Ésta es la principal conclusión de una de las últimas resoluciones de la Sindicatura ante la queja de un ciudadano con discapacidad que estuvo semanas sin recibir esta asistencia por una falta de control. Una situación que repercute en la autonomía personal y en la calidad de vida de una persona que, como beneficiaria del SAD, está bastante condicionada.
Un ciudadano desatendido
El caso concreto denunciado ante la Sindicatura es el de un hombre con discapacidad reconocida del 70% y movilidad reducida que estuvo semanas sin recibir el servicio de asistencia domiciliaria del que era beneficiario desde hacía años, con incidencias a lo largo del tiempo.
Ante una falta de entendimiento y confianza en la trabajadora familiar que tenía asignada, llamó a la empresa prestadora del servicio para pedir un cambio de profesional y ésta dejó de asistir al domicilio. Entre silencios y una falta de control suficiente, su queja quedó desatendida y nadie se percató de que la trabajadora familiar no cubría el servicio hasta que pasó más de un mes.
Por último, le pidieron disculpas, ofreciendo recuperar las horas no prestadas, se reanudó el servicio y se le abrió un proceso de análisis y posible sanción a la trabajadora, ya que el servicio seguía asignado a ella a pesar de la queja del usuario.
La responsabilidad pública del servicio
Los hechos probados demuestran la existencia de fallos importantes en el control del servicio y su coordinación. Problemas atribuibles a la empresa prestadora del servicio en primera instancia, pero también al IMSS, como responsable último de la prestación del SAD, que debe garantizar la prestación del servicio de atención domiciliaria y su calidad.
Ante esta situación, la Sindicatura de Greuges advierte al IMSS de su responsabilidad pública para garantizar un servicio de atención de calidad siempre que sea necesario.