proceso,
la falta de recursos de alojamiento adecuados para las familias desahuciadas hace que éstas puedan quedar en una situación especialmente vulnerable.
La vivienda como puerta de entrada a otros derechos
El
derecho a la vivienda es central en nuestra sociedad, ya que afecta al acceso a otros derechos como el derecho a la educación, o la salud. Por esta razón, es de vital importancia facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía, y sobre todo a aquellas personas más vulnerabilizadas.
La Sindicatura considera que, especialmente en lo que respecta a las familias que dispongan de un plan de intervención con los servicios sociales municipales, debe valorarse la posibilidad de derivarlas a un piso de inclusión con el fin de trabajar con más garantías por su inserción social.
Este recurso puede dar una respuesta más integral al problema que viven las personas que habitan en asentamientos. Tal y como hemos indicado anteriormente, más allá de la necesidad de ver garantizado su derecho a la vivienda,
hay que trabajar en su inclusión socioeducativa y laboral para conseguir erradicar las causas que pueden abocar a determinados colectivos a vivir en asentamientos.
La colaboración con el tercer sector
Un aspecto detectado en el estudio de la queja, y corroborado en las visitas y contactos mantenidos en asentamientos de la ciudad, es la actuación de los servicios sociales en los mismos grupos de población en los que también intervienen algunas entidades sociales. A pesar de que los equipos pueden conocerse, a menudo las acciones de unos y otros no están suficientemente coordinadas o no se comparten informaciones básicas que pueden ser fundamentales en momentos clave, como los de los desalojos.
Este hecho contribuye a un cierto desconcierto por parte de las familias, que no tienen claro a quién y cuándo deben dirigirse para determinadas cuestiones y en quién hay que confiar.
El hecho de que haya una entidad trabajando en estos territorios, con una trayectoria histórica probada, es un valor que debería aportar riqueza en la intervención social y en el bienestar de las familias. Por este motivo,
esta Sindicatura considera necesario que el diálogo entre el IMSS y las entidades sociales sea fluido y transparente para que puedan trabajar juntos, de forma coordinada y sumando esfuerzos.
Una mirada metropolitana
Más allá del reto que se plantea en el ámbito de la ciudad de Barcelona por la situación de las personas en asentamientos, por la Sindicatura de Greuges de Barcelona este problema tiene una dimensión superior a la municipal.
Desgraciadamente observamos una
falta de coordinaciones políticas de alcance metropolitano, así como la existencia de determinadas políticas expulsivas en algunos municipios. Lo que comporta un efecto que concentra en la ciudad de Barcelona buena parte de esta población excluida.
Ante esto, el Ayuntamiento de Barcelona ha incrementado de manera continua los recursos municipales que atienden a esta realidad. Pero es necesario tener presente que
este problema desborda la capacidad de actuación del Ayuntamiento de Barcelona y requiere un compromiso metropolitano.
En consecuencia, esta Sindicatura pide al consistorio que inste al resto de administraciones públicas competentes a que asuman sus responsabilidades y busquen, de forma colaborativa, la forma de garantizar los derechos de todas las personas que se ven abocadas a vivir en asentamientos.
