Desde la defensoría de la ciudad se insta al Distrito de Ciutat Vella a comprobar si las 388 licencias de Viviendas de Uso Turístico (HUT) otorgadas de forma fraudulenta entre 2005 y 2007 son nulas de pleno derecho. También se plantean soluciones complementarias para asegurar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.
En 2005 la proliferación de este tipo de viviendas y las quejas vecinales llevaron al consistorio a aprobar un Plan Especial para prohibir que se abriera ninguno más en este distrito. Ahora bien, el plan sí permitía que siguieran haciendo un uso turístico si ya habían estado desarrollando esta actividad anteriormente, tan sólo tramitando una licencia municipal urbanística de cambio de uso. El consistorio recibió entonces 675 solicitudes, y se elaboró y aplicó un protocolo para agilizar y simplificar su tramitación. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2020 acreditó que 388 licencias se concedieron de forma ilegal, en algunos casos incluso falseando documentos que se requerían, como cédulas de habitabilidad.
A pesar de las medidas específicas del consistorio, como el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos de Uso Turístico (PEUAT), aprobado en enero de 2022, la realidad es que el número de licencias para realizar cambios de uso en pisos residenciales ha aumentado. No ha sido hasta junio de 2024 que el Ayuntamiento anunció el fin de las viviendas de uso turístico en 2028, y que no creará ninguna más, en aplicación de un decreto ley autonómico. La medida afectará a las 10.000 viviendas de uso turístico que existen actualmente en la ciudad, que volverán al mercado de alquiler o de compra en Barcelona.
Desde la Sindicatura de Greuges se considera, sin embargo, que se requieren medidas complementarias para hacer efectivo este anuncio y favorecer, de forma urgente y definitiva, el derecho a la vivienda de todos.
Impedir la transmisibilidad de las licencias
Una medida es que no se permita el traspaso de las licencias de las viviendas de uso turístico entre particulares en ningún caso. Medio año después de la aprobación del plan especial, en el que se establecía que las licencias no eran transmisibles, el Ayuntamiento hizo una interpretación que restringía esta limitación sólo a las nuevas licencias que se solicitaran.
El Ayuntamiento alega que dejar sin efecto esta interpretación generaría peticiones de responsabilidad patrimonial de la ciudadanía afectada. Pero desde esta Sindicatura consideramos que la no transmisibilidad de todas las licencias (las anteriores al PEUAT y las nuevas) se ajusta mejor a la finalidad de proteger el derecho a la vivienda y no supone ninguna contradicción normativa.
Revocación per incumplimientos reiterados y problemas de convivencia
Una segunda recomendación es revocar todas las licencias de alojamientos que presenten reiterados incumplimientos. En este caso habría que tramitar procedimientos sancionadores que, una vez sean firmes por las infracciones detectadas, harán posible su revocación.
El consistorio, que sólo actúa en caso de denuncias o por alguna campaña específica, asegura que no dispone de suficientes recursos para verificar las licencias, ya que actualmente son más de 10.000 pisos legalizados. Desde esta institución consideramos que, en virtud de los compromisos políticos manifestados públicamente, se deberían priorizar las revisiones de estas licencias.
También es necesario recordar que a menudo estos alojamientos generan problemas de convivencia e incivismo. La queja que ha generado la actuación del Síndic ha sido justamente por el caso de una finca de uso turístico en la que, durante la pandemia de la Covid-19 y las restricciones que se aplicaron, se estuvo alquilando para fiestas y celebraciones. El Ayuntamiento dispone de un formulario para quejas vinculadas con viviendas de uso turístico sin licencia, o para notificar ruidos o disturbios.
Es por ello que desde esta institución continuaremos insistiendo en la necesidad de preservar las viviendas de Barcelona para su uso habitual y permanente, ya que es primordial garantizar un turismo sostenible y equilibrado en la ciudad. Más allá de la revisión de los 388 expedientes citados, recordamos a Alcaldía el deber de cumplir con los compromisos anunciados en cuanto a la preservación del uso residencial de las viviendas, por lo que deben implementarse todas las medidas necesarias para llevar a cabo una actuación firme y decidida en este asunto.
