Esta resolución tiene su origen en una de las sesiones que la Sindicatura lleva a cabo en el territorio, con el objetivo de facilitar que los ciudadanos y las ciudadanas que tienen problemas de movilidad puedan realizar de manera cómoda y sencilla sus reclamaciones.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda al “Institut de Serveis Socials” (IMSS) y al “Institut Barcelona Esports” (IBE) que trabajen conjuntamente para valorar la posibilidad que el IBE pueda disponer de diferentes tarificaciones para personas con algún tipo de discapacidad y limitaciones económicas. El IBE tendría que poder aplicar directamente estas tarifas y de este modo se evitaría que las personas que puedan acreditar esta circunstancia tengan que pasar por el trámite de los servicios sociales.
Que ha pasado?
La reclamación la llevó a cabo un vecino de la ciudad, de 61 años de edad y con un 78% de discapacidad reconocida. Desde hace 28 años asiste al gimnasio con la ayuda que le brinda el Centre de Serveis Socials (CSS) de su barrio, puesto que su pensión no contributiva no le permite de asistir con el pago de la cuota entera. La asistencia al gimnasio forma parte de su terapia médica contra el dolor y para favorecer la movilidad.
Cuando acabo la vigencia de la ayuda, pidió cita para el 19 de septiembre, a la cual no pudo asistir por problemas médicos. A partir de aquí se suceden una serie de llamadas y rellamadas por parte del demandante y del CSS, y un retraso en la cita hasta el 14 de noviembre.
La imposibilidad de asistir al gimnasio por parte del demandante durante todo el mes de octubre y parte del mes de noviembre provoca que su salud se resienta de manera considerable. Considera, en este sentido, que habría de haber algún mecanismo porque las personas como él, con problemas graves de salud y de movilidad que no evolucionarán hacia una mejora evidente, puedan renovar de manera automática las ayudas para ir a un centro deportivo.
El derecho al deporte
Queda claro que la práctica deportiva es un derecho necesario que, como todos los otros, tiene que estar garantizado, y que el Ayuntamiento tiene como compromiso la práctica del deporte por parte de la ciudadanía. A pesar de todo, resulta paradigmático que, dadas las circunstancias del promotor de la queja (un hombre de más de 60%, con un alto grado de discapacidad, unos ingresos exiguos provenientes de una pensión no contributiva y unas necesidades específicas de actividad física por prescripción médica), este tipo de renovación de ayudas se tenga que hacer de manera periódica, y tenga que pasar por la tramitación en el ámbito de los servicios sociales.
La posición de la Sindicatura
La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que este ciudadano puede acreditar su grado de discapacidad, así como sus ingresos, y que el IBE tendría que poder disponer de diferentes tarifas para personas con discapacidad y limitaciones económicas, de aplicación directa y sin necesidad de intervención de los servicios sociales. Esto ayudaría a descongestionar los trámites de los servicios sociales en los casos como el que nos ocupa, en que el demandante ya tiene reconocidas una serie de condicionantes de movilidad y económicas. Es por eso que la Sindicatura defiende que la IMSS y el IBE trabajen conjuntamente para ser más eficientes en este tipo de casos.
