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La Sindicatura de Greuges de Barcelona abre una actuación de oficio para conocer las previsiones de mejora de las condiciones actuales del CAP Gòtic

Visita Cap Gotic

Después de llevar a cabo dos visitas en el CAP Gòtic durante el mes de abril de este año, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha abierto una actuación de oficio para pedir información al consistorio sobre la previsión del nuevo emplazamiento y las medidas impulsadas para mejorar la falta de espacio y los problemas recurrentes con las filtraciones de aguas residuales que sufren en la ubicación actual.

La falta de espacio

El equipo directivo del CAP Gòtic ha expuesto a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que el principal problema con el que se encuentran es la falta de espacio para desarrollar su tarea con normalidad, situación que genera afectaciones importantes en la atención a las personas usuarias y en las condiciones de trabajo.

Las problemáticas generadas por la falta de espacio son diversas: dificultades para almacenar todos los elementos de atención médica; espacios previstos para trabajo interno (salas de reuniones o biblioteca) que tienen múltiples funciones; los despachos de trabajo tienen cajas y objetos de almacén; las consultas son compartidas por diferentes profesionales en diferentes franjas horarias o días; los vestuarios tienen unas dimensiones totalmente inadecuadas, y las personas trabajadoras no disponen de taquilla propia.

Despacho del equipo professional

La Sindicatura de Greuges de Barcelona también visitó los módulos habilitados delante del CAP Gòtic, donde se hizo la atención Covid-19 y que ahora se ha recuperado para las diferentes especialidades médicas. En este emplazamiento, las consultas no tienen las medidas ni las condiciones necesarias para hacer una atención médica adecuada.

Por ejemplo, en el caso de atención a urgencias, hace falta que la litera donde el paciente está estirado sea accesible desde derecha e izquierda. Aquí no es posible. Otros déficits son la inexistencia de una superficie sobre la cual puedan preparar los medicamentos o tratamientos a aplicar, o la inadecuada atención que pueden recibir las personas usuarias de sillas de ruedas.

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Consulta médica. La litera no tiene espacio por los dos lados.

El Convenio entre la Generalitat de Cataluña, el Consorcio Sanitario de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona para la mejora de la calidad de la red sanitaria de la ciudad, de 8 de octubre de 2008, aprobó la reserva de espacio para un nuevo CAP en sustitución del actual. Ya han transcurrido catorce años y según las últimas informaciones recibidas, el nuevo emplazamiento estaría previsto en las dependencias municipales de la plaza de Carles Pi i Sunyer en el año 2028.

Las filtraciones de aguas residuales

Desde años atrás, el CAP Gòtic sufre filtraciones de aguas residuales, situación que ha provocado incluso el cierre temporal del centro por no poder llevarse a cabo la actividad con normalidad. El ICS (Institut Català de la Salut) ubica el origen de estas filtraciones en los pisos situados encima del CAP, unas viviendas gestionadas por la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El CAP Gòtic recibe la Medalla de Honor de Barcelona 2021

La Sindicatura de Greuges de Barcelona quiere reconocer la tarea de todas las personas trabajadoras del CAP Gòtic, que llevan a cabo un gran esfuerzo para que todas las problemáticas que sufren en su día a día laboral no lleguen a la ciudadanía.

El CAP Gòtic recibió la Medalla de Honor de Barcelona 2021, una distinción del Ayuntamiento por su implicación en los problemas sanitarios, pero también en el abordaje de problemas sociales, económicos y comunitarios.

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La clasificación de las escuelas según la complejidad del alumnado y la escuela inclusiva en la ciudad

Complexitat escola

Hacia el final del curso escolar 2020-2021, las escuelas vieron cómo se revisaba su tipología de centro según el nivel de complejidad, de acuerdo con los nuevos criterios que el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo (órgano consultor del Departamento de Educación) había publicado el abril del 2021. Los anteriores criterios databan del año 2017.

La aplicación de estos nuevos criterios creó una alarma entre la comunidad educativa de la ciudad, que no había sido informada previamente de que se llevaría a cabo esta revisión y que al final del curso se enteraron que podían verse amenazados parte de los recursos para el curso escolar siguiente.

Por este motivo, las asociaciones de familias de alumnado (AFA) de escuelas de la ciudad se dirigieron a la Sindicatura de Greuges de Barcelona preocupadas por cómo afectaría esto en la atención que recibiría el alumnado si se hacía efectiva esta pérdida de recursos personales y materiales.

Determinar la complejidad de la escuela, junto con otros factores, sirve para asignar recursos personales y programas en las escuelas, con el objetivo de garantizar la atención adecuada del alumnado dentro del sistema inclusivo de las escuelas, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo. La Ley de educación establece la obligación de la administración educativa de aportar recursos adicionales en los centros públicos y concertados en función de las necesidades educativas específicas y la tipología de las familias del alumnado que atiende el centro, y también de las características socioeconómicas de la zona.

El Consorcio de Educación de Barcelona informó a la Sindicatura de Greuges que esta nueva clasificación en ningún caso implicaría un recorte de recursos económicos y humanos para hacer frente a la complejidad de los centros en el curso escolar 2021-2022.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona también recalcó la importancia de transmitir, informar y comunicar adecuadamente todos los cambios que puedan afectar el conjunto de miembros de la comunidad educativa, y también de fomentar la participación de la escuela respecto a cualquier cambio. Las escuelas disponen de espacios formales de participación con la comunidad educativa, como por ejemplo el Consejo Escolar, u otros espacios informales, que se deben utilizar para fomentar la participación activa en los asuntos escolares, garantizada en el artículo 21.8 del Estatuto de Cataluña.

El informe sobre el impacto de la actualización del índice de complejidad que el Consorcio de Educación de Barcelona presentó en el pleno del 26 de octubre de 2021 del Consejo Escolar Municipal de Barcelona (CEMB), evidencia que la medida de actualización ha tenido un impacto notable entre los centros educativos de la ciudad. En el caso de Barcelona, 36 centros mejoran su nivel de complejidad, 178 centros mantienen el mismo nivel que el curso pasado y solo 2 centros empeoran su nivel de complejidad.

Este cambio también es el resultado de las medidas de lucha contra la segregación aplicadas con el Plan de choque para la igualdad de oportunidades puesto en marcha en Barcelona desde el año 2019. Desde la implementación de este plan, se ha mejorado ostensiblemente en cuestiones como la detección de los niños en situación social y económica desfavorecida (que actualmente supone el 12% de la población escolar, cuando en 2007 solo era un 3%); la reserva de plazas para alumnado NESE en todos los centros sostenidos con fondos públicos; la aplicación de medidas de planificación de la oferta, como por ejemplo la reducción de ratios; la transformación de centros, o una gestión de la matrícula viva con criterios de zona.

Pero, como el mismo Consorcio de Educación de Barcelona reconoce, el hecho de equilibrar la matrícula y avanzar hacia centros más heterogéneos y mejorar las proporciones de alumnado vulnerable matriculado entre titularidad privada y pública, no quiere decir que hayan mejorado las condiciones de vida del alumnado de Barcelona, puesto que los datos muestran que ha crecido la pobreza que afecta a niños y jóvenes.

En el mismo pleno de 26 de octubre de 2021 del Consejo Educativo de Barcelona, se aprobó una declaración donde se pide una moratoria de un mínimo de dos años para la decisión de reducir el baremo de complejidad. Si no es posible, se intentará conseguir una garantía de asignación de recursos equivalentes en los centros que han visto reducido su nivel de complejidad, mientras se revisa un modelo de distribución de recursos que garantice que se dispone de datos actualizados de la situación real del alumnado y los centros.

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El empadronamiento, un metaderecho que da acceso a un conjunto de derechos humanos de proximidad

Empadronament

El padrón municipal de habitantes es el registro administrativo en el que constan los vecinos y las vecinas de un municipio. Sus datos constituyen una prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual. En virtud de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, los ayuntamientos son competentes para hacer las tareas de formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal, y deben emprender las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones, de forma que los datos que consten concuerden con la realidad.

La importancia del empadronamiento reside en reflejar la realidad de la población de la ciudad, puesto que este registro constituye una fotografía de la ciudadanía que tiene que ser útil para avanzarse a la planificación de las políticas públicas del municipio. A su vez, la inscripción padronal otorga el estatus de vecindad y se puede calificar de metaderecho, porque es la puerta de acceso al conjunto de derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— como el derecho fundamental al sufragio universal, el derecho a acceder a la sanidad o el derecho a obtener determinados ayudas.

El empadronamiento es especialmente útil y necesario para las personas extranjeras que no tienen regularizada la situación administrativa en el país. Los ayuntamientos disponen de mecanismos que permiten empadronar estas personas, a pesar de que no dispongan de domicilio fijo. El alta padronal, además de permitirles el acceso a los servicios públicos, tendrá una afectación directa en los trámites de extranjería dirigidos a regularizar su situación en el país. En varias ocasiones, la Sindicatura se ha referido a la importancia de que todos los municipios apliquen estas prácticas, puesto que es conocido que muchos ayuntamientos ponen trabas al empadronamiento sin domicilio fijo.

Las quejas sobre empadronamiento que llegan a la Sindicatura de Greuges de Barcelona denuncian los siguientes asuntos: la falta de respuesta y de eficacia en la tramitación del padrón; el empadronamiento de menores de edad por parte de un progenitor sin el consentimiento expreso del otro; la denegación de empadronamiento; las bajas del registro del padrón efectuadas de oficio por el consistorio, o los plazos excesivos utilizados para tramitar empadronamientos sin domicilio fijo.

Tramitación de bajas de oficio del padrón municipal

Esta clase de tramitación ha sido la causa de varias quejas formuladas ante la Sindicatura. En algunos casos, las personas promotoras de la queja alegan ser propietarias de la vivienda en la cual han sido dadas de alta, y asumir los impuestos municipales derivados de la propiedad. Por lo tanto, entienden que esta posición de titularidad les daba derecho a ser empadronadas en su vivienda.

Sin embargo, la acreditación de la propiedad de la vivienda no es suficiente para legitimar la inscripción al padrón, de forma que si se comprueba que la persona no reside en el domicilio declarado, es necesario tramitar de oficio la baja del padrón. El Ayuntamiento tiene potestad para hacer actas de comprobación de la residencia y lo hace a través de inspecciones. Pero esta potestad no incluye la verificación del título jurídico que legitima la ocupación de la vivienda.

En este sentido, se pronuncia la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que la posibilidad que el Ayuntamiento solicite al vecino o vecina el título que legitime la ocupación de la vivienda no atribuye a las administraciones locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídicoprivada. Es decir, tiene como única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino o vecina reside en el domicilio que ha indicado.

Conocedora de la importancia del trámite de baja padronal, la legislación ha establecido varias cautelas para garantizar que el trámite se hace con seguridad. De acuerdo con el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, los ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, las personas que figuren empadronadas incumpliendo los requisitos, una vez comprobada esta circunstancia en el expediente correspondiente en el cual se dará audiencia a la persona interesada.

Pero, a la práctica, surgen dificultades de notificación a la persona interesada, puesto que se acostumbra a utilizar una dirección de notificación en la cual presuntamente no vive. En estos casos, es necesario trasladar el expediente al Consejo de Empadronamiento, un órgano mixto de composición municipal y del Instituto Nacional de Estadística que tendrá que emitir un informe favorable preceptivo respecto de la eliminación del registro padronal.

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El síndic de Barcelona presenta el informe anual 2021 en el pleno del Consejo Municipal

David Bondia, síndic de greuges de Barcelona, ha presentado hoy su primer informe anual ante las 41 regidoras y regidores del pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Durante el año 2021 se han llevado a cabo 3.421 actuaciones. Del total, 2.568 han estado quejas, 808 consultas, 41 actuaciones de oficio y 4 visitas de barrio.

Bondia es el nuevo síndic de greuges de la ciudad desde octubre de 2021. Por este motivo, ha iniciado su discurso con un agradecimiento y un reconocimiento a la tarea llevada a cabo por Maria Assumpció Vilà, la anterior síndica de greuges de Barcelona (2010-2021).

El defensor del pueblo barcelonés ha manifestado que “la ciudadanía debe considerarse afortunada en cuanto al reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas”. Sin embargo, muchas veces estos niveles de garantía se desconocen, situación que lleva a menudo a considerar que la máxima protección de los derechos reside en el ámbito más lejano, “y no ver que es en el más próximo (municipal) donde tenemos que buscar la plena efectividad y el máximo nivel de garantía”. Bondia ha insistido en la necesidad de dar todavía más importancia al principio de subsidiariedad, que presupone que es a la administración más próxima a quien corresponde, en primer lugar, la garantía de derechos. “Y no solo entenderla de forma ejecutiva, sino conseguir una subsidiariedad garantista”.

El síndic de greuges de Barcelona ha entrado a valorar algunas de las problemáticas que han afectado la ciudadanía durante el año 2021: la vivienda; las dificultades de acceso a los servicios sociales; el amianto en las escuelas de nuestra ciudad, o la necesidad de contar con más áreas de juego infantil accesibles e inclusivas. Por otro lado, el defensor también ha hecho un inciso en la reforma del reglamento de la Sindicatura de Greuges de Barcelona para ampliar y concretar las competencias, y también la intención de potenciar la capacidad de incidir y aportar en el diseño de políticas públicas.

Finalmente, Bondia ha transmitido que “la Sindicatura de Barcelona es la Sindicatura del Poble-sec, de les Planes, del Clot, de Ciutat Meridiana, de la Barceloneta, etc. Es decir, somos la Sindicatura de cada uno de los 73 barrios de la ciudad”. Una Sindicatura con experiencia, a pie de calle y comprometida con los derechos humanos de proximidad.

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Los síndics de Barcelona y de Cataluña reclaman compatibilizar la ubicación de un centro de acogida para personas sin hogar y con adicciones con la consolidación del proyecto educativo de una escuela cercana

Entorno escolar

La Sindicatura de Greuges de Barcelona y el Síndic de Greuges de Catalunya han recibido alrededor de unas treinta quejas de familias de una escuela relacionadas con la instalación de un centro de acogida para personas sin hogar con adicciones a poca distancia de la escuela.

En virtud del convenio de colaboración firmado recientemente, ambas instituciones han hecho una actuación coordinada y han emitido una resolución conjunta.

En las quejas recibidas, las familias y el vecindario expresan su preocupación por la afectación que puede tener este nuevo equipamiento en la demanda social de la escuela. Por su parte, la escuela incide en el hecho que los últimos años se ha trabajado mucho para dar un nuevo impulso en el centro educativo y teme que el emplazamiento de este equipamiento pueda incidir en esta trayectoria de trabajo y en las próximas matriculaciones.

En este contexto, las dos instituciones quieren recordar que los centros de acogida para la recuperación de personas sin hogar con adicciones son servicios destinados a la atención socio sanitaria de personas en situación de vulnerabilidad, y a garantizar sus derechos básicos, y que la ubicación de estos centras en zonas urbanas es necesaria para promover la accesibilidad y la normalización de su atención. Con todo, también manifiestan que las administraciones deben analizar qué impacto generan sobre los derechos de terceras personas, a fin de adoptar las medidas compensatorias o preventivas necesarias, y valorar si hay alternativas de ubicación que lo minimicen.

En relación con este asunto, los defensores constatan que la escuela en cuestión es un centro con el 41,3% de alumnado con necesidades educativas específicas, a pesar de que en los últimos años ha tendido a reducir su complejidad. La ubicación del centro de acogida junto a la escuela puede afectar a su imagen si se identifica como un hecho negativo por parte de las familias de la zona. Dicho esto, la experiencia en otra zona de Barcelona ha permitido constatar que no necesariamente la implantación de un centro de este tipo tiene que suponer un impacto negativo sobre la demanda social de una escuela, puesto que, en aquel caso, la escuela más próxima, ubicada justo junto al centro, incrementó el número de solicitudes el año siguiente.

Para estudiar el caso se pidió información al Consorcio de Educación de Barcelona y al Ayuntamiento de Barcelona. De las respuestas recibidas de las administraciones se desprende que el Ayuntamiento ha generado un espacio de trabajo transversal con el conjunto de servicios de territorio: la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Intervención en el Espacio Público y el Consorcio de Educación de Barcelona, para valorar el despliegue del servicio a la zona.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Barcelona también ha elaborado un plan específico para la escuela en relación con la implantación del centro de acogida, que, entre otras actuaciones, prevé un trabajo con el equipo directivo de la escuela. También ha puesto los medios para asegurar la presencia de dos mediadoras en los alrededores de la escuela para atender las inquietudes de las familias en los horarios de entrada y salida escolar, y manifiesta que coordinará los servicios de limpieza, Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra para que la zona próxima al equipamiento sea un entorno seguro.

En vista de todo esto, la Sindicatura de Greuges de Barcelona y el Síndic de Greuges de Catalunya piden que se formalice la elaboración de un plan de acción integral y de coordinación entre los diferentes servicios del territorio, con la participación de las diferentes partes afectadas, especialmente los miembros de la comunidad educativa de la escuela. Uno de los objetivos prioritarios de estas actuaciones debe ser evitar el impacto de la ubicación de este equipamiento en la demanda social del centro.

También piden al conjunto de administraciones implicadas la concreción de las actuaciones previstas para la consolidación del proyecto educativo del centro y para mejorar su demanda social. Para acabar, reclaman a las administraciones que sigan invirtiendo esfuerzos para garantizar el diálogo con la dirección de la escuela y la AFA.

Las dos instituciones se comprometen a analizar el impacto que puede tener la ubicación de este centro de acogida en la escuela a partir del análisis de los datos de solicitudes de preinscripción y de oferta inicial de plazas en el proceso de admisión para el curso 2022/2023 a P3.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona presenta el informe anual de quejas ciudadanas y actuaciones de oficio de 2021

Informe anual 2021

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha elaborado el informe anual del 2021, año en el que ha llevado a cabo 3.421 actuaciones. Del total, 2.568 han estado quejas, 808 consultas, 41 actuaciones de oficio y 4 visitas de barrio. El año 2021 se ha dado la razón a la ciudadanía, totalmente o en parte, en un 62% de los casos.

Según temática, las 2.568 quejas se han clasificado de la siguiente manera: movilidad y transporte público (498); actividades económicas (324); seguridad ciudadana y libertad cívica (235); administración pública (223); servicios sociales (201); medio ambiente (185); hacienda municipal (170); salud (166); vivienda (129); urbanismo (113); educación, cultura, ocio y deporte (91); atención, comunicación y participación (63); trabajo en la administración (59); espacio público (42); ciudadanía y vecindad (42), y accesibilidad (27).

Según el distrito de residencia de la ciudadanía, las 2.568 quejas se clasifican de la siguiente manera. Eixample (332); Sant Martí (238); Sant Andreu (205) y Sants-Montjuic (195) son las zonas de las cuales se han recibido más denuncias. Les siguen Horta-Guinardó (173); Ciutat Vella (144); Gracia (143), y Nou Barris (138). Los distritos de los que se han recibido menos reclamacions son Sarriá-Sant Gervasi (118) y les Corts (76). También se han supervisado 730 reclamaciones de vecinos y vecinas de otras poblaciones que han tenido problemas con el Ayuntamiento de Barcelona, 70 sin identificar el distrito y 6 quejas de personas sin domicilio fijo.

Además de los distritos ya comentados, los principales órganos municipales afectados por las quejas son: la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica (426); el área de Prevención y Seguridad (153); el Instituto Municipal de Hacienda (146), y el Instituto Municipal de Servicios Sociales (102).

Crisis habitacional y Mesa de Emergencia

Durante el primer semestre del año 2021, los servicios de vivienda tuvieron conocimiento de 1.588 desahucios programados. Según informan, el 91% de estos fueron parados a causa de la intervención municipal. Es necesario detallar que esta tarea mediadora llevada a cabo por el SIPHO (Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda y Ocupación), a menudo se trata de una solución temporal y no definitiva. Esta afirmación es corroborada con los datos de nuevas solicitudes en la Mesa de Emergencia Social durante el 2021: 450 nuevos expedientes (prácticamente los mismos que en 2019 y más del doble de 2020). Hay más cifras que constatan el embudo permanente que hay en la Mesa de Emergencia Social: en diciembre de 2021 había 609 unidades familiares que esperaban una vivienda de emergencia.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona destaca que los esfuerzos más grandes para mejorar esta situación los está haciendo el Ayuntamiento, puesto que las viviendas aportadas por la Generalitat han sido muy inferiores a aquello que le correspondería de acuerdo con el 60% de participación en el Consorcio de la Vivienda de Barcelona. Ante esta realidad, y con el objetivo de disminuir la demanda de viviendas de emergencia, son imprescindibles las actuaciones de prevención antes de llegar a procesos de desahucio para evitar la pérdida de la vivienda. La Sindicatura insiste, como ya ha hecho históricamente, en la necesidad de dotar suficientemente el Fondo de Alquiler Social para dar respuesta a la emergencia.

La situación de estas personas “sin hogar” que esperan una vivienda de emergencia (entendido como personas que a pesar de tener un techo, no lo sienten como su hogar: habitaciones, pensiones, etc), es muy precaria. Esta situación se agrava también por la falta de alojamientos alternativos que los Servicios Sociales deberían ofrecer a las familias. Muchas de ellas se mantienen en pensiones con costes mucho más altos que otras alternativas habitacionales, como puede ser disponer de más viviendas de inclusión social o centros de acogida familiar, que esta Sindicatura pide que se incrementen.

Dificultades de acceso a Servicios Sociales

Las dificultades para acceder a la atención social no es un hecho nuevo en los Centros de Servicios Sociales (CSS), donde ya previamente a la pandemia se daban situaciones de espera de varias semanas para conseguir una cita o una atención diligente cuando alguien consideraba que se encontraba en situación de urgencia.

Los nuevos condicionantes para la atención social que han surgido a raíz de la Covid-19, han empeorado todavía más estas situaciones. Concertar entrevistas telefónicas y el hecho que acontezca el único medio con el que cuentan las personas atendidas en los CSS cuando quieren contactar con su persona referente, no constituye un canal ágil y fluido de comunicación entre la ciudadanía y los equipos profesionales.

Los servicios sociales no solo constituyen recursos para garantizar la cobertura de necesidades, sino que fundamentalmente se deberían basar en la escucha, el acompañamiento, y la disponibilidad. Cuando esto no es posible, pierden buena parte de sus posibilidades de acción.

En las quejas trabajadas durante el año 2021 se daban situaciones de personas que solicitaban una cita telefónica y se les respondía que ya se les llamaría, sin que posteriormente recibieran la llamada. Lo mismo podía pasar cuando querían contactar para hacer una consulta concreta y no conseguían establecer contacto. También se exponían dificultades para poder recibir una atención de forma temprana cuando había alguna situación “anómala” en cuanto al empadronamiento, o denunciaban la falta de intimidad en la recepción de algunos CSS.

En cuanto a la falta de intimidad, a pesar de que los espacios de recepción están diseñados según un plan de funcionalidad aprobado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), las adaptaciones por la pandemia han comportado nuevas modificaciones, que han podido alterar las condiciones previas. Por este motivo, es necesario revisar, en las circunstancias actuales, el cumplimiento del derecho a la intimidad en las recepciones de los CSS, y si es necesario, que se introduzcan las mejoras correspondientes.

Finalmente, desde esta Sindicatura se quiere señalar la ardua tarea que diariamente realizan los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales municipales para atender la población, y que este año han sido merecidamente reconocida con la Medalla de Honor de Barcelona.

La Sindicatura impulsa un cambio en las bases del Fondo 0-16 años

A raíz de una queja ciudadana, durante el año 2021 la Sindicatura de Greuges de Barcelona analizó que las personas que percibían la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), no podían optar al Fondo extraordinario de prestaciones económicas de urgencia social a las familias de Barcelona con niños o adolescentes menores de 16 años. Y no podían acceder a pesar de que sus ingresos eran inferiores a los umbrales establecidos para percibir esta ayuda municipal.

Con el objetivo de garantizar el trato igualitario entre todas las personas solicitantes, la Sindicatura se dirigió al Instituto Municipal de Servicios Sociales para que revisara esta circunstancia. En septiembre del mismo año 2021, el IMSS comunicó que aceptaba y aplicaba esta recomendación mediante la modificación de las Bases de la convocatoria eliminando la incompatibilidad de las prestaciones del Fondo 0-16 con la RGC y la IMV, tal como se pedía desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Un área de juego infantil accesible e inclusiva para cada barrio

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha cerrado durante 2021 la actuación de oficio sobre la implementación de elementos accesibles e inclusivos en las áreas de juegos infantiles con dos recomendaciones: por un lado, que tanto la renovación de las áreas como la creación de nuevas zonas de juego infantil cuenten con criterios de accesibilidad e inclusión para cumplir con el objetivo del 100% en 2030; y por el otro, que cada barrio barcelonés disponga, como mínimo, de una de estas áreas para que las familias con niños con diversidad funcional no sean discriminadas.

El propósito del Ayuntamiento de Barcelona, mediante el Plan de Juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030 presentado en 2019, es que el 100% de las áreas de juego nuevas y renovadas sean accesibles y con elementos certificados como inclusivos. Con una visión global de los datos, se puede llegar a la conclusión que, en caso de seguir esta tendencia, será difícil conseguir el objetivo previsto, más todavía cuando se ha comprobado que de todas las nuevas áreas de juego creadas solo una parte se han construido con criterios de accesibilidad e inclusión. Si se acota más el foco, se observa que de las 89 nuevas áreas de juego previstas para el periodo 2015-2019, solo se han creado 73, y de estas solo 26 disponen de juegos accesibles o inclusivos.

La Sindicatura considera que si bien ha habido una mejora en la evolución de la renovación de las áreas de juego existentes, es necesario un esfuerzo para incrementar esta progresión. Si se quiere consolidar una nueva visión del juego en la ciudad y que sea líder en las políticas de accesibilidad e inclusión, se debe perseguir la finalidad que cada barrio cuente, como mínimo, con un área con juegos infantiles accesibles, inclusivos y adaptados para los niños con diversidad funcional.

La problemática del amianto en la ciudad

El amianto es un material que fue muy utilizado en la industria y la construcción por sus propiedades aislantes, de durabilidad, de resistencia, y por su bajo coste. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en 1977, la OMS declaró el amianto como carcinógeno de primer grado, relacionado con enfermedades como varios cánceres de pulmón, laringe, la asbestosis (fibrosis de los pulmones) o el mesotelioma.

Es necesario recordar que el consistorio, en el pleno del 21 de julio de 2017, se comprometió a presentar, antes de finalizar la legislatura 2015-2019, un inventario de todos los equipamientos y edificios públicos municipales con presencia de amianto o fibrocemento, y establecer un calendario y una dotación económica. La última actualización municipal es en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes del 16 de noviembre de 2021, donde se acordó llevar a cabo la retirada de los elementos que puedan contener fibrocemento en toda la ciudad de Barcelona, lo antes posible.

Desde el año 2018, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda al Ayuntamiento una actuación proactiva en la elaboración del censo de edificios con presencia de amianto en la ciudad, con especial incidencia en la necesidad de iniciar el proceso de desamiantado en el menor tiempo posible, así como dar prioridad a las escuelas, hospitales, edificios e instalaciones de concurrencia pública. Dos años después, la Sindicatura volvió a dirigirse a la administración municipal para insistir en la misma recomendación.

En relación con el compromiso municipal de disponer de un censo, también se ha conocido que se ha elaborado un primer censo de cubiertas (no edificios) con el resultado de 240 hectáreas cubiertas susceptibles de tener fibrocemento en la ciudad: un 76% corresponden a privados, y un 24% son de titularidad pública (del cual un 28% es municipal). A pesar de que el Ayuntamiento avanza y trabaja en un tema complejo y dispone de unos primeros datos, no se constata que se haya dado respuesta al compromiso municipal de disponer de un censo de edificios. En consecuencia, no se conoce si se prevé un calendario de actuaciones para el tratamiento de esta problemática.

En el año 2021, además del seguimiento y estudio de otros expedientes sobre esta materia, ha sido significativa la queja presentada el mes de noviembre de 2021 por la AFA de una escuela del entorno de la plaza de las Glories, que se dirigió a la Sindicatura preocupada por el estado de una cubierta de fibrocemento próxima a su escuela, y a otros centros educativos coincidentes en el espacio del interior de la isla. La Sindicatura ha considerado que la actuación del Ayuntamiento, en relación con el fibrocemento detectado en la cubierta objeto de la queja, ha sido insuficiente para garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía y especialmente de las personas (niños, adolescentes y adultos) que hacen vida en su entorno. Ahora bien, más allá del caso concreto y significativo, su estudio ha permitido profundizar en la compleja problemática que presentan los centros escolares: hasta 42 escuelas de la ciudad cuentan con elementos de fibrocemento.

Por este motivo, la Sindicatura abrirá una actuación de oficio para conocer el estado de la problemática y las previsiones de tratamiento y abordaje desde el ámbito municipal. Es necesario actuar de manera definitiva para la retirada de los elementos de fibrocemento de estas cubiertas como medida de prevención de la salud.

Contaminación acústica en la recogida de residuos

Son recurrentes las quejas que llegan a esta institución por las molestias de ruido originada por actividades, comportamientos humanos, maquinarias y vehículos de motor. Uno de los motivos más repetido, y que ha continuado durante el año 2021, es la contaminación acústica derivada de la recogida de residuos en general, y especialmente la de muebles y trastos viejos en horario nocturno.

Desde el año 2017 la Sindicatura de Greuges ha recomendado al consistorio, de acuerdo con la Ley 16/2002 de protección contra la contaminación acústica que fija el horario de funcionamiento de la maquinaria en la vía pública de 8 a 20 horas, estudiar la posibilidad de avanzar el horario o la reducción del tiempo que dura el servicio de recogida, con el objetivo de garantizar el derecho al descanso del vecindario de la ciudad. Sin embargo, y si los efectos en la movilidad de la ciudad fueran perjudiciales, como aseguró el consistorio en las respuestas facilitadas a la Sindicatura, habría que prever la recomendación de aumentar los recursos humanos y técnicos para llevar a cabo el servicio con menos tiempo, de forma que el horario de finalización de la recogida de residuos voluminosos no se excediera en las horas de descanso habitual de la ciudadanía.

Prevención del acoso escolar

Muchas de las situaciones de violencia que se dan en las escuelas y que las familias denuncian a esta Sindicatura van vinculadas a dinámicas grupales discriminatorias que, independientemente de que acaben o no en casos de acoso, evidencian la necesidad de llevar a cabo una tarea más intensiva en la prevención. Para conseguir el objetivo, se ha identificado la importancia del Proyecto de convivencia que obligatoriamente tienen que disponer todas las escuelas, y que debe reflejar las acciones que el centro desarrolla para tratar la convivencia en el aula, en el centro o en el entorno.

Disponer del Proyecto de convivencia en la escuela, y difundirlo, promoverlo y hacerlo accesible a toda la comunidad educativa, es primor dial para hacer efectivo el derecho del alumnado a disfrutar de una convivencia respetuosa y pacífica. Es necesario garantizar el derecho de la infancia a la protección contra toda agresión física emocional o moral, y a llevar a cabo su actividad escolar en condiciones de seguridad y en un ambiente que fomente el respeto y la solidaridad entre los compañeros.

Por otro lado, durante este año también se han conocido varios casos de personas que fueron víctimas de acoso, abusos, vejaciones y vulneraciones de derechos durante 20 años en la escuela pública Barcelona. Esta Sindicatura abrió en diciembre de 2021 una actuación de oficio para conocer qué hechos se produjeron en esta escuela y la actuación de los órganos educativos responsables de proteger y garantizar el buen trato de los niños y jóvenes. Con esta actuación también quiere constatarse el funcionamiento de los protocolos actuales para conseguir unas escuelas libres de violencia; las herramientas de que disponen los niños y los jóvenes en estos casos; las acciones de prevención para proteger las personas menores, y la coordinación entre la comunidad educativa y las autoridades responsables.

Implementación de dispositivos personales de grabación en los uniformes de la Guardia Urbana

A lo largo de los últimos años, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido muchas quejas que cuestionaban actuaciones policiales, así como el trato recibido por parte de los agentes actuantes, que consideraban inadecuado y sin la ejemplaridad a la cual restan obligados los agentes cuando se dirigen a la ciudadanía.

En el tratamiento de este tipo de quejas hay muchas dificultades para conocer cuáles son las circunstancias que rodean los hechos denunciados. La inmediatez de las actuaciones policiales hace difícil aportar pruebas que permitan acreditar los hechos y, ante la falta de elementos probatorios, estas situaciones acostumbran a concluir con el pronunciamiento municipal que no se puede probar el trato denunciado. La Sindicatura ha recordado reiteradamente al consistorio que cuando los agentes actúan como denunciados sobre unos hechos, sus declaraciones tienen el mismo valor que el resto de las partes implicadas, aunque sean agentes de la autoridad, puesto que en estas circunstancias no los asiste la presunción de veracidad.

Por estos motivos, ya anteriormente se había recomendado la necesidad de dotar a los agentes de la Guardia Urbana de cámaras unipersonales en su uniforme, con el objetivo de grabar las actuaciones más controvertidas y que puedan servir de prueba. El año 2021 el Ayuntamiento de Barcelona ha concluido un proceso de contratación de 150 dispositivos personales de grabación (DPG).

La Sindicatura de Greuges hace una valoración positiva de esta medida, pero considera que disponer únicamente de 150 dispositivos puede resultar insuficiente si tenemos en cuenta que la plantilla actual de la Guardia Urbana está formada por más de 3.000 operativos que podrían hacer uso. Por este motivo, esta instancia supervisora entiende que es necesario que se adquieran nuevas partidas de DPG para dimensionar adecuadamente este recurso. También ha trasladado a los responsables municipales la necesidad de hacer una evaluación sobre el resultado de la implementación de los DPG, y comprobar si se aprecia una reducción de la cantidad de quejas y denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas malas praxis policiales.

Dictamen en el nuevo Reglamento de Participación

Durante el año 2021 la Concejalía de Participación Ciudadana trabajó en la elaboración de un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, para el cual se fijó un periodo de aportaciones de la ciudadanía. Desde la Sindicatura, como ya se había hecho con motivo de la aprobación del Reglamento de 2017, se llevaron a cabo una serie de aportaciones, en esta ocasión con formato de Dictamen no vinculante, en el que se exponían las cuestiones que podían mejorar el derecho a la participación ciudadana.

Algunos de los aspectos recogidos por la Sindicatura y trasladados a la Concejalía son los siguientes: poner fin la insuficiencia o falta de información previa al inicio de los procesos participativos, puesto que supone un freno a la promoción de la participación ciudadanía; creación de puntos de apoyo y asistencia a personas que sufren la brecha digital; inclusión de los mecanismos de coordinación entre las comisiones del Reglamento; aplicación de los ejercicios de transparencia y buen gobierno para garantizar el derecho a la información; velar por una perspectiva interseccional que represente la heterogeneidad social real, y por último, que el número de firmas mínimas necesarias para la tramitación de las iniciativas ciudadanas sea automáticamente modificado en el supuesto de que la legislación aplicable establezca una cifra diferente.

Durante el año 2022 la Sindicatura estará atenta a la implementación del Reglamento, especialmente en aquellos aspectos sobre los cuales se pronunció en el Dictamen.

Mejorar la percepción de la fiscalidad tributaria en la ciudadanía

En el año 2021 la ciudad todavía no recuperó la normalidad ni la actividad cotidiana previa a la pandemia. La crisis social y económica derivada de esta situación ha provocado un aumento de la vulnerabilidad de muchos ciudadanos y ciudadanas, que comporta un incremento del número de personas que necesitan el apoyo de la administración para subsistir. En este contexto, el presupuesto municipal para el 2021 incorporó un importante incremento del gasto para hacer frente a la emergencia social, con el fin de impulsar la recuperación social y económica de la ciudad. En este sentido, la protección de los servicios públicos debe ser una prioridad de los objetivos fiscales.

Es una tarea de los poderes públicos crear la conciencia entre los ciudadanos que la obtención de recursos económicos revierte en el bienestar de la ciudadanía. Cuando el ciudadano constata que se puede beneficiar de determinados servicios públicos gracias a la existencia de un sistema fiscal, mejora su aceptación en el pago de impuestos. Acontece fundamental que los ciudadanos perciban el adecuado destino de sus impuestos y una buena gestión de estos. En este sentido, también corresponde a la Administración hacer un esfuerzo en la información y atención a la ciudadanía para mejorar la percepción de eficiencia y eficacia en la gestión tributaria.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona analiza el fenómeno del botellón en la ciudad y traslada diversas recomendaciones al Ayuntamiento

Botellot BCN

Una de las primeras actuaciones del nuevo síndic de greuges de Barcelona desde octubre de 2021, David Bondia, fue el anuncio del estudio de oficio del fenómeno del botellón en la ciudad. El informe resultante de esta investigación analiza la práctica desde una visión transversal e integradora de las diferentes sensibilidades, y finaliza con una serie de propuestas para mejorar las dinámicas que se derivan del uso del espacio público como espacio de ocio nocturno.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona es consciente que las actuaciones no punitivas con los problemas derivados de los botellones están sometidas a una situación contradictoria: cuando hacen prevención, puede parecer que estén potenciando el consumo; cuando regulan o ponen servicios a disposición de los espacios del botellón, puede parecer que lo estén legitimando. La aproximación socioeducativa y de atención a los consumos de riesgo quizás es la vía menos inmediata para resolver el problema, pero es necesario poner el foco de atención urgentemente en las relaciones sociales de riesgo y en el uso abusivo del alcohol y otras drogas, y no en que los adolescentes jóvenes hagan uso de los espacios públicos para divertirse y socializar.

Teniendo en cuenta estas características, la Sindicatura cree que este fenómeno tiene que ser estudiado, analizado y gestionado huyendo de soluciones fáciles y poco efectivas. Por este motivo, se han explorado nuevas miradas para abordar esta práctica social. Todas las propuestas se enmarcan dentro de la perspectiva de reducción de daños, y tienen como propósito garantizar que el derecho al ocio de adolescentes y jóvenes pueda desplegarse en espacios y circunstancias seguras para todo el mundo. Así mismo, están pensadas para ser útiles y factibles de ser incorporadas dentro de los servicios, las políticas y los equipos municipales.

Por otro lado, la Sindicatura también participa activamente en la Mesa Ciudadana por una Noche Cívica y Segura, iniciativa municipal puesta en marcha el mes de noviembre del año 2021. En la primera sesión, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ya manifestó “la necesidad de tratar el botellón sin criminalizar a las personas jóvenes” y reclamó “todavía más presencia de los colectivos jóvenes en la Mesa”. La segunda sesión tendrá lugar mañana jueves 10 de marzo.

El fenómeno social del botellón

Uno de los primeros puntos en el análisis es asumir que el botellón ha acontecido un fenómeno social significativo y estable, que en ningún caso pasa por ser una moda nueva o pasajera. Es necesario entender que esta práctica no desaparecerá, y si lo hiciera, volvería enmascarada con otro nombre, como lo lleva haciendo durante el último cuarto de siglo.

Es necesario, por lo tanto, establecer un marco general y transversal de abordaje del botellón centrado en la reducción de riesgos, y diferenciar claramente entre tipologías de botellón y las diversas actuaciones necesarias. Se debe evitar situar esta práctica como un conflicto entre la gente joven y la gente adulta, y aceptar las similitudes que existen entre las prácticas de ocio nocturno de unas y otras.

Abordar integralmente la problemática

El botellón es una práctica problemática, entre otras, porque no afecta las personas que forman parte, sino a quienes lo sufren. Por esta razón, es importante trabajar de forma continuada con toda la comunidad involucrada, especialmente el colectivo joven, y no actuar bajo la emergencia de un conflicto.

Las campañas de sensibilización cobran una importancia destacada; tanto las dirigidas a la población en general para evitar estigmatizar al colectivo joven, como aquellas destinadas a las personas adolescentes para fomentar un ocio nocturno respetuoso entre sus miembros y con el entorno. Por último, se tendría que ofrecer a los cuerpos policiales formaciones específicas sobre el fenómeno del botellón y las prácticas no formales de ocio juvenil.

Adecuar espacios con seguridad, información y confianza

La Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda estudiar la posibilidad de señalar espacios accesibles en la ciudad donde pueda llevarse a cabo esta práctica nocturna, pero siempre evitando que estos adquieran la forma y el estatus del popularmente conocido como botellódromo.

Los espacios tendrían que contar con todos los servicios necesarios para llevar a cabo prácticas de ocio nocturno bajo los estándares de seguridad, información y confianza: acceso rápido y seguro a servicios sanitarios; puntos de información y asesoramiento como Puntos Lila, Espacios Antirracistas y servicios de información en drogas; habilitar WC públicos; contar con sistemas de recogida de basura; impulsar sistemas de abono o descuentos por el uso del taxi compartido entre las personas jóvenes, y asegurar un acceso fácil al transporte público.

Actuaciones socioeducativas para prevenir conductas de riesgo

El botellón también se caracteriza por constituir a la vez un espacio de oportunidades y un espacio de riesgo. Es el punto de partida fundamental a partir del cual tejer un compromiso colectivo para promover y dar lugar a las relaciones respetuosas, los hábitos saludables y el consumo crítico en la población adolescente y joven. La Sindicatura insiste en la importancia de ofrecer acciones socioeducativas previas (difusión de los efectos del consumo a medio-largo plazo, por ejemplo) e in situ en las mismas ubicaciones donde se llevan a cabo los botellones.

También se deben fomentar programas de ocio alternativo bien diseñados que ayuden a consolidar patrones de diversión menos vinculados con el ocio nocturno tradicional, evitando, siempre que se pueda, las iniciativas excesivamente dirigentes y adultocéntricas.

Hasta ahora, las intervenciones para frenar esta práctica nocturna casi siempre se han llevado a cabo desde un punto de vista de seguridad y policial. Se tienen que poner en marcha actuaciones que puedan trabajar desde el hecho cultural para llevar a cabo una labor mediadora eficaz.

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Baix Guinardó y Raval, los dos últimos barrios que el síndic visita en el marco de ‘A pie de calle’

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Durante el mes de febrero, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, y miembros de su equipo han continuado con el proyecto ‘A pie de calle’, que tiene el objetivo de acercar la Sindicatura a los vecinos y vecinas de los 73 barrios de la ciudad. En este caso, ha sido el turno para el Baix Guinardó y el Raval.

Baix Guinardó

El jueves 17 de febrero la Sindicatura de Greuges de Barcelona desplazó su actividad al barrio del Baix Guinardó, donde empezó la jornada con una reunión con la dirección de la Escola Mas Casanovas. Explican que la escuela participa en el proyecto Magnet, impulsado por la Fundación Jaume Bofill para acompañar a las escuelas en el desarrollo de un proyecto educativo de referencia. Esta tarea, llevada cabo por el actual equipo directivo los últimos años, tiene el propósito de revertir la segregación escolar.

A continuación, el síndic y su equipo se desplazaron a la calle Taxdirt, donde se vieron con representantes de la AFA de la Escola de les Aigües, que considera problemática la pacificación de la misma calle Taxdirt. Manifiestan que «no puede ser una solución definitiva» y que «genera conflictos de seguridad para todo el vecindario, y especialmente para las familias de la escuela».

La mañana finaliza con una visita a la Rebost Baix Guinardó-Can Baró, una red de apoyo ubicada en la Av. Mare de Déu de Montserrat, y que distribuye comida procedente del Banco de Alimentos, de Cáritas y de la Unión Europea, a las personas que lo necesitan.

Por la tarde, la Sindicatura se encontró con la Asociación de Vecinos y Vecinas del Baix Guinardó para visitar dos puntos que consideran claves: el cruce de las calles Cartagena y Mas Casanovas, y el interior de isla del Torrent del Lligalbé. En el primer cruce confluyen diferentes circunstancias que hacen compleja la circulación y producen problemas de seguridad viaria, así como molestias acústicas. En cuanto al Torrent del Lligalbé, hay proyectado un plan urbanístico con una nueva construcción de viviendas que genera molestias entre los tres edificios contiguos, que manifiestan que perderán luz y horizonte visual.

A continuación, el síndic y su equipo se reunieron con la Comisión Escuela digna de la Escola Mas Casanovas, que mostró su preocupación por la ubicación del Centro de Acogida Baix Guinardó, muy próxima al centro escolar. También esperan que los recursos de prevención cuenten con un horario más amplio que el de la misma escuela, puesto que hay otros grupos de niños que hacen uso de las instalaciones del centro fuera del horario meramente académico.

‘A pie de calle’ en el Baix Guinardó finalizó con una visita al Casal de Gent Gran de la calle Marina. Se trata de un equipamiento muy concurrido, en el que cuentan con más de 100 personas voluntarias haciendo tareas de formación, talleres, etc.

El Raval

El 24 de febrero, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, y miembros de su equipo asesor visitaron el barrio del Raval con varias entidades sociales y movimientos vecinales.

El día empezó con un encuentro con Punt de Referencia, la entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el acompañamiento a juventud tutelada y extutelada entre 16 y 23 años en su proceso de emancipación, una vez salen del sistema de protección de menores.

Seguidamente, los representantes de la Sindicatura de Greuges de Barcelona dieron un paseo por el barrio con la Xarxa Veinal del Raval, que trasladó los principales puntos de conflicto del ocio nocturno en el espacio público y las afectaciones en el vecindario, que sufre molestias acústicas y ve como su derecho al descanso no queda garantizado.

‘A pie de calle’ en el Raval continuaba y lo hacía con una reunión con Top Manta Barcelona, que detalló las principales problemáticas del colectivo: el colapso de los servicios sociales y la dificultad para conseguir hora; la carencia de disponibilidad de citas de extranjería, y la necesidad del informe de arraigo.

La parte matinal finalizó con un encuentro con representantes de la Federación Catalana de Criquet, que explican la carencia de espacios en la ciudad para llevar a cabo su deporte, una práctica que cuenta con muchos adeptos en Barcelona.

Por la tarde, la acción de la Sindicatura se centró en conocer el proyecto social y educativo del Casal dels Infants, que desde 1983 ayuda a los niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social. Las personas trabajadoras de esta entidad desglosan, entre otros, los proyectos que llevan a cabo en su sede de la calle Reina Amalia: la UEC (Unidad de Escolarización Compartida) y el COA (Centro Abierto de Adolescentes).

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona abre un expediente de oficio a raíz del incendio en un hotel de la calle Nou de la Rambla

Incendio Nou de la Rambla OK

En el contexto del incendio del 12 de febrero en un establecimiento destinado a actividad hotelera en la calle Nou de la Rambla, con una víctima mortal y ocho personas heridas, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha iniciado un expediente de oficio para conocer la situación administrativa del hotel y si las instalaciones del establecimiento cumplen las condiciones técnicas requeridas para este tipo de actividad.

Este incidente preocupa a la Sindicatura, sobre todo después de saber que el consistorio ha ordenado el cierre de todo el edificio por haber detectado problemas de seguridad. Por este motivo, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, se ha dirigido al Distrito de Sants-Montjuïc para analizar la actuación municipal de control de las actividades hoteleras y conocer si constaban expedientes de inspección en tramitación

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La Sindicatura recomienda al Ayuntamiento que priorice el uso de parques y jardines para la ciudadanía mediante la ampliación del horario

Parcs i jardins

Históricamente, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido quejas ciudadanas sobre los horarios de los parques y jardines de la ciudad, básicamente por no ser coincidentes con los horarios establecidos que constan en la página web municipal, y para trasladar la demanda de aprovechar más las horas de luz solar en las épocas primaverales y veraniegas del año.

Teniendo en cuenta la necesidad de más áreas verdes en la ciudad, situación que se ha hecho más evidente con la aparición de la pandemia de la COVID-19, y para contrarrestar los efectos del cambio climático, la Sindicatura quiere insistir en la recomendación de ampliar los horarios de los parques y jardines de Barcelona. De este modo, la ciudadanía podrá disfrutar de estos espacios durante las horas de luz natural que tenemos.

Es extraño que en una ciudad de clima mediterráneo, en la que las temperaturas permitan la estancia al aire libre casi en cualquier hora del día, las personas no puedan acceder a los parques y jardines municipales antes de las 10 horas, porque estos no abren hasta entonces. Hay que tener en cuenta que el sol, como tarde, sale a las 8:30 horas en horario de invierno, y es bastante más tempranero durante los meses de verano.

Años anteriores, el consistorio había respondido a esta recomendación asegurando que muchos espacios verdes no se abrían antes de las 10 horas porque los operarios encargados de abrir las puertas iniciaban las rutas y tareas de mantenimiento asignadas a las 8 horas, pero que no se podía comprometer a establecer un horario de apertura anterior, puesto que no disponía de efectivos suficientes para llevarla a cabo.

Para concluir este asunto, y con el objetivo de conseguir una ciudad más habitable en cuanto a la salud, el bienestar y la calidad de vida, desde la Sindicatura de Greuges se considera imprescindible que el consistorio dedique los esfuerzos y recursos necesarios para poder garantizar un horario de uso adecuado de aquellos espacios verdes de titularidad municipal con los que ya cuenta Barcelona actualmente. De poco sirve la ampliación de superficie de verde si no se puede disfrutar de aquello que se dispone.

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El síndic de Barcelona inicia ‘A peu de carrer’, el proyecto para acercar la Sindicatura a los vecinos y vecinas de los 73 barrios de la ciudad

Síndic Bondia i Toni Santos

El pasado 25 de enero la Sindicatura de Greuges de Barcelona convirtió en realidad ‘A peu de carrer’, el proyecto de David Bondia para acercar la institución al vecindario de los 73 barrios de la ciudad. La primera visita de esta nueva iniciativa se llevó a cabo en dos barrios del Distrito de Sant Martí: Sant Martí de Provençals, y la Verneda i la Pau.

“Arranca uno de los proyectos que ya tenía en mi programa de 7 ejes y 33 propuestas, que permitirá crear una Sindicatura itinerante, que sea un territorio y no solo una ubicación”, ha explicado Bondia, que ha añadido que “debemos acercarnos a la ciudadanía, al tejido asociativo y al tejido empresarial, puesto que es la manera de conocer e intervenir en las problemáticas de los vecinos y vecinas de la ciudad”.

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, y miembros de su equipo que lo acompañaban, se encontraron con Toni Santos, el presidente de la AV de Sant Martí de Provençals. Recorriendo las calles del barrio, visitaron las obras de reurbanización de la estación y el entorno de la Sagrera, y las promociones de viviendas públicas y privadas del sector Prim y el sector Cobega. Estas construcciones supondrán un fuerte impacto en el barrio, tanto por el incremento de personas en tráfico como por el nuevo vecindario que se instalará.

‘A peu de carrer’ continuó con una reunión con Roger Torrell, presidente de la Coordinadora d’Entitats VERN, que gestiona y dinamiza el Casal de barrio de la Verneda, y cuenta con más de 70 entidades adheridas. Actualmente, abordan la gran mayoría de conflictos que surgen en el barrio.

El síndic de greuges, David Bondia, también descubrió el proyecto de la Escola d’Adults de la Verneda, que nació a finales de la década 70 a raíz de la autoorganización del vecindario del barrio que quería aprender y acceder a la educación. Esta comunidad de aprendizaje se fundamenta en: grupos interactivos; tertulias; formación de familias; gestión democrática; espacios de decisión; comisiones y grupos.

La tarde empezó con un encuentro con las personas directoras de la ASME (Associació Sant Martí Esport), en la instalación del CEM Verneda. Además de este centro deportivo municipal, el ASME también gestiona el CEM Vintró, el CEM Trinitat Vella y las Pistas La Pau.

La Asociación trabaja varios proyectos de inserción social en el barrio de la Verneda a través de diferentes deportes: baloncesto, balonmano, hockey línea, gimnasia rítmica, trampolín y taekwondo. La idea de la entidad es practicar el deporte de manera mixta desde la infancia, hasta que las normativas de las diferentes federaciones se lo impide. También cuentan con proyectos de cooperación internacional con infancia y adolescencia refugiada del Sáhara Occidental.

El día finalizó con una visita a las pistas deportivas de La Pau, donde se practica el hockey línea. El equipo que juega se llama Tucans y fueron pioneros en la lucha contra el abuso y el acoso a infancia y adolescencia, además de combatir la violencia machista.

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Eva Garcia Chueca, nombrada nueva adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona

El Plenario del Consejo Municipal ha aprobado el nombramiento de Eva García Chueca como nueva adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que sustituye en el cargo a Natàlia Ferré Giró, quien ha tenido esta responsabilidad desde el mes de febrero del año 2019.

Eva Garcia Chueca es jurista, licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona (2004). Cuenta con un Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización por la European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (2005), y un Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y política por la Universitat de Barcelona (2010). También es Doctora Cum Laude en Postcolonialismos y Ciudadanía Global por la Universidad de Coímbra.

En cuanto a su vertiente profesional, ha sido investigadora sénior del programa Ciudades Globales del CIDOB desde 2017. De 2011 a 2018 también ejerció como investigadora en el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coímbra. Durante diez años, formó parte de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, desde donde asesoró en ciudades de todo el mundo en materia de derechos humanos, políticas sociales y participación ciudadana. Anteriormente, trabajó para la Diputación de Barcelona en proyectos de derechos humanos.

Durante su trayectoria, ha combinado la praxis profesional y la investigación con la docencia en varios centros universitarios: en el IBEI (Instituto Barcelona de Estudios Internacionales) ha impartido clases sobre las relaciones internacionales de las ciudades globales; en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) es profesora colaboradora de Derechos Humanos, y en la Universidad de Coimbra ha ejercido como docente invitada en el doctorado ‘Sociología del Estado, del derecho y de la justicia’.

Sus principales áreas de trabajo han sido los derechos humanos, el derecho en la ciudad, las políticas urbanas, la inclusión social, la participación ciudadana, los estudios poscoloniales y los feminismos. “Encaro este nuevo reto con ilusión y compromiso. Después de toda una trayectoria profesional dedicada a promover los derechos humanos a través de las políticas locales, será un privilegio poner esta experiencia al servicio de mi ciudad”, ha manifestado Eva Garcia Chueca, que ha añadido que “la Sindicatura es una institución con un gran potencial para hacer realidad el derecho en la ciudad de todos los barceloneses y barcelonesas”.

El síndic de greuges, David Bondia, ha valorado la nueva incorporación: “Encaja perfectamente con el proyecto de Sindicatura con experiencia y comprometida con los derechos humanos de proximidad que presenté desde el inicio del proceso participativo”.