El 8 de febrero, de 9.30 a 17 h en el barrio de Horta, ha tenido lugar la primera de las cuatro acciones conjuntas del año 2023.
El miércoles 8 de febrero, de 9.30 a 17 h, la Sindicatura de Greuges de Barcelona y la Síndica de Greuges de Catalunya han estado en la Biblioteca Horta-Can Mariner para atender las quejas y las demandas de la ciudadanía.
Las sindicaturas han escuchado las demandas de los vecinos y vecinas sobre actuaciones de la administración pública. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha centrado sus intervenciones en las quejas con origen en la administración municipal, y la Síndica de Greuges de Catalunya, en las quejas que hacen referencia a servicios vinculados a la Generalitat y a empresas que prestan servicios de interés general (luz, agua, gas, etc.).
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha atendido quejas de los vecinos y vecinas, relacionadas con la superilla de Horta, contaminación acústica, derecho al descanso y uso del espacio público.
Esta ha sido la primera acción de atención presencial de las dos defensorías, que desde el año 2022 colaboran más estrechamente en la garantía de los derechos humanos de proximidad de la ciudadanía barcelonesa. Durante el año 2023 se organizarán un total de cuatro iniciativas de atención al vecindario de Barcelona:
Febrero
Horta
Mayo
Sagrada Família
Octubre
Sant Martí
Diciembre
Sants
Año 2022: primera resolución conjunta Barcelona-Catalunya
La ubicación de este equipamiento junto a un centro escolar suscitó la preocupación del vecindario, la AFA y la dirección de la escuela. En el marco del programa La Sindicatura, a pie de calle, la defensoría barcelonesa visitó la zona y estableció contactos con todos los actores implicados, con los cuales trabajó durante meses.
Esta intervención contribuyó a facilitar el diálogo entre ellos y el Ayuntamiento, y dio paso al primer pronunciamiento conjunto entre las sindicaturas de Barcelona y de Catalunya, que tramitaron las quejas que recibieron de manera conjunta, con la voluntad de optimizar los recursos públicos.
Estudio sobre la atención a las familias de las personas presas
El año 2023 la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Síndica de Greuges de Catalunya, y las defensorías locales del territorio catalán presentarán un informe monográfico conjunto, en el que analizan la atención que se ofrece a las familias de las personas pesas en centros penitenciarios. Próximamente, informaremos de la fecha de presentación de este estudio.
La Sindicatura, muy presente en el territorio
La Sindicatura de Greuges de Barcelona no es una ubicación estática, sino que está presente en el territorio. Es una institución en movimiento que, de manera periódica, se traslada a un equipamiento de proximidad con el objetivo de recoger las quejas de la ciudadanía, sin necesidad de que esta se desplace a nuestra sede.
El Distrito informa que la solicitud de la licencia de obras mayores se presentó el 14 de diciembre del 2020.
El 7 de julio de 2021 el interesado recibe la advertencia de desistimiento.
El 9 de julio de 2021 pide ampliación de plazos para poder completar la documentación requerida.
El 8 de octubre del 2021 aportó el proyecto refundido completo.
A raíz de las deficiencias informadas y las enmiendas aportadas, hay nuevas actuaciones (fachada posterior) que requieren Informe complementario de Patrimonio. En fecha 9 de marzo de 2022 finaliza la revisión documental y técnica, pero falta el informe de Patrimonio.
Las consideraciones de la Sindicatura
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha concluido que la actuación del servicio municipal ha sido insuficiente e ineficaz, puesto que no se han cumplido los plazos establecidos en la tramitación del expediente objeto de la queja.
La primera fecha a tener en cuenta es el 7 de julio de 2021, momento en el que el interesado recibe la advertencia de desistimiento. En esta fecha, el Ayuntamiento ya se encontraba fuera del plazo de diez días que concede el artículo 19 de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención municipal (ORPIMO) para enmendar o completar la documentación preceptiva.
La persona promotora de la queja pidió una ampliación de plazo y presentó la documentación requerida el 8 de octubre de 2021. No es hasta el 9 de marzo de 2022 que finaliza la revisión documental y técnica del Ayuntamiento. Además, todavía está pendiente el informe de Patrimonio.
Al cumplimiento de la obligación de solicitar licencia previa, se corresponde la obligación municipal de dar resolución exprés a esta petición en los plazos que fija la normativa aplicable. El artículo 26.1 del ORPIMO establece que el plazo para resolver este tipo de licencias es de dos meses. En los procedimientos que requieran informes preceptivos de otros servicios, este plazo es de tres meses.
De cronología de los hechos, se constata que desde la solicitud de licencia el 14 de diciembre de 2020 hasta la fecha en la cual se recibió la información municipal han pasado dieciocho meses y, en esta fecha, todavía no se había resuelto el expediente. Por lo tanto, se ha superado con creces el plazo de resolución.
Hay que tener en cuenta que cuando la Administración incumple los plazos de resolución, su actuación incide en las expectativas de la ciudadanía, de forma que no solo se produce una paralización de la ejecución de las obras solicitadas, sino que puede repercutir en sus intereses económicos y los del equipo profesional técnico que la representa.
Problemas con la cita previa y falta de información municipal
La persona promotora de la queja también mostró su disconformidad con la gestión de las citas previas atendidas telefónicamente.
El Distrito ha informado que el mes de julio de 2021 se concertaron dos citas previas para ser atendidas telefónicamente. Las dos se resolvieron por teléfono. Posteriormente, la persona promotora de la queja pidió dos citas previas más. El técnico municipal intentó contactar telefónicamente con el interesado los días 23 de diciembre de 2021 y 13 de enero de 2022, pero no lo consiguió. Después de estas, la persona solicitante de la licencia de obras pidió tres citas previas más, pero no obtuvo respuesta.
No es hasta el 10 de febrero de 2022, después de la intervención de la Sindicatura de Greuges, que se llama al interesado para informarlo de la situación del expediente y resolver las dudas existentes. El Departamento de Licencias informa que es consciente del retraso en la tramitación del expediente. Por este motivo, se compromete a tomar medidas urgentes para resolver el expediente con urgencia.
La Sindicatura ya ha manifestado muchas veces que conoce el número elevado de expedientes gestionados y de las cargas de trabajo de determinados servicios, como es el caso de las licencias e inspección de los distritos. La falta de medios de los servicios técnicos municipales dificulta el cumplimiento estricto de los plazos.
La defensoría cree que puede resultar comprensible que, excepcionalmente, se produzca una dilación motivada por la acumulación de expedientes o por la dificultad técnica para valorar la cuestión planteada. Pero la buena disposición de la ciudadanía para comprender estas razones solo es posible si se la informa debidamente.
Esta manera de actuar llevaría a una mejor comprensión del funcionamiento de la Administración y a hacerla más próxima a la ciudadanía, con independencia de cuál sea el sentido final de la decisión adoptada.
En otras ocasiones, el Ayuntamiento de Barcelona ha informado a la Sindicatura que la cita previa tiene la finalidad de evitar esperas y mejorar la calidad de la atención, situación que se aviene con el principio de servicio efectivo a la ciudadanía, establecido en el artículo 3.1.a de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público. Sin embargo, el hecho de que se deba reiterar una petición de cita previa hasta en tres ocasiones porque no se ha recibido respuesta, no se corresponde con unos estándares admisibles en la calidad de la atención.
Después de la Sindicatura itinerante en el barrio de Sarriá el pasado 19 de enero, y antes de la presentación del informe anual en el plenario del 24 de febrero, la Sindicatura de Greuges llevará a cabo cuatro acciones de presencia en los barrios para acercar la institución y su tarea al vecindario de la ciudad.
La Sindicatura, a prop teu, en el Poble-sec
El próximo jueves 26 de enero a las 18 horas, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, y la adjunta a la Sindicatura, Eva G. Chueca, estarán en la Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix para conversar con los vecinos y las vecinas del barrio sobre aquello que les preocupa.
La Sindicatura, a peu de carrer, en el Turó de la Peira y en Can Peguera
Miembros del equipo de la Sindicatura, con David Bondia al frente, se desplazarán el jueves 2 de febrero a los barrios del Turó de la Peira y Can Peguera para conocer, a pie de calle, las problemáticas que sufre el vecindario.
Sindicatura itinerante, con la Síndica de Greuges de Catalunya
Los vínculos entre la Sindicatura de Greuges de Barcelona y la Síndica de Greuges de Catalunya continúan fortaleciéndose. El miércoles 8 de febrero a las 9.30 horas, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, y la síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, estarán en la Biblioteca Horta – Can Mariner para atender las quejas de la ciudadanía de Barcelona.
La Sindicatura, a prop teu
Este conjunto de acciones en el territorio acabará con otra edición de La Sindicatura, a prop teu el viernes 10 de febrero por la tarde. Próximamente, informaremos de la ubicación de esta iniciativa.
La Sindicatura,a pie de calle
La mejor manera de descubrir qué pasa en Barcelona es andando de la mano de las personas que más saben de cada rincón de la ciudad: el vecindario. En este proyecto, el equipo de la Sindicatura dedica todo un día a conocer, a pie de calle, las principales problemáticas y necesidades de cada uno de los 73 barrios de la ciudad.
La Sindicatura,próxima a ti
El diálogo con la ciudadanía hace que las soluciones propuestas sean más efectivas y respondan mejor a las necesidades y experiencias de las personas. Cada mes, el equipo de la Sindicatura conversa con el vecindario de la ciudad sobre aquello que les preocupa.
Sindicatura itinerante
La Sindicatura no es una ubicación estática, sino que está presente en el territorio. Es una institución en movimiento que, de manera periódica, se traslada a un equipamiento de proximidad con el objetivo de recoger las quejas de la ciudadanía, sin necesidad de que se desplace a nuestra sede.
Con el objetivo de conocer su funcionamiento, la Sindicatura de Greuges ha visitado el Centro de Acogida de Animales (CAACB) para conocer de primera mano la organización del servicio y el estado de las instalaciones.
Tuvo lugar el 15 de diciembre de 2022, con la persona responsable del Departamento de Protección de los Animales y la persona coordinadora de la empresa adjudicataria de la licitación para el servicio de adiestramiento de animales y el servicio de paseadores.
El voluntariado, una herramienta fundamental del CAACB
El CAACB es un servicio de la ciudad en el que el voluntariado acontece una estructura de apoyo necesario para el centro. El número de persones voluntarias supera el número de personas trabajadoras asalariadas.
El voluntariado del CAACB es fundamental para prestar el servicio. Por este motivo, la Sindicatura considera que hay que informarle proactivamente de los asuntos que lo afecten, así como recoger sus propuestas de mejora, evaluarlas y dar respuesta.
Las limitaciones de la actual instalación del CAACB
La construcción de la actual instalación es de 1972. Desde entonces, se han hecho varias intervenciones para dignificar las condiciones, pero la limitación de espacio del equipamiento no permite introducir todas las mejoras necesarias.
Solo dispone de un patio de dimensiones reducidas, donde los perros tienen su lugar de recreo fuera de las jaulas. Está destinado a los perros que no pueden salir a pasear con la frecuencia necesaria. A pesar de que la dimensión de las jaulas es bastante adecuada, no es un lugar indicado para permanecer muchas horas o días, puesto que no se puede llevar a cabo la actividad física requerida por los animales. Hay que tener en cuenta que buena parte de los perros acogidos son de talla grande y es imprescindible el ejercicio físico.
En 2022, el Ayuntamiento ha anunciado la construcción de un nuevo CAACB en unos terrenos municipales de 22.000 m² ubicados en Montcada i Reixac. Están previstos espacios interiores donde los perros podrán pasear, situación que implicará permanecer menos tiempos enjaulados y que no tengan que compartir espacios transitados por otras personas, como sucede actualmente. La Sindicatura insiste en la necesidad de agilizar el proceso de construcción, con el objetivo de garantizar el máximo bienestar físico y psicológico de los animales en el menor tiempo posible.
Los paseos de los perros acogidos en el centro
Según se informó durante la visita de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, todos los perros deberían salir una o dos veces al día, con una duración de unos 20-30 minutos por paseo. El resto del día permanecen cerrados en las jaulas.
El CAACB también acoge perros potencialmente peligrosos y perros difíciles de tratar. Estos animales requieren conocimientos específicos para sacarlos de las jaulas y pasearlos. Estas habilidades no se pueden exigir a las personas voluntarias, sino que es necesario personal especializado. Por este motivo, el CAACB ha contratado un servicio especializado formado por un equipo humano de siete personas.
Durante la visita, la Sindicatura observó el cuadro de paseos y comprobó que había animales que llevaban 2-3 días enjaulados. En uno de los documentos que el Ayuntamiento ha enviado a la Sindicatura, el consistorio se ha mostrado conocedor de este hecho.
Atendiendo la incidencia que tiene esta situación en el bienestar físico y psicológico de los animales, la Sindicatura considera insuficiente el número de personas profesionales paseadoras. Esta conclusión se arrecia en el informe de seguimiento del servicio de educadores y paseadores, en el que consta que el personal hizo 81 horas extraordinarias en un mes. En esta línea, el informe también muestra que la media de horas ordinarias supera con creces las exigencias del contrato (69 horas de educación canina y 110 horas de paseo).
Otra consecuencia relevante, y asociada a este hecho, es la dificultad de limpiar las jaulas si los animales no salen, puesto que se lleva a cabo durante el tiempo de paseo.
Por todos estos motivos, la Sindicatura recomienda estudiar la posibilidad de modificar el contrato para la gestión del servicio y ajustarlo a las necesidades reales del servicio.
La información relativa a las eutanasias
El protocolo de atención veterinaria, facilitado por los responsables municipales, establece tres supuestos de eutanasia de animales que coinciden con los previstos en el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de protección de los animales (art. 11.2): supuesto de conductas agresivas, supuesto de estados patológicos que impliquen sufrimiento, y supuesto de enfermedades transmisibles graves.
Con el objetivo de cumplir con lo que prevé la Ley 19/2014 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Sindicatura ha recordado al CAACB que debe tener un registro de todos los animales que se sacrifican. La ciudadanía, y especialmente las personas que prestan algún servicio en el centro, deben tener la posibilidad de acceder a la información.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha analizado dos intervenciones de la Guardia Urbana, después de que dos personas formalizaran quejas en las que mostraban su disconformidad con la actuación de la policía municipal.
Identificación de una joven desaparecida sin ofrecer la protección adecuada
Una madre denunció a los Mossos d’Esquadra la desaparición de su hija de la residencia donde vivía. La chica es mayor de edad y tiene un grado de discapacidad del 79%. Tres días después, la Guardia Urbana la localizó en la plaza de la Virreina y la denunció por consumir alcohol en el espacio público.
La madre detalla a la Sindicatura que los agentes de la policía municipal, cuando la identificaron y denunciaron, no hicieron caso de la alerta de desaparición: no contactaron con ella como tutora de su hija, ni con la residencia, ni con los Mossos d’Esquadra. Según la madre, en aquel momento la joven ya explicó a la Guardia Urbana que se había escapado del centro. Los agentes contradicen este último punto.
Hay que tener en cuenta que las personas con deterioro cognitivo forman parte de los grupos especialmente vulnerables. En el caso objeto de estudio, existe una doble circunstancia importante: se trata de una persona desaparecida, y a la vez afectada por una discapacidad intelectual por la cual se la ha incapacitado judicialmente.
Por estos motivos, la Sindicatura quiere hacer un inciso en los mecanismos de coordinación de los cuerpos policiales. La Instrucción 3/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad desglosa cómo debe ser el protocolo policial ante la desaparición de personas, establece medidas para homogeneizar un procedimiento policial común, e impulsa acciones de cooperación y colaboración entre las diversas policías.
En el contexto de esta coordinación, hay que destacar que la Guardia Urbana de Barcelona tiene acceso al Sistema de Información Policial (SIP). El nivel más básico de esta herramienta ya incluye los datos de personas desaparecidas. Por lo tanto, cuando identificaron la joven por consumo de alcohol en el espacio público, los agentes de la Guardia Urbana deberían haber recibido un aviso de incidencia por la desaparición de esta persona.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que la Guardia Urbana no prestó la protección adecuada a la joven, a pesar de disponer de los mecanismos de alerta para comprobar que se trataba de una persona desaparecida. Su actuación fue únicamente punitiva.
Actuación ajustada a derecho después del ataque de un animal
Otra queja ciudadana recibida en la Sindicatura denunciaba el ataque de un perro a su hija, por el cual requirió atención médica. Una vez en su domicilio, pidieron la presencia de una patrulla para explicar los hechos. La policía certificó el ataque y los daños, pero la persona promotora de la queja lamenta que los agentes se negaron a identificar la persona propietaria del perro agresor, a pesar de que les transmitió que podría recordar la finca donde vive.
En estas situaciones, es esencial identificar la persona propietaria del animal agresor, puesto que se la considera responsable de los hechos. La identificación se acostumbra a llevar a cabo en el momento en el que se produce el ataque, pero en este caso la comprobación de la persona responsable no pudo hacerse en aquel momento.
Cuando una persona sufre el ataque de un animal en el espacio público, es importante contactar inmediatamente con los cuerpos policiales, que deben auxiliar a la víctima, identificar a la persona responsable de los daños y comprobar que actúa conforme a la Ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia y la venta de animales.
Según el relato de los agentes de la Guardia Urbana, la persona interesada requirió su presencia cuando ya estaba en casa y había abandonado el lugar de los hechos. Los agentes manifestaron las dificultades para poder localizar a la persona propietaria del perro, puesto que no disponían de datos domiciliarios y tampoco las podían obtener de la aplicación del censo de los animales. Aun así, los agentes patrullaron por la zona próxima del ataque y del teórico domicilio de la persona, sin conseguir identificarla.
Los agentes centraron su intervención en procurar una atención a la víctima, en cuanto a la asistencia médica y el asesoramiento de las actuaciones a tener en cuenta para llevar a cabo una posible reclamación de responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, han cumplido con los principios de la actuación policial previstos en la Ley 16/1991 de las policías locales.
La Sindicatura entiende la percepción de desatención de la ciudadana, pero considera que la actuación de la Guardia Urbana fue proporcional y ajustada a derecho, puesto que prestó un auxilio adecuado a la víctima.
El Ayuntamiento distingue entre dos modalidades: la enterada y la no enterada.
La enterada es la que se lleva a cabo con vehículos de inferior volumen. Esta tipología acostumbra a realizarla la ciudadanía mediante recursos propios y genera el pago de una tasa: la tasa de ocupación del espacio público. No implica reserva de estacionamiento.
La no enterada es la que requiere los servicios de una empresa, puesto que se utilizan elementos técnicos como grúas elevadoras y pueden afectar el tráfico. Exige el pago de la tasa de ocupación del espacio público, la tasa por tramitación de permiso de ocupación del espacio público, y si fuera el caso, debería abonar la prestación de servicios de la Guardia Urbana (si se tiene que cortar la calle). Incluye reserva de estacionamiento previa señalización.
La información sobre mudanzas a disposición de la ciudadanía
La ciudadana que ha presentado una queja a la Sindicatura llevó a cabo una mudanza enterada, con la expectativa de disponer de una reserva de estacionamiento. Las personas promotoras de las quejas mostraron cómo la información municipal disponible en el momento de la tramitación no aclaraba este aspecto.
Después de analizar el Portal de Trámites municipal, la Sindicatura de Greuges de Barcelona constató que esta herramienta solo detallaba la forma de tramitación, pero no decía nada sobre la manera cómo se tenían que llevar a cabo los trabajos en el espacio público.
En esta línea, uno de los problemas vinculados a los trámites para hacer una mudanza es la insuficiente información en el web municipal. La Sindicatura pone de manifiesto que la ciudadanía acostumbra a hacer las mudanzas enteradas con recursos propios y, por lo tanto, es necesario que disponga de toda la información para ejecutarla en óptimas condiciones.
A raíz de la actuación de la Sindicatura, el Ayuntamiento ha sido consciente de este hecho y, desde octubre de 2022, ha ampliado la información en el Portal de Trámites, que ya aclara la posibilidad de reserva de estacionamiento según modalidad de mudanza, y cómo se debe llevar a cabo.
Derechos generados por la tasa de ocupación del espacio público
Teniendo en cuenta que la autorización de mudanza enterada genera una tasa de ocupación del espacio público, la ciudadanía podría entender que tiene garantizado el uso del espacio público necesario para llevar a cabo la mudanza. Como por ejemplo podrían ser el uso de la acera y un estacionamiento próximo.
Sin embargo, esta tasa no garantiza un estacionamiento próximo, sino que únicamente autoriza a aparcar en las plazas próximas sin abonar el precio, siempre que estén disponibles.
Si se analiza la Ordenanza fiscal general, esta establece que el hecho imponible de las tasas municipales es la utilización privativa del dominio público que beneficie la persona obligada a pagar el tributo.
En el caso de la tasa analizada, la Sindicatura considera que el hecho imponible es la ocupación del espacio público necesario para hacer la mudanza. Consecuentemente, entiende que si no se produce esta ocupación, no nace la obligación tributaria.
La Sindicatura comprende que la ciudadanía tenga la percepción legítima que no ha hecho un uso privativo del espacio público, puesto que llevan a cabo las mudanzas enteradas de manera precaria y sin una zona de estacionamiento que permita ejecutar el trabajo con comodidad.
Comparación del importe de las tasas de mudanzas enteradas y no enteradas
Según la información del Portal de Trámites, el importe de la tasa vinculada a una mudanza no enterada es de 40,79 euros. Además de la reserva de estacionamiento, el pago de esta tasa permite ocupar la acera e, incluso, la calzada. Además de este pago, en las mudanzas no enteradas también se debe abonar la tasa por tramitación de permiso de ocupación del espacio público.
La persona promotora de la queja detalló que ella había pagado 44,70 euros en la tasa vinculada a una mudanza enterada. Hay que recordar que esta tasa no garantiza de manera efectiva el derecho a ocupar el espacio público para estacionar el vehículo.
Finalmente, si solo valoramos el abono de la tasa de permiso de ocupación del espacio público (requisito para las dos tipologías de mudanzas), la Sindicatura concluye que es poco proporcional y coherente que los permisos de una mudanza no enterada tengan un importe más bajo y ofrezcan unos derechos muy superiores sobre el espacio público.
En anteriores ediciones, se han constatado afectaciones a la seguridad vial, a la movilidad en la ciudad, al uso del espacio público, y se han incumplido instrucciones de la Guardia Urbana.
Además, hay que tener en cuenta que las personas organizadoras de esta marcha no han comunicado la concentración a la autoridad competente, la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS). Por lo tanto, si se lleva a cabo, estarían actuando con manifiesto incumplimiento de la normativa de aplicación.
La falta de comunicación de la marcha impide a los responsables municipales organizar los recursos disponibles, y diseñar las medidas a aplicar para minimizar el impacto de la actividad sobre el espacio público y la ciudadanía. La improvisación obliga a utilizar dispositivos de servicios públicos no programados, que pueden afectar la atención de emergencias y las necesidades de la ciudadanía.
Si finalmente tuviera lugar la concentración a pesar de no haberla comunicado a la autoridad competente, será necesario que la Guardia Urbana actúe de manera eficaz, sancionando todas aquellas conductas infractoras que se detecten, y que la DGAS tome las medidas adecuadas ante el incumplimiento de la organización de informar la concentración.
Finalmente, y también en el caso de producirse el evento, la Sindicatura considera necesario que el Ayuntamiento tome mediciones de la contaminación para identificar si se superan los límites legalmente previstos, y pueda sancionar a las personas organizadoras del acontecimiento.
¿En qué consiste esta marcha?
Se trata de una ruta donde participan centenares/miles de personas, vestidas de Papá Noel y en motocicleta, que cruza la ciudad de Barcelona. Este año, el encuentro iniciará en l’Hospitalet de Llobregat y tiene un recorrido previsto por Gran Vía, paseo de Gracia, calle Aragó, paseo de Sant Joan, litoral marítimo, o avenida de Paralel, entre otras.
Esta actividad empezó años atrás. Inicialmente, el consistorio la permitió, pero en 2019 la Guardia Urbana ya emitió un informe desfavorable. El año 2020 no se produjo esta marcha y en 2021 lo hizo sin la preceptiva comunicación.
El informe desfavorable de la Guardia Urbana en 2019 y la explicación de la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica
En el informe de Guardia Urbana de 18 de diciembre de 2019 se detallan los incumplimientos que llevaron a cabo las personas participantes de esta marcha: incumplimientos en materia de seguridad viaria y movilidad; ocupación de la vía pública (carpas y lavabos) sin autorización municipal; servicio de orden insuficiente para garantizar la seguridad de los participantes y del resto de la ciudadanía; mantener el motor encendido en zonas de estacionamiento, e incluso forzarlo generando más contaminación atmosférica y acústica; y paradas de los centenares de motos en determinados lugares cuando se había acordado que la marcha no se detenía en ningún momento.
Para esta edición de 2022, la Guardia Urbana ha trasladado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que hará la correspondiente acta de denuncia por infracción de los deberes de comunicación, así como el resto de infracciones en las que puedan incurrir.
La Sindicatura también ha contactado con la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona. La Concejalía explica que no se ha recibido ninguna petición para esta la actividad y, por lo tanto, no puede resolver sobre este tema.Sin embargo, sí que detalla que el paso de esta gran concentración de motocicletas puede provocar un incremento de más de 3 dB sobre el ruido de fondo, incremento que provoca importantes molestias acústicas, puesto que se trata de un ruido puntual pero de elevado nivel sonoro.
El impacto de la contaminación en Barcelona
El informe añade las siguientes consideraciones en relación con los aspectos de salud pública, de la Agència de Salut Pública de Barcelona.
En la ciudad de Barcelona, la contaminación del aire provoca, anualmente, alrededor de 1.900 muertes, 1.100 casos nuevos de asma infantil y 170 casos nuevos de cáncer de pulmón. En el caso del ruido ambiental del tráfico de la ciudad, se estima que más de 210.000 personas sufren una molestia intensa a causa del ruido y que más de 60.000 personas de Barcelona sufren un trastorno grave del sueño debido al ruido. La exposición continuada al ruido ambiental proveniente del tráfico también es responsable de unos 300 casos nuevos de enfermedad isquémica del corazón cada año y de 30 muertos por esta causa.
En este contexto, una actividad de concentración del tráfico rodado con motocicletas supondrá un exceso en las emisiones de contaminantes atmosféricos y del ruido asociado, e implicará una agravación de la situación de contaminación del aire y acústica de la ciudad, que ya de por sí es complicada.
Necesidad de comunicar la concentración a lea autoridades competentes
Teniendo en cuenta las características de la concentración denominada Papanoelada Motera, la Sindicatura considera que es susceptible de intervención administrativa.
La comunicación del acontecimiento como un acto sujeto al derecho de reunión. En este sentido, el derecho de reunión y manifestación desarrollado en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (LODR), previene que la celebración de reuniones en lugares de tráfico público tendrá que ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por parte de los organizadores o promotoras de aquellas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo (art.8). En fecha de 12 de diciembre, la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS) ha informado a la Sindicatura que no ha recibido ninguna petición para la marcha convocada para domingo.
Afectación en la seguridad vial, el derecho a la movilidad y el derecho al espacio público
Tal como apunta el informe de la Guardia Urbana de diciembre de 2019, en anteriores ediciones de la marcha se impusieron una serie de medidas que los organizadores y los participantes de la actividad no cumplieron.
Estos incumplimientos dificultaron la movilidad y el uso del espacio público por parte del resto de la ciudadanía, afectaron la seguridad vial, y pusieron en riesgo la seguridad de los concentrados y de los peatones. Considerando estos antecedentes, es probable que, en la edición convocada este año, se produzcan los mismos tipos de alteraciones en el tráfico ordinario y en el funcionamiento de la ciudad.
La Sindicatura quiere hacer inciso en el hecho de que el derecho de reunión, a pesar de ser un derecho fundamental, no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, igual que el resto de derechos fundamentales, tiene sus límites. Concretamente, la limitación del derecho de reunión se puede producir cuando este colisiona con otros derechos reconocidos también por el ordenamiento jurídico español.
Afectación sobre el derecho a un medio ambiente adecuado
Cómo indica el informe de la Guardia Urbana, la marcha del año 2019 incrementó los niveles de contaminación atmosférica y acústica habitual de la ciudad, a consecuencia de la concentración de miles de motos.
La Sindicatura no puede anticiparse a saber cuál será el seguimiento de la convocatoria de este año. Aun así, el análisis de los datos facilitados por la Guardia Urbana respecto a ediciones anteriores, pone de manifiesto que el seguimiento de esta marcha es habitualmente masivo, puesto que se sitúa entre los 400 y los 5.000 participantes.
De forma que, con toda probabilidad, se producirá un incremento de la contaminación acústica y atmosférica en la ciudad de Barcelona si se celebra el día previsto la concentración de motos que ha sido convocada.
Consecuentemente, la Sindicatura considera pertinente que el Ayuntamiento adopte medidas cautelares en este asunto e impida la celebración de esta concentración para salvaguardar los diversos derechos afectados.
La defensoría también propone revisar el resto de Acuerdos de Hermanamiento y de los Memorandum of Understanding (MOU) suscritos por el Ayuntamiento, con el propósito de identificar otros casos en los que las ciudades contrapartes no respeten los derechos humanos.
Por estos motivos, la Sindicatura se ha dirigido a la Alcaldía de Barcelona para recomendar que se revoque el acuerdo de amistad y cooperación entre las tres ciudades. Por otro lado, y con el objetivo de saber si otras alianzas de este cariz respetan los derechos humanos, la defensoría también ha recomendado al Ayuntamiento que revise exhaustivamente el resto de los Acuerdos de Hermanamiento y de los Memorandum of Understanding (MOU) suscritos por el ayuntamiento barcelonés.
Cuándo nació este acuerdo y qué implica
La firma del acuerdo de amistad y cooperación entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv se produjo en 1998, en el contexto de los Acuerdos de Paz de Oslo, con el fin de sumar esfuerzos en la consecución de la paz en esta zona del Próximo Oriente. Fue firmado directamente por el alcalde de Barcelona.
En este acuerdo entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv se pactó el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la gestión municipal, el desarrollo de iniciativas culturales, la colaboración social y los proyectos de cooperación para mejorar las condiciones de vida de la población de Gaza.
Las dificultades del proceso de paz en el Próximo Oriente, y concretamente en el conflicto entre Palestina e Israel, han provocado que estas acciones no se hayan podido llevar a cabo. Sin embargo, Barcelona mantiene relaciones con las dos ciudades por separado.
Cuál es la naturaleza jurídica de este acuerdo
Se trata de un acuerdo internacional no normativo que, según la Sindicatura, reviste la forma de convenio interadministrativo de ámbito transnacional fruto de un proyecto de cooperación emprendido de forma mancomunada por una serie de ciudades.
Hay que destacar que de sus cláusulas no se derivan obligaciones o responsabilidades jurídicas ni económicas directas a cumplir por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
¿Se puede revocar este acuerdo?
Fue en los Acuerdos de Oslo de 1998 cuando se produjo el hermanamiento entre Barcelona, Gaza y Tel Aviv. Estos acuerdos pretendían lograr una paz justa, duradera e integral en estos territorios del Próximo Oriente. La incapacidad para poner fin a la ocupación israelí del territorio palestino y conseguir un autogobierno palestino real ha impulsado la violencia, la inestabilidad y las violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
Las circunstancias vigentes han cambiado radicalmente en comparación con las obligaciones asumidas en aquel momento, hecho por el cual la Sindicatura defiende que cualquiera de las partes podría invocar la caducidad del acuerdo.
La Sindicatura cree que se debe buscar el equilibrio entre el principio general de vinculación y la posibilidad excepcional de admitir la reversibilidad de un acuerdo bajo determinadas condiciones, como las que está denunciando esta institución.
El apartheid contra el pueblo palestino
Muchas de las medidas que sufre diariamente el pueblo palestino (en Israel, Cisjordania y Gaza), además de tener consecuencias en la economía, la salud, la educación, la vivienda y el nivel de vida de la sociedad, configuran un crimen: el de apartheid. Este crimen de lesa humanidad se suma a la ocupación y al colonialismo que sufre desde hace décadas la población palestina.
El mantenimiento de vínculos con autoridades municipales o estatales israelíes que legitiman la prolongación de la ocupación y el colonialismo a Palestina comporta una complicidad en la configuración de un crimen de apartheid.
En esta línea, el último informe de Amnistía Internacional sobre el apartheid contra el pueblo palestinorecomienda a los actores no estatales, entre otros: garantizar que los derechos humanos sean el centro de actuación en todos los acuerdos bilaterales y multilaterales con las autoridades israelíes, hecho que incluye ejercer la diligencia debida para asegurarse que no contribuyen a mantener el sistema de apartheid.
Consecuentemente, la Sindicatura cree que los diversos niveles gubernamentales (municipal, autonómico, estatal e internacional) se deben situar claramente contra el apartheid y denunciar la existencia de un sistema que discrimina la población y la separa por etnias, creando personas de primera y segunda categoría.
Posicionamientos municipales y autonómicos
El origen de la actuación de la Sindicatura de Greuges de Barcelona es una queja ciudadana en defensa de un asunto de interés público: garantizar el respeto y la efectividad del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que se apliquen las consecuencias que se deriven en caso de incumplimientos. Asunto de interés público que también ha sido tratado por el Ayuntamiento de Barcelona y por el Parlament de Catalunya.
El Parlament de Catalunya, mediante la resolución 399/XIV de 16 de junio de 2022, reconoció públicamente que el sistema que aplica Israel en los Territorios ocupados es contrario al derecho internacional y que, de acuerdo con el artículo 7.2.h del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se puede considerar un crimen de apartheid.
Consulta la resolución de la Sindicatura de Greuges de Barcelona en castellano y en inglés.
Durante esta semana de cierre de noviembre e inicio de diciembre, la defensoría de la ciudadanía barcelonesa ha llevado a cabo nuevas acciones en diferentes territorios: La Sindicatura, a prop teu en los barrios de montaña (Vallvidrera, Tibidabo y les Planes) y La Sindicatura, a peu de carrer en la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell.
La Sindicatura, a prop teu en los barrios de montaña
El Casal de Barrio de Can Rectoret ha acogido una nueva sesión de La Sindicatura, a prop teu, después de que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ya visitara a peu de carrer las problemáticas de los barrios de montaña el pasado mes de febrero. La Sindicatura, a prop teu es una audiencia del síndico, David Bondia, y la adjunta, Eva Garcia Chueca, en los diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de presentar la institución a la ciudadanía y que esta plantee los reclamos más destacados. El acto fue moderado por la periodista Carme Rocamora.
Algunas de las quejas vecinales han puesto de manifiesto los problemas de planeamiento urbanístico, la pavimentación de las calles o la canalización de las aguas. El vecindario también ha denunciado el procedimiento de limpieza de los bosques y la gestión forestal del Parc de Collserola, ya que ha expuesto su preocupación por posibles incendios futuros.
Finalmente, la ciudadanía ha reivindicado la preservación del patrimonio arquitectónico de la zona, sobre todo el edificio del Sanatorio, y ha insistido en una reclamación histórica de los barrios de montaña: la mejora del transporte público. No comparten la propuesta municipal del bus a demanda, y exponen que el necesario es una mejora de los horarios y de las frecuencias de de los autobuses que ya recorren los barrios de montaña.
La Sindicatura, a peu de carrer a la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell
Durante esta semana también se ha producido una nueva edición de La Sindicatura, a peu de carrer. En este caso, en los barrios de la Marina de Port y la Marina del Prat Vermell. Esta iniciativa consta de una ruta por los diferentes barrios de la ciudad, acompañadas de representantes de los movimientos vecinales, sectoriales, educativos, etc. Posteriormente, la Sindicatura traslada los reclamos recibidos a la Gerencia de Distrito y al ámbito político correspondiente.
La jornada ha empezado con una reunión con La Marina, un proyecto comunitario y de proximidad que va más allá de un medio de comunicación. La Marina cuenta con una tirada de 6.000 ejemplares mensuales y es el periódico gratuito de referencia en la zona. A la vez también tiene la versión digital y una emisora de radio (102.5 FM), en funcionamiento desde el año 1988.
El A peu de carrer ha continuado con una visita a dos zonas del espacio público donde se practica deporte al aire libre: el tenis mesa en la plaza de Sant Cristòfol y el skatepark en la plaza del Moviment Obrer. En la primera de las ubicaciones, han sido unos deportistas jubilados quién han recuperado y mantenido el espacio de tenis mesa durante los últimos meses.
A continuación, el equipo de la Sindicatura se ha desplazado a la Escola Bressol Somriures, gestionada por la cooperativa Suara. Se trata de una guardería situada dentro de Mercabarna y que ofrece servicio a los padres y madres que trabajan allí. Para acabar, se ha visitado el Espai Jove La Báscula, un equipamiento municipal de la Marina que da respuesta a las necesidades e inquietudes de los adolescentes y jóvenes del barrio, y las instalaciones deportivas ubicadas en el mismo complejo.
