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La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama más espacio para la juventud en las políticas públicas

Publica un nuevo informe con 11 propuestas para fomentar la inclusión de la perspectiva juvenil en la elaboración de políticas públicas locales

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentado el informe “Adultocentrismo y políticas públicas locales: percepciones y propuestas juveniles, en el que se analiza cómo vive la juventud la relación con la administración municipal y de qué forma mejorarla. Para fomentar su participación y combatir el desapego de las nuevas generaciones, este informe incluye 11 recomendaciones.

Las propuestas de este informe abordan la necesidad de una transformación para incluir la perspectiva juvenil durante todo el proceso de creación de políticas públicas, tanto en el punto de partida y diseño de las mismas, como en su ejecución y evaluación.

Sin embargo, como concluye este estudio, el adultocentrismo no se supera o elimina desde políticas o iniciativas puntuales, sino que requiere un cambio en las dinámicas adultocéntricas existentes. Por eso, la Sindicatura propone un nuevo marco de actuación como un todo que únicamente desde la actuación coordinada y relacional en diversos ámbitos podrá producir los cambios necesarios.

El informe fue encargado al Consell de la Joventut de Barcelona y coordinado por dos investigadores expertos en la materia.

La difícil relación entre persones jóvenes y políticas públicas

La relación entre las personas jóvenes y las políticas públicas ha estado ubicada recurrentemente en el centro del debate público, social y político. La dificultad de las administraciones para llegar a los jóvenes, el sentimiento de distancia y desatención hacia las políticas públicas por parte de los jóvenes o las diferentes experiencias negativas o insuficientes que han vivido estos en estas relaciones son algunos de los puntos más significativos que visibilizan una cierta ruptura generacional .

Es de ahí de donde emerge este estudio. Un estudio que busca comprender cómo se materializan, perciben y viven estas relaciones con las administraciones públicas para observar la posición social y política que ocupa la juventud.

El objetivo del estudio es doble. Por un lado, analizar de qué manera se materializa lo adultocentrisme en las políticas públicas locales, escuchar y plasmar las experiencias, percepciones y relatos de las personas jóvenes participantes en su relación con las políticas públicas. Esto permite, además de escuchar las propias voces, analizar qué efectos tienen las políticas públicas para ellos y, en consecuencia, entender cómo son vividas e interiorizadas. También permite entender cómo de esta relación emergen posiciones sociales y políticas diferenciadas en función de diferentes condicionantes interseccionales.

Por otro lado, el estudio persigue producir marcos propositivos de mejora para incorporar una perspectiva juvenil no adultocéntrica dentro de las instituciones locales.

Un estudio participativo

Para comprender las posiciones que ocupan las juventudes en relación con las políticas públicas, este estudio ha utilizado una metodología participativa, con grupos de discusión con suficiente pluralidad y diversidad de perfiles para conseguir visiones y relatos heterogéneos. Los grupos se idearon sobre dos ejes transversales: un eje de edad y un eje interseccional, para dar espacio a voces que a menudo quedan más invisibilizadas.

De esta forma, por el eje de edades se crearon grupos de jóvenes de 16 a 18 años, de 24 a 28 años y de 30 a 35 años, con entre cinco y siete participantes a cada uno. Por el eje interseccional, se crearon grupos de jóvenes asociados, de jóvenes racializados y de jóvenes de identidades disidentes, con cinco participantes a cada uno.

La participación del Consell de la Joventut de Barcelona en todo el proceso desempeñó un papel protagonista y crucial. Las dinamizadoras fueron las encargadas de escoger a las personas participantes de cada grupo y también de realizar la tarea de contacto y convocatoria y de gestión de cada sesión.

Combatir la desafección institucional

Las políticas de juventud en Barcelona y en todo el país han puesto un énfasis muy especial en la participación de la juventud. Sin embargo, la sensación de las generaciones jóvenes es que su voz es menospreciada y sus demandas no son priorizadas. Y una prueba de este argumento es la posición marginal que todavía ocupan las políticas de juventud y la escasa prioridad en la agenda política de las necesidades y demandas de la gente joven.

La mejor manera de combatir el descontento y el desapego institucional de la juventud es haciendo políticas para la juventud. La incorporación de una perspectiva juvenil a las políticas públicas que reconozca la huella del adultocentrismo, cambie dinámicas institucionales y prioridades políticas es imprescindible para realizar este cambio.

Una mirada juvenil y interseccional

Para conseguir la inclusión de las nuevas generaciones, es necesario incorporar una perspectiva juvenil no adultocéntrica que siempre esté acompañada de una mirada interseccional. La juventud no es una entidad sólida y específica que actúa y se mueve por cuestiones comunes. Por tanto, si no se atiende a su diversidad, se seguirán invisibilizando las diferentes posiciones, marginalidades y opresiones que afectan a las diferentes personas jóvenes.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha señalado anteriormente la importancia de aplicar una mirada interseccional en la defensa de los derechos de la ciudadanía para ser conscientes de la multiplicidad de discriminaciones y opresiones que experimentan las personas según las diferentes capas de opresión a las que se enfrentan, cómo se recogió en el Informe Anual 2022 de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Conclusiones del informe

El estudio se ha articulado a través de dos bloques. El primero se refiere a las percepciones y experiencias que tienen las personas jóvenes participantes sobre las políticas públicas. Y el segundo analiza la cuestión de forma temática en relación con tres ejes: el derecho a la participación, la seguridad vital y la emancipación y el derecho en el espacio público.

Ha aparecido con fuerza la percepción generalizada de que la administración y las instituciones son algo extremadamente burocratizado. Un exceso de burocracia que se centra en la utilización de lenguajes y procedimientos que generan dificultades de comprensión para las personas jóvenes y también la no adaptación a las realidades juveniles tanto temporales (en horarios de atención, por ejemplo) como de conocimiento de los procesos (sentimientos de distancia, menoscabo, exceso de requisitos o de procesos, entre otros). Específicamente, en muchos de los grupos se vincula este exceso de burocratización a cierto envejecimiento de las instituciones. Un envejecimiento que va vinculado tanto al perfil de las personas que trabajan con él como a la centralidad que ocupan las cuestiones vinculadas a los adultos frente a las vinculadas a los jóvenes. Todo ello desemboca en la generación de un imaginario de que las instituciones son algo hecho por y para los adultos.

Por último, todo esto desemboca también en una percepción compartida de que el resultado de las políticas públicas dirigidas a la juventud o, dicho de otra forma, los resultados de las relaciones entre jóvenes e instituciones es parcial, insuficiente y no resuelve de forma completa las sus necesidades.

Este informe también ha puesto de manifiesto la posición marginal que todavía ocupan las políticas de juventud en nuestro contexto y la escasa prioridad en la agenda política de las necesidades y demandas de la gente joven. Por tanto, hay que reivindicar la centralidad de las políticas dirigidas a las personas jóvenes y en particular las que tienen un mayor impacto sobre sus transiciones.

11 propuestas para incluir la perspectiva juvenil

El estudio concluye con el listado de propuestas que plantea la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Son las siguientes:

  • Impulsar un nuevo pacto intergeneracional: Con voluntad política y social, debe trabajarse en un acuerdo para poner las bases bajo las que incluir la perspectiva juvenil. El pacto debería identificar los efectos del adultocentrismo en las instituciones y en las oportunidades de la gente joven, enmarcar los fundamentos de la perspectiva juvenil en las políticas públicas y sentar las bases para su desarrollo.
  • Formar a trabajadoras y representantes institucionales sobre interseccionalidad, adultocentrismo y perspectiva juvenil: Es necesaria una formación a trabajadores y representantes de las administraciones que contribuya a aclarar conceptos, compartir la visión de las personas jóvenes y sensibilizar sobre algunas dinámicas muy integradas e invisibilizadas adultocentrismo en las instituciones. Una formación transversal tanto en los diferentes ámbitos y departamento de actuación de la administración, como en los diferentes niveles de responsabilidad en las trabajadoras y cargos públicos.
  • Dotar de una estructura política y técnica, propia y al mismo tiempo transversal, a las políticas de juventud (concejalía y comisión interdepartamental): Esta voluntad política debe ir acompañada de una concejalía específica con un vínculo orgánico directo con Alcaldía y una Comisión Interdepartamental de Perspectiva Juvenil de carácter político con el liderazgo de la concejalía de juventud y de alcaldía que garantice la incorporación de la perspectiva juvenil a todos los ámbitos que afectan a la vida de las personas jóvenes.
  • Priorizar las políticas de apoyo a la juventud y sus transiciones e incrementar su presupuesto: El trabajo de campo de esta investigación ha hecho evidente que la desatención de las necesidades y demandas de la juventud también es percibida por la gente joven, lo que alimenta el círculo vicioso del alejamiento entre juventud e instituciones democráticas. Es necesario poner en primer plano las necesidades de la gente joven, muy especialmente en las políticas de educación, trabajo y vivienda, con un incremento significativo del presupuesto a aquellas políticas orientadas a la juventud.
  • Integrar las voces de las personas jóvenes a través de sus propios espacios de participación: Es necesario poner más esfuerzo para abrir las instituciones a lo que está pasando en la calle, y no tanto para generar espacios y plataformas de participación ad hoc, y procurar que las personas jóvenes se acerquen. Las instituciones deben entender que las formas más espontáneas de participación y movilización social de la juventud son también espacios de expresión democrática que pueden orientar las políticas públicas.
  • Acomodar los espacios de participación institucionales y hacerlos significativos: Debe realizarse una transformación interna de los espacios de participación y diálogo propuestos e impulsados desde las propias administraciones. Es necesario, a través de la formación propuesta en el primer punto, acomodar los espacios a las realidades juveniles y adoptar nuevos formatos internos que los hagan más amables y se alejen de la reproducción de prácticas o dinámicas adultocéntricas.
  • Informar sobre las políticas y servicios a través de canales específicamente juveniles: portal joven de ventanilla única digital, puntos de información juvenil e información proactiva: Existe la percepción de que la información sobre servicios y prestaciones no llega por canales públicos y evidentes, sino que normalmente se realiza a través de canales y contactos personales e informales. Se valoró positivamente en los grupos de trabajo la posibilidad de crear un portal digital personalizado donde centralizar las diversas políticas dirigidas a la juventud y fomentar una información proactiva de servicios y oferta de políticas pública. Es necesario promover un tipo de información proactiva de la oferta de políticas públicas para colectivos específicos.
  • Promover la universalización de los servicios y prestaciones de apoyo a las transiciones juveniles: Las personas jóvenes identifican las políticas asociadas a las transiciones juveniles (apoyo a los estudios, facilidades de acceso al mercado laboral o acceso a la vivienda) como las más relevantes y que tienen mayor impacto sobre sus oportunidades. En nuestro entorno las transiciones juveniles han sido olvidadas a menudo por las políticas públicas y han dejado toda la responsabilidad de apoyo a las familias. Esto hace que las oportunidades y estrategias de transición estén muy condicionadas por la familia de origen y se alimente una dinámica de reproducción intergeneracional de las desigualdades.
  • Rejuvenecer de la Administración: Es necesario proponerse actuar para rejuvenecer la administración y facilitar la identificación de la juventud con las instituciones. Por ello, es necesario buscar estrategias con los agentes sociales para facilitar el acceso a puestos de trabajo de la administración y la promoción de personas jóvenes a través, por ejemplo, de plazas específicas, de la mejora de la información sobre ofertas y bolsas de trabajo, de la inclusión de criterios de edad en determinadas convocatorias, etc.
  • Establecer una estrategia de evaluación de la perspectiva juvenil en las políticas públicas: Más allá de la adopción de medidas concretas, es necesario mantener una visión global de la situación de la juventud y de la aplicación de esta perspectiva. Hay que partir, de entrada, de un diagnóstico de la situación de la juventud. Y que estas diagnosis estén más vinculadas a la voluntad de transformación de las condiciones de vida y oportunidades de los jóvenes y de las políticas que les afectan.
  • Poner en marcha un sistema de indicadores sobre la perspectiva juvenil en las políticas públicas: Estos indicadores deben medir aspectos vinculados tanto a la situación de las personas jóvenes y como a las políticas que les afectan. Los indicadores deben poner énfasis en las situaciones de discriminación adultocéntrica desde una lógica interseccional. También es necesario que recojan el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.

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La Sindicatura impulsa la creación de una Comisión de reparación para víctimas de violencia sexual en la infancia, adolescencia y juventud en las escuelas

Comisión de reparación

Se trata de una comisión independiente e interdisciplinar para dar respuesta a las necesidades de reparación de las personas supervivientes.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona trabaja desde diciembre de 2022 en la creación de una Comisión de reparación para víctimas de violencia sexual en las escuelas de Barcelona. Ante las denuncias de violencia sexual y vejaciones por parte de un educador en la Escuela Barcelona a lo largo de 20 años, y la falta de reparación y acompañamiento a estas víctimas, la Sindicatura encuentra de especial importancia ofrecer un mecanismo para defender a los suyos derechos y reparar el daño sufrido por ellas.

Esta comisión sale del Grupo de Trabajo contra los abusos y acoso a infancia, adolescencia y mujeres creado por la Sindicatura de Greuges, con la misión de mejorar la atención a las víctimas. Las personas supervivientes de este tipo de violencia podrán participar en el proceso contactando con la comisión mediante el correo electrónico comissio.reparacio@sindicatura.barcelona o en el teléfono 678469936.

¿Qué tarea llevará a cabo la Comisión?

La comisión de reparación tiene por objetivos buscar mecanismos de reparación del daño y mejorar la prevención de este tipo de hechos. Existen distintos mecanismos de reparación que se valorarán conjuntamente con cada una de las personas que acudan a la Comisión. Asimismo, si las personas que participen están de acuerdo, se trabajará para organizar un acto de justicia reparadora, en el que participarán las instituciones implicadas.

Previamente, las personas supervivientes realizarán entrevistas privadas con profesionales expertas en violencias, que ofrecerán un espacio de escucha activa al tiempo que servirán para explorar qué tipo de reparación es adecuada para cada participante.

El resultado de este ejercicio se compartirá con el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de Educación de Barcelona para explorar cómo pueden dar respuesta a las demandas de reparación del daño expresadas por las personas supervivientes y mejorar la prevención y actuación frente a casos similares en el futuro.

¿Quién conforma la Comisión?

La comisión de reparación está formada por tres personas y un grupo asesor, coordinado por la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Las tres personas que conforman la Comisión son profesionales expertas en violencias que participarán en el acompañamiento y escucha a quienes quieran participar en el proceso. Formarán parte Olga Casado, médica de familia y miembro del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT), Mireia Forner, psicóloga clínica del Equipo EMMA del Hospital Universitario Vall Hebron, y Carla Vall, abogada penalista y criminóloga.

Mientras, el grupo asesor dará acompañamiento al trabajo de la Comisión. Formarán parte Vicky Bernadet, de la Fundación Vicky Bernadet, Margarida Troguet, Presidenta de la Comisión Especial del Aula del Teatro de Lleida, y un representante de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.

Disculpas de las instituciones y reparación del daño: la labor pendiente

La Sindicatura de Greuges está firmemente comprometida con la lucha contra las violencias sexuales. En esta línea, se ha pronunciado a favor de la necesidad de establecer mecanismos reparadores que asistan a las personas supervivientes y puedan facilitar su bienestar.

Tal y como concluyó el Informe Anual 2022 de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, ​​existe un vacío preocupante en cuanto a la reparación del daño a las personas supervivientes de este tipo de situaciones. Por esta razón, la Sindicatura ha decidido impulsar de forma proactiva este espacio, que persigue ser un punto de partida para que las instituciones competentes articulen sus propias estructuras con solución de continuidad.

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La Sindicatura pide una estrategia de ciudad y metropolitana en materia de asentamientos

Dos membres dels serveis socials conversen amb persones sense llar - empadronament sense llar
Sería necesario que la ciudad se dotara de una estrategia que permita orientar la política municipal en materia de asentamientos hacia un objetivo común, de los diferentes servicios municipales. Ésta es una de las principales conclusiones de la resolución de la Sindicatura de Agravios de Barcelona a raíz de la queja de una ciudadana en representación de 22 familias que vivían en solares y naves en desuso, así como de representantes de Amigos del Movimiento Cuarto Mundo. Ante el riesgo de vulneración de los derechos de las personas que viven en espacios ocupados declarados como infraviviendas, cobra especial importancia actuar para asegurar unas condiciones de vida adecuadas y el respeto a sus derechos.

El desahucio de asentamientos: punto de conflicto

La queja presentada ante la Sindicatura expresaba una contradicción entre la razón que movía al Ayuntamiento de Barcelona a ordenar desalojar los asentamientos y condiciones posteriores de las familias. El desahucio de estos espacios se hace porque no son seguros, pero la falta de alternativa residencial y los desalojos frecuentes hace que el problema persista o se agrave. Los distritos donde se ubican los espacios de los asentamientos inician el procedimiento administrativo para la declaración de infravivienda después de constatar que el espacio no reúne las condiciones de habitabilidad. Este procedimiento se inicia a raíz de informes de los servicios de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, donde se hace constar que no se reúnen condiciones básicas de seguridad en caso de incendio, ni condiciones de seguridad estructural, de accesibilidad o de salubridad. En base a estas circunstancias, se decide que es necesario desalojar. Pero a pesar de la participación de los servicios sociales en el proceso, la falta de recursos de alojamiento adecuados para las familias desahuciadas hace que éstas puedan quedar en una situación especialmente vulnerable.

La vivienda como puerta de entrada a otros derechos

El derecho a la vivienda es central en nuestra sociedad, ya que afecta al acceso a otros derechos como el derecho a la educación, o la salud. Por esta razón, es de vital importancia facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía, y sobre todo a aquellas personas más vulnerabilizadas. La Sindicatura considera que, especialmente en lo que respecta a las familias que dispongan de un plan de intervención con los servicios sociales municipales, debe valorarse la posibilidad de derivarlas a un piso de inclusión con el fin de trabajar con más garantías por su inserción social. Este recurso puede dar una respuesta más integral al problema que viven las personas que habitan en asentamientos. Tal y como hemos indicado anteriormente, más allá de la necesidad de ver garantizado su derecho a la vivienda, hay que trabajar en su inclusión socioeducativa y laboral para conseguir erradicar las causas que pueden abocar a determinados colectivos a vivir en asentamientos.

La colaboración con el tercer sector

Un aspecto detectado en el estudio de la queja, y corroborado en las visitas y contactos mantenidos en asentamientos de la ciudad, es la actuación de los servicios sociales en los mismos grupos de población en los que también intervienen algunas entidades sociales. A pesar de que los equipos pueden conocerse, a menudo las acciones de unos y otros no están suficientemente coordinadas o no se comparten informaciones básicas que pueden ser fundamentales en momentos clave, como los de los desalojos. Este hecho contribuye a un cierto desconcierto por parte de las familias, que no tienen claro a quién y cuándo deben dirigirse para determinadas cuestiones y en quién hay que confiar. El hecho de que haya una entidad trabajando en estos territorios, con una trayectoria histórica probada, es un valor que debería aportar riqueza en la intervención social y en el bienestar de las familias. Por este motivo, esta Sindicatura considera necesario que el diálogo entre el IMSS y las entidades sociales sea fluido y transparente para que puedan trabajar juntos, de forma coordinada y sumando esfuerzos.

Una mirada metropolitana

Más allá del reto que se plantea en el ámbito de la ciudad de Barcelona por la situación de las personas en asentamientos, por la Sindicatura de Greuges de Barcelona este problema tiene una dimensión superior a la municipal. Desgraciadamente observamos una falta de coordinaciones políticas de alcance metropolitano, así como la existencia de determinadas políticas expulsivas en algunos municipios. Lo que comporta un efecto que concentra en la ciudad de Barcelona buena parte de esta población excluida. Ante esto, el Ayuntamiento de Barcelona ha incrementado de manera continua los recursos municipales que atienden a esta realidad. Pero es necesario tener presente que este problema desborda la capacidad de actuación del Ayuntamiento de Barcelona y requiere un compromiso metropolitano. En consecuencia, esta Sindicatura pide al consistorio que inste al resto de administraciones públicas competentes a que asuman sus responsabilidades y busquen, de forma colaborativa, la forma de garantizar los derechos de todas las personas que se ven abocadas a vivir en asentamientos.

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La Sindicatura se acerca a ti: estamos en Telegram y Tik Tok

Seguimos abriendo nuevos canales para facilitar el acceso de la Sindicatura a la ciudadanía barcelonesa. ¡Ya nos podéis seguir en Telegram y en Tik Tok!

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Se trata de un canal en el que el vecindario podrá añadirse para recibir directamente la información generada por la Sindicatura de Greuges de Barcelona, ​​de una forma rápida, cómoda y sencilla.

Tik Tok: la versión más ligera de la Sindicatura

Tik Tok es una de las aplicaciones más relevantes del momento. De modo que, para seguir acercándonos a más sectores de la ciudadanía, y en especial a los jóvenes de Barcelona, ​​hemos abierto un nuevo perfil en esta red.

En ella encontraréis contenidos más ligeros y dinámicos que en otros canales. Una apuesta por adaptar el discurso de las instituciones a nuevas generaciones ya nuevas formas de comunicación.

Una apuesta por una comunicación inclusiva

Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona, ​​queremos facilitar el acceso a la información y nuestra labor a toda la ciudadanía de Barcelona. Por eso, ponemos al alcance de la población nuevas herramientas para favorecer las diferentes formas de informarse actualmente.

El síndico de agravios de Barcelona, ​​David Bondia, ha subrayado que «poner en marcha estos nuevos canales digitales permitirá acercarnos más a la ciudadanía, y ofrecer una comunicación ágil, transparente y adaptada a sus necesidades».

Estas nuevas vías de comunicación online se suman a las ya existentes en Twitter e Instagram, ya los métodos más convencionales: llamar al teléfono 934132900 o enviar un correo electrónico a sindicaturabarcelona@bcn.cat.

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TMB debe velar por que sus trabajadores y trabajadoras no lleven a cabo conductas discriminatorias

Cabina conductor autobus

Esta semana, en la que se ha celebrado el Día por la eliminación de la discriminación racial, la Audiencia de Barcelona ha condenado a un conductor de autobús de TMB que discriminó a una familia de origen marroquí, llegando a agredir a la madre y una de las hijas. Más allá de su recorrido judicial, la Sindicatura de Greuges de Barcelona se pronunció en 2021 sobre este caso ante la queja de la ciudadana agredida, recordando a TMB que tiene el deber de velar por que no se produzcan conductas discriminatorias negativas en la prestación del servicio de transporte público.

Recuperamos este caso a raíz de la sentencia para destacar la importancia de que los servicios públicos controlen la actuación de sus trabajadores y trabajadoras y revisen las actuaciones, con la contundencia disciplinaria debida ante prácticas discriminatorias.

Un caso de discriminación y agresión en el transporte público

En mayo de 2020, una mujer de origen marroquí y sus hijas menores de edad tomaron un autobús. Ante un problema con la validación del título de transporte, el conductor reaccionó con un comportamiento agresivo y xenófobo, con insultos de carácter racista y una agresión a la mujer, intentando quitarle el velo que llevaba.

Ante estos hechos, la ciudadana denunció al conductor ante la justicia e interpuso una queja en la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Ésta pidió información a TMB sobre las medidas disciplinarias para conocer el control interno que se había hecho del incidente.

Una gestión poco contundente

Ante la demanda de información de la Sindicatura en julio de 2020, TMB manifestó en junio de 2021 que se le había abierto un expediente disciplinario al trabajador, que estaba en fase de instrucción. Añadían que, dado que se había presentado denuncia por los mismos hechos ante los Mossos d’Esquadra, no podían hacer ningún comentario sobre la actuación hasta que el caso estuviera resuelto.

Finalizada la instrucción del expediente disciplinario, TMB comunicó que se había estimado que esta actuación comportaba una falta y la adopción de las correspondientes medidas disciplinarias. Sin embargo, por motivos de confidencialidad no podían facilitar más detalles. Por tanto, no se facilitó información de qué medidas disciplinarias se habían aplicado, por lo que la Sindicatura no pudo evaluar su proporcionalidad.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona resolvió que TMB había actuado de forma ajustada al derecho, pero que, ante un presunto delito de odio y discriminación cometido por un prestamista de un servicio público, no se había proporcionado la información necesaria para poder valorar de forma adecuada el proceso sancionador llevado a cabo. La Sindicatura también pidió que se le informara sobre el pronunciamiento judicial de este caso para poder revisar las medidas finalmente adoptadas.

La condena

Una vez que la Audiencia de Barcelona ha resuelto el juicio, con una condena por el conductor, esta Sindicatura encuentra de especial importancia contrastar las medidas disciplinarias impuestas y pedirá a TMB información del caso nuevamente.

Cabe recordar que los delitos de odio y discriminación no sólo atacan y ponen en riesgo la seguridad individual, sino también la colectiva, constituyendo vulneraciones directas de los principios de libertad, igualdad, dignidad, democracia, respeto a los derechos humanos ya las libertades públicas. Y resulta una conducta del todo intolerable por parte de un prestamista de servicio público.

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El servicio de atención domiciliaria debe mejorar su calidad y coordinación interna

Treballadora del Servei d'Atenció Domiciliària

El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) debe velar por el cumplimiento del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) que prestan diferentes empresas en la ciudad.

Ésta es la principal conclusión de una de las últimas resoluciones de la Sindicatura ante la queja de un ciudadano con discapacidad que estuvo semanas sin recibir esta asistencia por una falta de control. Una situación que repercute en la autonomía personal y en la calidad de vida de una persona que, como beneficiaria del SAD, está bastante condicionada.

Un ciudadano desatendido

El caso concreto denunciado ante la Sindicatura es el de un hombre con discapacidad reconocida del 70% y movilidad reducida que estuvo semanas sin recibir el servicio de asistencia domiciliaria del que era beneficiario desde hacía años, con incidencias a lo largo del tiempo.

Ante una falta de entendimiento y confianza en la trabajadora familiar que tenía asignada, llamó a la empresa prestadora del servicio para pedir un cambio de profesional y ésta dejó de asistir al domicilio. Entre silencios y una falta de control suficiente, su queja quedó desatendida y nadie se percató de que la trabajadora familiar no cubría el servicio hasta que pasó más de un mes.

Por último, le pidieron disculpas, ofreciendo recuperar las horas no prestadas, se reanudó el servicio y se le abrió un proceso de análisis y posible sanción a la trabajadora, ya que el servicio seguía asignado a ella a pesar de la queja del usuario.

La responsabilidad pública del servicio

Los hechos probados demuestran la existencia de fallos importantes en el control del servicio y su coordinación. Problemas atribuibles a la empresa prestadora del servicio en primera instancia, pero también al IMSS, como responsable último de la prestación del SAD, que debe garantizar la prestación del servicio de atención domiciliaria y su calidad.

Ante esta situación, la Sindicatura de Greuges advierte al IMSS de su responsabilidad pública para garantizar un servicio de atención de calidad siempre que sea necesario.

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La Sindicatura está preocupada por la falta de monitores de apoyo en las actividades para infancia con diversidad funcional

Infants amb diversitat funcional

A raíz de una queja ciudadana, la Sindicatura de Greuges ha analizado la carencia de monitores y monitoras de apoyo en las actividades para infancia con diversidad funcional, y ha trasladado al Institut Barcelona Esports (IBE) una serie de recomendaciones para que no se vulneren los derechos de estas personas.

Sin monitores/as de apoyo en la actividad de piscina

Una familia barcelonesa presentó una queja en la Sindicatura de Greuges para exponer su disconformidad por la no asignación de monitores/as de apoyo para su hija en la actividad de piscina de un Centro Deportivo Municipal (CEM) de la ciudad.

La niña de nueve años tiene reconocida una discapacidad del 41% por un trastorno genético raro que le genera problemas de desarrollo, de lenguaje y cognitivos. Por este motivo, es necesario un apoyo para llevar a cabo las actividades en iguales condiciones que otras niñas y niños de su edad.

Dispone de dictamen que reconoce que tiene necesidades educativas especiales (NEE), por las cuales en el entorno escolar necesita apoyo a la integración y educación especial. También tiene reconocido el derecho a monitor/a de apoyo en actividades de piscina o los casales de verano del Ayuntamiento de Barcelona.

Hay constancia que este no es un caso aislado. Se han hecho públicas otras situaciones de niños que no pueden ir a la piscina en horario escolar o no pueden hacer la actividad extraescolar por falta de monitores/as.

La Sindicatura se dirige al Ayuntamiento

El IBE ha detallado que actualmente tienen 265 peticiones de monitorización de apoyo en actividades deportivas para niños y niñas, de las cuales el 13% está en lista de espera para iniciar el apoyo (229 solicitudes se han cubierto).

En cuanto a la temática concreta de la queja recibida, el IBE ha manifestado que se encuentra con una doble problemática: la entidad organizadora de la actividad no dispone de personal para garantizar la inclusión del niño, y las entidades específicas no cuentan con el personal adecuado durante el día, la hora y el espacio de la actividad deportiva. El IBE ha asegurado que, en el momento en el que se encuentre el personal adecuado, la niña podrá empezar la actividad, pero no hay previsión de cuando se podrá resolver la situación.

Sin embargo, la Sindicatura ha insistido en la necesidad de buscar alternativas mientras dure la falta de monitores y monitoras de apoyo. Atendiendo al número de personas y familias afectadas (un 13% del total de solicitantes), y mientras se buscan maneras de prever y evitar situaciones como la actual, es necesario abordar la situación como urgente y facilitar una solución provisional, a efectos de no vulnerar los derechos de los niños afectados. Hay que explorar las alternativas que puedan ser viables para ofrecer una solución; si hace falta, conjuntamente con las familias y el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad.

Camino por recorrer en la garantía de la práctica deportiva inclusiva

La Ley 13/2014 de accesibilidad define el apoyo personal como la persona preparada para facilitar o garantizar el uso de productos y servicios, la comunicación o la movilidad a las personas con discapacidad, como por ejemplo el intérprete de la lengua de signos, el guía intérprete o el asistente personal.

En esta línea, la Sindicatura quiere poner énfasis en el hecho de que el programa Barcelona Esport Inclou hace años que está puesto en marcha. Por lo tanto, se entiende que deberían existir los mecanismos necesarios para garantizar la disponibilidad de personas preparadas para apoyar en las actividades deportivas (formación directa o indirecta de personal, contratos con entidades gestoras de los CEM, subvenciones a entidades organizadoras o específicas, etc.).

Por este motivo, es necesario impulsar las medidas para ampliar el número de personas con la formación adecuada en monitorización de apoyo para niños con diversidad funcional.

Hay que mejorar la información de estos servicios municipales

La Ley de accesibilidad también establece que las administraciones públicas y los proveedores de servicios públicos deben informar en sus webs sobre las condiciones de accesibilidad de los servicios que ofrecen y de los medios de apoyo disponibles.

Después de analizar cuál es la información municipal que el consistorio aporta a la ciudadanía y qué comunicación se ha llevado a cabo con la familia promotora de la queja, la Sindicatura ha concluido que no se está cumpliendo con la Ley 13/2014 de accesibilidad.

La Sindicatura considera que la información web del CEM objeto de queja no se corresponde con lo que prevé la ley, puesto que solo incluye la definición del servicio y la manera de solicitarlo, y no hace referencia a las condiciones de acceso o a la disponibilidad. Hay que explicitar el funcionamiento del circuito y las posibilidades de obtener una respuesta y acceder al monitor en un periodo de tiempo concreto.

En cuanto al caso concreto, la familia expuso que no disponía de información directa por parte del Institut Barcelona Esports y que el responsable del CEM no les facilitaba información precisa. La investigación de la Sindicatura constata este hecho, al cual se debe añadir que la familia está recibiendo la información de manera verbal, una práctica que puede condicionar el contenido.

Es importante que las familias afectadas puedan efectuar directamente la solicitud (con los apoyos necesarios cuando sea necesario) y, especialmente, conseguir respuesta escrita, con toda la información adecuada. En este sentido, la defensoría recomienda al IBE que revise este circuito y que permita a las personas o familias recibir una información directa y clara de la situación.

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La Fiscalía pide dos años de prisión para la autora de noticias falsas sobre jóvenes migrantes sin referentes familiares que la Sindicatura puso en su conocimiento en julio de 2019

Notícies falses JMSRF

La Fiscalía de Delitos de Odio ha hecho pública la petición de dos años de prisión para una internauta, que será juzgada en abril de 2023, por difundir en Twitter una noticia falsa con el objetivo de difamar a los jóvenes migrantes sin referentes familiares.

En el escrito de acusación, la Fiscalía de Delitos de Odio considera que la internauta cometió un delito contra los derechos fundamentales, en concreto, una lesión de la dignidad de las personas por motivos de discriminación por origen. Más allá de los dos años de prisión, también pide que se la multe con 6.570 euros y que se la inhabilite durante cinco años para la educación en el ámbito docente, deportivo y de ocio.

La Sindicatura es el origen de la primera iniciativa legal contra las fake news en España

Fue en julio de 2019 cuando la Sindicatura de Greuges de Barcelona recibió un video que se estaba difundiendo en redes sociales y Whatsapp, con un contenido que presuntamente podría ser una incitación al odio contra el colectivo de jóvenes migrantes sin referentes familiares.

La Sindicatura trasladó este tema a la Fiscalía de Barcelona porque consideró que las imágenes y el texto de esta publicación podían fomentar y promocionar la discriminación y el odio contra un grupo. Este tipo de acciones están consideradas delitos, según el Código Penal. Concretamente, en el video se observaba una clase de escuela con menores de edad que provocaban incidentes en el mobiliario y que no respetaban la autoridad de la profesora. El texto que acompañaba el video era el siguiente: “Mando un video de un centro educativo para los emigrantes menores de edad que entran ilegalmente el España. Ruego difusión para que España se entere de una vez como noes agradecen que los acojamos”.

En febrero de 2020 se hizo pública la querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra esta internauta acusada de difundir este video con las falsas atribuciones a un grupo de jóvenes migrantes sin referentes familiares. Después de las investigaciones de los Mossos d’Esquadra, se demostró que este video correspondía a una clase de Brasil y que la atribución a este grupo de jóvenes migrantes sin referentes familiares era falsa. La Sindicatura de Greuges de Barcelona celebró que el traslado de esta información a la Fiscalía de Barcelona se convirtiera en la primera iniciativa legal del Ministerio Público contra las fake news en España.

A pesar de que esta fue la primera iniciativa legal contra las noticias falsas, ya existe un precedente muy reciente de condena por difusión de fake news en España. La pasada semana, el 8 de noviembre de 2022, un hombre fue condenado por subir en julio del 2019 un video de una brutal agresión a una chica, con el cual hizo creer que se trataba de imágenes de una violación que había pasado en Canet de Mar para atribuirla a jóvenes migrantes sin referentes familiares, a pesar de que los hechos habían pasado en China.

La Sindicatura ha propuesto acciones al Ayuntamiento para garantizar los derechos de los jóvenes migrantes sin referentes familiares

En mayo de 2022 la Sindicatura de Greuges de Barcelona presentó el ‘La situació de joves migrants sense referents familiars a la ciutat de Barcelona’, con el propósito de abordar la realidad de este colectivo vulnerabilizado desde la perspectiva de la garantía de derechos.

Desde el año 2015, unos 9.000 niños y jóvenes migrantes sin referentes familiares han llegado a Cataluña por una amalgama de razones que explican su decisión de emprender este viaje sin ningún acompañamiento familiar. En el sistema estatal de atención a la infancia y la juventud, estas personas son acogidas, tuteladas y atendidas por las comunidades autónomas. Cuando logran la mayoría de edad, finaliza la tutela administrativa y el escenario es menos regulado y más diversificado.

Se trata de un colectivo que precisa un apoyo y un acompañamiento específico para ayudarlos a desarrollar su proyecto de vida. El estudio de la Sindicatura presta una especial atención a los adolescentes y jóvenes de 18 a 23 años, que se enfrentan solos y solas a una edad adulta registral, pero no siempre real. El objetivo es identificar cómo mejorar y facilitar la transición a la edad adulta en condiciones de igualdad y equidad, promoviendo lo respecto a los derechos y libertades garantizados a cualquier persona ciudadana de Barcelona.

Las propuestas de la Sindicatura

Para mejorar la atención a los jóvenes migrantes sin referentes familiares en la ciudad, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha elaborado una serie de propuestas, de las cuales destacaremos algunas de ellas desde diferentes dimensiones:

Dimensión jurídica

  • Dar seguimiento a la aplicación de la reforma del reglamento de extranjería para garantizar que los y las jóvenes llegan a la mayoría de edad con toda la documentación requerida y para reforzar el trabajo en sus itinerarios de emancipación.
  • Reforzar los espacios de atención de las personas jóvenes migrantes sin referentes familiares en el ámbito de la detección o el acompañamiento, o en la defensa de sus derechos, a través de instrumentos como: asesoramiento y atención especializada, la clínica jurídica local, la figura de la persona referente o mentora, o el refuerzo de los equipos educadores de calle para mejorar la detección de los y las jóvenes.

Dimensión socioeconómica

  • Refuerzo de las alternativas residenciales, atendiendo al desajuste entre necesidades y recursos en el ámbito de la vivienda. Por este motivo, se deberían explorar otras opciones, como la acogida, que serviría no solo para superar la situación de la falta de vivienda, sino que también favorecería la creación de vínculos entre jóvenes y la sociedad de acogida.
  • Refuerzo de la atención en salud mental, estableciendo un protocolo de atención y acompañamiento psicológico, y de atención en el estrés postraumático, a través del desarrollo de un espacio sociosanitario para personas en situación de riesgo de exclusión social, ampliando la cobertura de programas de convalecencia y psiquiatría de calle. Esta actuación requiere coordinación interadministrativa.
  • Reforzar la formación y capacitación lingüística de los y las jóvenes, y garantizar la continuidad de la formación de este colectivo, facilitando también su acceso a los estudios superiores. También es importante evitar que se generen desigualdades digitales vinculadas a estas personas jóvenes.

Dimensión comunitaria

  • Fomentar la participación del colectivo sin referentes familiares mediante la creación de espacios donde se fortalezcan las redes relacionales con la ciudadanía, y haciendo programas de acompañamiento y mejora de su sentimiento de pertenencia.
  • Implementar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad de acogida para evitar narrativas y discursos negativos hacia el colectivo.

Dimensión de gobernanza

  • Asegurar una coordinación multinivel y multisectorial entre las diversas administraciones y áreas que tienen competencias vinculadas al colectivo.
  • Fortalecer la formación especializada y el diseño de protocolos que faciliten la actuación de los diferentes actores de los procesos de atención, cura e inclusión de estos jóvenes.
  • Mejorar la recogida y tratamiento de datos, especialmente cuando no han formado parte del sistema de tutela y acogida durante su minoría de edad.
  • Incorporar la perspectiva de género en el diseño y en la implementación y evaluación de las diferentes actuaciones y servicios.
  • Fortalecer el rol de XBcn para llevar a cabo una coordinación más generalizada y estructurada del trabajo de todos los actores involucrados, con el objetivo de evitar el riesgo de duplicidades en algunas áreas, y escasez de recursos en otras.
  • Fortalecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los diferentes programas a fin de mejorar las actuaciones y servicios, identificando buenas prácticas y experiencias que se puedan compartir con otras ciudades del entorno.

Finalmente, la Sindicatura recalca que es precisamente en la mayoría de edad de los y las jóvenes migrantes sin referentes familiares donde el Ayuntamiento tiene más margen de actuación, puesto que se trata de jóvenes residentes en la ciudad. Ahora bien, garantizar un proceso de emancipación exitoso requiere un trabajo continuado desde el primer momento.

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El derecho a la accesibilidad y la inclusividad en las áreas de juego infantil de la ciudad de Barcelona

Parc infantil

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha vuelto a analizar la accesibilidad y la inclusividad de las áreas de juego infantil de la ciudad, porque considera de gran importancia continuar trabajando para velar por la accesibilidad y la instalación de elementos de juego inclusivos en la renovación de estos espacios o en la creación de nuevas áreas.

Apostar por un modelo de juego inclusivo permite garantizar el acceso al juego a niños y niñas con diversidad funcional y posibilita que toda la infancia, independientemente de sus características, pueda compartirlos. De este modo, se asegura la interacción entre infancia y, por lo tanto, su integración a través del juego.

Actuación de oficio de la Sindicatura durante los años 2020 y 2021

El año 2020 la Sindicatura de Greuges de Barcelona ya abrió una actuación de oficio para evaluar el grado de accesibilidad e inclusividad de las áreas de juego infantil de la ciudad. Esta intervención finalizó en 2021 con dos recomendaciones destacadas al Ayuntamiento: que la renovación y la creación de nuevas zonas de juego infantil cumplan el objetivo de que en 2030 el 100% de los parques infantiles sean accesibles e inclusivos, y que cada barrio barcelonés disponga, como mínimo, de una de estas áreas para garantizar el derecho al juego de la totalidad de la infancia.

¿Cuál es la diferencia entre accesibilidad e inclusividad?

Hay que considerar un espacio de juego como inclusivo cuando favorece un uso y disfrute compartido, ofrece múltiples maneras de aproximarse a los elementos de juego, y da respuesta a los diversos intereses y capacidades de los niños.

Por otro lado, una área de juegos es accesible cuando el elemento principal del espacio lo sea o cuando lo sean las actividades lúdicas que se pueden desarrollar: columpiarse, deslizar y ensartarse. La que atiende las distintas diversidades funcionales y garantiza que todas las actividades lúdicas sean accesibles, es considerada totalmente accesible.

Acciones impulsadas por el Ayuntamiento en esta materia

El año 2019 se presentó el Plan de Juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030, una iniciativa con 10 objetivos clave. El propósito final es que el 100% de las áreas de juego sean accesibles y con elementos certificados como inclusivos.

Aunque la accesibilidad y la inclusión son las piedras angulares de la renovación y creación de nuevas áreas de juego infantil, el Ayuntamiento es consciente de la dificultad que la totalidad de las áreas de la ciudad sean accesibles. En este contexto, el mes de septiembre de 2022, la Sindicatura tuvo conocimiento de la voluntad del Gobierno municipal que en 2024 el 90% de la población tenga una área de juego infantil accesible a 15 minutos de casa, como muy lejos. Con este objetivo, el consistorio ha convocado un concurso de proyectos para crear 10 áreas de juego totalmente accesibles, que se enmarca en las medidas del Plan de juego en el espacio público para garantizar el derecho al juego de todos los niños y niñas.

Actualmente hay 21 áreas de juego que son totalmente accesibles. Con las renovaciones de áreas de juego que hay previstas, el próximo año se llegará a las 45 áreas de juego accesibles (ejecutadas o en obras). Cuatro habrán surgido de los presupuestos participativos: la del passeig de Sant Joan, la de la plaza de las Caramelles, la de los jardines de Montserrat Roig y la de los jardines de Massana. Según el Ayuntamiento, contando las 10 áreas que surgirán del concurso de proyectos mencionado anteriormente, la ciudad prevé lograr 55 áreas de juego totalmente accesibles en 2024.

Los jardines de Massana, nueva área de juego accesible (¿e inclusivo?)

En el contexto de los presupuestos participativos del año 2020, se propuso el proyecto de la construcción de un parque 100% inclusivo en los jardines de Massana, en el Distrito de Sant Andreu. Este proyecto fue seleccionado y el segundo más votado del Distrito.

La actuación consiste en crear una área de juego infantil accesible e inclusiva en los jardines de Massana. El presupuesto inicial se incrementó para recoger las demandas de la promotora de la queja (se explica posteriormente). Debido a la crisis actual, la estimación económica total para incluir todos los juegos crece hasta 1.074.532 €.

Actualmente, faltan 240.000 € y se está trabajando para definir con qué importe se cerrará el anteproyecto. Se plantean dos vías: ajustar el ámbito de actuación y/o conseguir dotación adicional. Por este motivo, la Sindicatura considera oportuno proponer que, en caso de que se considere incorporar al proyecto el columpio solicitado, se valore con la promotora hacerlo de manera alternativa a otro (u otros) juegos proyectados, para no incrementar más la dotación presupuestaria.

El Distrito informa que el anteproyecto del parque prevé la instalación de dos bloques de columpios para disponer de toda la variedad de asientos que garanticen la accesibilidad necesaria. Estos columpios los podrán utilizar niños con silla de ruedas y en todos habrá que hacer transferencia. Considerando la totalidad de los juegos, se ha tenido en cuenta que la gran mayoría los puedan usar niños con la silla de ruedas.

Esta Sindicatura valora muy positivamente que la mayoría de los juegos que se instalarán en los jardines de Massana sean inclusivos y puedan ser usados por niños con silla de ruedas. Sin embargo, considera que hay que ir un paso más allá e invertir esfuerzos en aplicar los ajustes que sean necesarios y puedan asumirse, con el objetivo de dar respuesta a situaciones concretas.

Se trata, pues, de promover la autonomía de la infancia con diversidad funcional. El hecho que en las áreas de juego infantiles haya estos elementos de juego no solo contribuye a garantizar su derecho a jugar en condiciones de igualdad, sino que los alienta a verse a sí mismos como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

El caso concreto de una familia de Sant Andreu

Una familia de Sant Andreu con un niño con una pluridiscapacidad del 82% formalizó una queja en la Sindicatura de Greuges de Barcelona para reclamar la instalación de juegos inclusivos en un parque infantil (jardines de Massana), cerca de su domicilio.

La familia solicitó al Distrito de Sant Andreu que en la creación de la nueva área de juego infantil ubicada en los jardines de Massana se instalaran unos columpios inclusivos con plataforma para silla de ruedas, para evitar la transferencia del niño de la silla de ruedas al columpio. El Distrito respondió que la creación de esta nueva área se encontraba en fase de redacción de anteproyecto y trasladó a la familia las exigencias técnicas para la certificación del columpio solicitado (normas europeas UNE-EN 1176, UNE-EN 1177 y UNE 147103). Estos requisitos también incluían la necesidad de garantizar el control de acceso al juego (cartelería, cerraduras y valla perimetral) y la supervisión de una persona adulta en todo momento.

De acuerdo con estas exigencias, el Ayuntamiento considera que por ahora no es posible instalar el columpio accesible para silla de ruedas en los jardines de Massana, porque no pueden garantizarse las condiciones de seguridad exigidas. En cambio, la Sindicatura sí que cree que el consistorio dispone de margen para garantizar que, en caso de que se instale el columpio, el área de juego sea segura, como ya lo han hecho otros municipios catalanes como Terrassa, Sitges, Ripoll o Roses.

El artículo 2 de la Convención sobre el derecho de las personas con discapacidad y el artículo 2 del Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad, reconocen la necesidad de establecer ajustes razonables, cuando sean necesarios en un caso particular, con el fin de garantizar a las personas con diversidad funcional el goce o el ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones. De acuerdo con esta normativa, la Sindicatura de Greuges entiende que se debería reconsiderar la posibilidad de incluir el elemento de juego solicitado por la ciudadana en el proyecto de los jardines de Massana.

Viabilidad de instalar a corto plazo un columpio que evite la transferencia

En fecha 5 de abril de 2022, el Ayuntamiento de Barcelona asumió el compromiso siguiente con la ciudadana: cuando aparezca en el mercado un columpio de las características anteriormente exigidas, se instalará en los jardines de Massana un columpio de plataforma mejorado, de acceso libre, que no necesite ni cierre perimetral de seguridad ni supervisión constante, y que sea certificable de acuerdo con los requisitos de seguridad establecidos en las normas vigentes.

El columpio que cumpla estos requisitos se podrá incorporar al proyecto, como máximo, una vez se hayan iniciado las obras. La Sindicatura celebra la buena predisposición del consistorio ante la petición de la ciudadana. Aun así, tal como se ha argumentado, no hay impedimentos insalvables para instalar un columpio con plataforma de entre los que hay actualmente, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias. Esta podría ser la solución hasta que aparezca en el mercado otro columpio con estándares de seguridad más elevados. En este caso, se debería proceder a la sustitución del que ya estuviera instalado.

Buenas prácticas en otros municipios del Estado 

El cumplimiento de la normativa europea vigente tampoco debería ser un obstáculo. Esta Sindicatura ha podido constatar, como ejemplo de buenas prácticas, que en municipios como Terrassa, Sitges, Ripoll o Roses, entre otros, han instalado columpios con plataforma dando cumplimiento a los requisitos antes mencionados.

Un ejemplo es el caso del parque de Can Robert, en Sitges, donde se han puesto señalizaciones que indican que es un columpio adaptado y las personas que quieran utilizarlo deberán pedir las llaves en la casita del parque. También en el municipio de Roses, en el espacio situado delante de la pista anexa del pabellón polideportivo, donde se ha cerrado el perímetro para evitar cualquier tipo de incidente con otras personas usuarias del parque.

Fuera de Cataluña, hay municipios con menos de 10.000 habitantes que han instalado estos tipos de columpios. Es el caso de Manzanedo (Burgos), Oropesa (Castellón) o Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife).

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A pie de calle: la Sindicatura visita el Clot-Camp de l’Arpa

Clot-Camp de l'Arpa

En una nueva edición del proyecto A pie de calle, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recorrió el Clot – Camp de l’Arpa para atender las propuestas, reclamos y preocupaciones del movimiento vecinal y asociativo de la zona.

La jornada empezó con un encuentro con la Asociación de Vecinas y Vecinos de Clot – Camp de l’Arpa, con quien se trató el Plan de protección patrimonial del Clot; la situación de la ejecución de las obras de la Torre del Fang o Can Miralletes; los usos que tendrá el equipamiento de la Fàbrica del Plom, y otros temas objeto de queja a la Sindicatura.

Posteriormente, el equipo de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, encabezado por el síndic Bondia, se desplazó al entorno de Glories, para evaluar la incidencia de las obras, las posibles molestias ocasionadas por el edicto ubicado en Llacuna-Gran Vía, o la afectación en la Escuela Casas, entre otras.

Antes de iniciar la tarde, tuvo lugar una reunión con la Federación de Entidades del Clot – Camp de l’Arpa, la coordinadora que reúne a 43 entidades del barrio. Desde la federación nos trasladaron su preocupación por el uso del espacio público, por el futuro de la gestión comunitaria del patrimonio ciudadano, y por los equipamientos pendientes.

A pie de calle en Clot – Camp de l’Arpa concluyó con un último encuentro con el Orfeó Martinenc, la entidad sociocultural que promueve la cultura popular del barrio y facilita espacios a muchas entidades de la zona. Los representantes del Orfeó manifestaron su inquietud por la complicada situación que sufren los ateneos en Barcelona.

En este primer año del período 2021-2026, la defensoría ya ha estado presente en los barrios de Sant Martí de Provençals; la Verneda i la Pau; Sant Antoni; el Baix Guinardó; el Raval; Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes; Bon Pastor; Torre Baró; Ciutat Meridiana; Vallbona; Diagonal Mar-Front Marítim del Poblenou; el Besòs i el Maresme; Barceloneta; Sarrià; Sant Andreu, y Les Corts.

Antes de cerrar el año, la Sindicatura tiene previsto desplazarse a Horta; el Gòtic; la Marina, y la Marina del Prat Vermell, entre otros.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona repasa el primer año del período 2021-2026

El nuevo proyecto de la Sindicatura de Greuges de Barcelona para el periodo 2021-2026 empezó un año atrás, cuando David Bondia tomó posesión como nuevo síndic de greuges de Barcelona el pasado mes de octubre de 2021.

La Sindicatura aprovecha esta efeméride para repasar las iniciativas y las acciones llevadas a cabo desde la institución en este primer año de nuevo proyecto.

Una Sindicatura al lado de la de ciudadanía

La ciudad es su gente, sus personas, su tejido social. Por esta razón, uno de los nuevos propósitos que persigue la Sindicatura es que la institución esté presente en los 73 barrios y los 10 distritos que conforman Barcelona. La Sindicatura de Greuges deber ser un territorio y no solo una ubicación física. “Hay que trabajar de forma itinerante en el territorio para conocer y conectar con las problemáticas de la ciudadanía vinculadas a los derechos humanos de proximidad”, manifiesta David Bondia.

Mensualmente se llevan a cabo tres acciones presenciales para acercar la institución a la ciudadanía:

Iniciativa  Breve descripción
La Sindicatura, a pie de calle  Visita y paseo por los diferentes barrios de la ciudad, acompañadas de representantes de los movimientos vecinales, sectoriales, educativos, etc.  
La Sindicatura, cerca de ti  Organización de una audiencia del síndic y la adjunta en los diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de presentar la institución a la ciudadanía, y que esta plantee las quejas más destacadas del barrio.  
Sindicatura itinerante  Miembros del equipo de la defensoría se trasladan a equipamientos de la ciudad para atender en primera persona a la ciudadanía que quiera hacer consultas o presentar quejas.  

Actualmente, la Sindicatura ya ha estado presente en los barrios de Sant Martí de Provençals; la Verneda i la Pau; a Sant Antoni; el Baix Guinardó; el Raval; Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes; Bon Pastor; Torre Baró; Ciutat Meridiana; Vallbona; Diagonal Mar-Front Marítim del Poblenou; el Besòs i el Maresme; Barceloneta; Sarrià; Sant Andreu, Les Corts y Clot-Camp de l’Arpa.

Antes de finalizar el año, la Sindicatura se desplazará a Horta; el Gòtic; la Marina, o la Marina del Prat Vermell, entre otros.

Una Sindicatura que actúe de manera proactiva

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, también destaca la importancia de tener una institución proactiva, que actúe en tiempo real para solucionar, o incluso anticipar, la vulneración de derechos de las personas. Por este motivo, en este primer año del proyecto 2021-2026, la Sindicatura ha impulsado un total de 47 actuaciones de oficio que visibilizan las diferentes problemáticas de la ciudad.

Entre otras, resaltan cuatro actuaciones de oficio, que se han convertido en informes monográficos:

En esta línea, también hay que destacar otras intervenciones de oficio de la Sindicatura de Greuges de Barcelona (algunas de ellas aún en proceso de resolución): la falta de espacio en el CAP Gòtic, el funcionamiento de los servicios sociales de la ciudad, o el uso del Palauet Albéniz y los gastos a cargo del presupuesto municipal.

Más maneras de intervenir: mediación administrativa y dictamen

Durante este primer año, se han explorado otras vías de actuación que se ajusten al reglamento de la Sindicatura de Greuges de Barcelona y que permitan ir más allá en la defensa y la garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía barcelonesa.

Entre otros, la Sindicatura ha iniciado el camino de la mediación administrativa para trabajar la resolución conflictos entre un ciudadano o ciudadana y la administración municipal. Concretamente, lo ha hecho en dos casos: en la gestión del espacio público de la ronda Sant Antoni y en la nueva ubicación de un centro de acogida para personas sin hogar con adicciones junto a una escuela.

En cuanto al primer caso, y después de varios encuentros con el vecindario, las asociaciones de comercios y los representantes políticos del consistorio, la Sindicatura de Greuges de Barcelona puso énfasis en la necesidad de encontrar una solución participada en la gestión de la dinamización de la losa de la ronda Sant Antoni hasta el momento de su retirada.

La otra situación en la que la Sindicatura ha aplicado la mediación administrativa ha sido en la preocupación generada por la nueva ubicación de un centro de acogida para personas sin hogar con adicciones junto a un centro escolar, que inquietó a algunas familias de la Escola Les Aigües. Este proceso de mediación finalizó con una resolución conjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona y el Síndic de Greuges de Catalunya.

En cuanto a otras vías de intervención, la Sindicatura también emitió un dictamen después de que el 12 de mayo de 2022 se publicara en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona) el anuncio de información pública del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) sobre la aprobación de la Ayuda de urgencia social para familias con niños de 0 a 16 años.

Ante el anuncio de presentar las solicitudes únicamente por medios electrónicos, la Sindicatura recordó al IMSS que es necesario velar de manera efectiva por la equidad digital y posibilitar otras vías. En su dictamen, la defensoría también recomendó al IMSS que garantice la ampliación de 4 millones de euros en el importe de la convocatoria, dado el agravio comparativo con ediciones anteriores.

Creación de un grupo de trabajo para abordar las violencias

Por último, hay que destacar que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha impulsado la creación del Grupo de Trabajo para abordar el abuso y el acoso sexual a mujeres, infancia y adolescencia, con el objetivo de acontecer un espacio para tratar cuál es el avance necesario en el tratamiento de estas situaciones por parte de los organismos públicos locales, y contribuir al proceso de recuperación de las secuelas generadas en las víctimas.

Este grupo de trabajo cuenta con la participación de varios perfiles profesionales, con el objetivo de llevar a cabo un tratamiento holístico de la situación: el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia; la abogada y criminóloga experta en derecho penal y género, Carla Vall; la actriz y vocal de la Academia del Cine Catalán, Maria Molins; la psicóloga especializada en violencias machistas, Aina Troncoso; las periodistas de investigación Nuria Juanico y Albert Llimós; la fundadora de la Fundación Vicki Bernadet, la misma Vicki Bernadet, y la psicóloga de la Asociación in via, Patricia Ortuño.

Analizar la ciudad en función de la afectación de derechos

Este año 2022, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha establecido una nueva metodología de clasificación de sus intervenciones. En esta nueva organización, la institución estructurará sus actuaciones en función de los derechos afectados.

Concretamente, la Sindicatura ha establecido cuatro ámbitos de actuación y un eje interseccional.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama que el acceso a la energía sea considerado un derecho humano

Una nueva actuación de oficio de la institución defiende la necesidad de formular y concretar el derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.

Después de analizar el incremento del importe de las tarifas eléctricas y las iniciativas públicas, la Sindicatura ha trasladado veinte recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona.

En el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía decretado por el World Energy Forum, que se celebra mañana 21 de octubre, la Sindicatura de Greuges ha publicado el informe El derecho humano en la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, en el que se analiza el impacto del incremento de las tarifas eléctricas en Barcelona, tanto en la ciudadanía como en el Ayuntamiento, y se exploran vías adecuadas para minimizar sus efectos.

A lo largo del 2021 y del primer semestre del 2022, se ha producido una subida histórica del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que a principios de año rondaba los 50 €/MWh y ha aumentado hasta superar los 500 €/MWh con el inicio de la guerra de Ucrania. Por este motivo, la Sindicatura intervino de oficio para elaborar El derecho humano a la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, un informe que defiende la necesidad de abordar los asuntos relacionados con la energía desde un enfoque basado en los derechos humanos.

La defensoría considera que hace falta un cambio de paradigma: dejar atrás el concepto de las personas como meros clientes de una empresa suministradora, y conseguir que los ciudadanos y ciudadanas sean titulares de un derecho subjetivo a los suministros básicos a un precio asequible (y dentro de unos parámetros básicos y esenciales de consumo). Es conveniente recordar que, actualmente, el control sobre la energía se concentra en manos de unos cuántos actores económicos, grandes oligopolios, con el visto bueno de las autoridades públicas.

Revertir las lógicas imperantes hoy en día pasa por la formulación y el reconocimiento del derecho humano a la energía. En este estudio presentado por la Sindicatura, se identifica el marco jurídico protector del derecho a la energía en el ámbito internacional, estatal y europeo, y se explica el modelo de protección para las personas más vulnerabilizadas, a escala estatal, autonómica y local. A continuación, se detallan buenas prácticas y, finalmente, se presentan propuestas de actuación y recomendaciones de la Sindicatura de Greuges al Ayuntamiento de Barcelona en esta materia.

El derecho a la energía debe ser considerado un nuevo derecho humano

El derecho a la energía todavía no ha sido reconocido explícitamente por ningún instrumento internacional de derechos humanos. Hoy en día se trata de un constructo político impulsado desde la sociedad civil, que tiene el objetivo de conseguir que la energía sea tratada como un bien esencial, más allá del concepto actual de mercancía. Se debe recordar que es un bien indispensable para atender las necesidades básicas de la vida diaria de una persona en una vivienda: luz, calefacción, refrigeración, alimentación, comunicación, movilidad, etc.

La premisa de partida de este informe se basa en la necesidad y el reconocimiento del derecho a la energía como un nuevo derecho humano. Ante la situación actual de pobreza energética, se han implementado estrategias estatales y autonómicas destinadas a hacer frente a los efectos de la crisis económica en la población más vulnerabilizada. A pesar de que son medidas necesarias, también son insuficientes, puesto que su fundamento se basa en el asistencialismo, pero persiste la carencia de obligaciones jurídicas vinculantes. Por este motivo, la Sindicatura considera imprescindible formular y concretar la necesidad de un derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.

Por otro lado, el derecho a los suministros básicos sí que ha formado parte sustancial de otros derechos reconocidos internacionalmente. Pero hay que dar un paso más allá para establecer un marco jurídico autónomo que sirva de herramienta para las propuestas e iniciativas legislativas que llevan a cabo para paliar la pobreza energética.

En esta línea, la formulación del derecho humano a la energía se engloba en el discurso renovador de los derechos humanos emergentes, que cuestionan y revolucionan el código de valores utilizado hasta ahora, y adecuan las exigencias morales a nuevas circunstancias. La Sindicatura entiende que el derecho humano a la energía se debe contextualizar en una triple dimensión: un derecho de la ciudadanía (acabar con la concepción que es un derecho del consumidor); un servicio público (dejar de entenderla como un bien privado y una fuente de lucro), y una base necesaria para la transición energética hacia las energías renovables.

Como ya se ha citado anteriormente, la concreción del derecho humano a la energía permite articular un discurso centrado en la necesidad de concebir la energía como un bien común. El estudio de la Sindicatura ya se avanza a una posible reacción contraria a esta medida, que base los argumentos en su coste. Esta oposición puede ser rebatida de dos maneras: todos los derechos humanos son caros y la implementación de los mismos no puede fijarse en función de los gastos, sino de las necesidades.

“No será una tarea fácil, pero sí posible: solo hay que mirar atrás y darnos cuenta del camino que ha recorrido hace pocos años el reconocimiento del derecho al agua potable y el saneamiento. La energía también es indispensable para la vida de las personas”, ha manifestado David Bondia, síndic de greuges de Barcelona.

La formulación del derecho humano a la energía no puede quedar únicamente en manos de los juristas, puesto que hace falta un trabajo conjunto desde varias disciplinas (economía, ingeniería, sociología, psicología, politología, etc.). Esta interacción entre los diversos ámbitos posibilita aplicar seis ejes de actuación a la configuración del derecho humano a la energía: disponibilidad; accesibilidad; asequibilidad y aceptabilidad; calidad; participación, y sostenibilidad.

También se debe determinar la estructura interna del derecho humano a la energía, la titularidad y el objeto de protección. Ante el dilema de si es un derecho individual o un derecho colectivo, la Sindicatura conviene que es un derecho de titularidad individual que protege intereses comunes. Por lo tanto, su exigibilidad ante las administraciones puede hacerse de manera individual (derecho inherente a la persona o familia) o colectiva (garantía de bienes comunes), sin que una forma excluya la otra.

Las medidas impulsadas contra la pobreza energética en Barcelona

A diferencia de lo que pasa con el suministro de agua, en el que la competencia es de carácter municipal, en el caso del suministro eléctrico, el marco competencial del que disponen las entidades locales es más reducido. Sin embargo, actualmente están asumiendo funciones relevantes y, probablemente, todavía podrían desarrollar más.

También hay que recordar que una parte importante de la aplicación de las medidas previstas por la legislación estatal y autonómica depende de informes y documentos emitidos desde las instituciones municipales, generalmente los servicios sociales.

Entre otras acciones, en Barcelona hay que destacar la creación de una red extensa de puntos de asesoramiento energético (PAE). Dan servicio a todos los distritos de Barcelona desde enero del 2017 y tienen 12 oficinas distribuidas por todo el territorio de la ciudad. Su objetivo es combatir la pobreza energética, concretamente garantizando los derechos que prevé la legislación vigente en cuanto al acceso a los suministros básicos, y mejorar la eficiencia de los hogares de la ciudad de Barcelona, priorizando las más vulnerabilizadas. El servicio es de titularidad municipal y lo gestionan un conjunto de entidades sociales.

Personas atendidas201920202021 (enero-septiembre)
Mujeres8.0378.94212.549
Hombres4.0344.4076.662
Personas con otras identidades de género8211
Total de personas atendidas12.07913.35119.222
Datos facilitados por el Servicio PAE

Teniendo en cuenta la situación excepcional vivida durante el año 2020, puede observarse un incremento notable de los casos gestionados por los PAE de la ciudad si comparamos los primeros nueve meses de 2021 en relación con el 2019.

El gasto del Ayuntamiento de Barcelona en suministro eléctrico

El Ayuntamiento ha informado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que el 100% del suministro eléctrico del consistorio y los organismos municipales está certificado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) conforme procede de fuentes renovables. Añade que se exige a la comercializadora que el 100% de la energía eléctrica que provee sea con garantía de origen de energía verde.

También hay que indicar que la escala de precios de la energía no ha tenido efecto en el precio que paga el Ayuntamiento de Barcelona durante el ejercicio 2021, puesto que tiene concertado un precio fijo anual en el precio unitario de la energía para el conjunto de suministros eléctricos municipales y los organismos asociados.

Conclusiones y propuestas de actuación en el ámbito local

A pesar de que las competencias en el ámbito municipal para promover un cambio sistémico o revertir las tendencias alcistas de los precios son limitadas, desde el sector local se pueden hacer grandes pasos para aminorar los impactos en la ciudadanía, reducir la vulnerabilidad de las personas e incrementar su capacidad de resiliencia:

  • Comunicación y transparencia. Es un momento clave para explicar y discernir entre el sistema energético y el sistema eléctrico (crisis del gas vs. subida de los precios de la electricidad), o discernir entre la distribuidora y la comercializadora que nos vende la energía. En paralelo a la información y la comunicación, hay que impulsar la transparencia y la participación real y efectiva, que vaya más allá de la protección de los “libres consumidores”, y promover campañas dirigidas a toda la ciudadanía sobre el contexto, los impactos y las acciones que se lleven a cabo.
  • Impulso de las energías renovables. Hay que hacer esfuerzos, orientar recursos como los fondos europeos Next Generation, y promover la actividad de pequeñas y medianas empresas y de economía social y solidaria en el campo de las renovables, con el objetivo de identificar, acompañar y asesorar un proceso exhaustivo de transición energética en la ciudad mediante autoconsumo y autoconsumo compartido.
  • Justicia social y climática. Se deben repartir los costes de la crisis energética actual de manera justa. Las decisiones normativas y políticas determinan como se asignan los costes de la energía a través de las facturas de la ciudadanía. Es fundamental que la transición energética ineludible no requiera un gasto o un esfuerzo más grande para las personas afectadas por la pobreza energética.
  • Transición energética socialmente justa. Es imprescindible acompañar los procesos de regeneración urbana con proyectos de transición energética. Se deben reforzar los programas y orientar los fondos (tipo Next Generation) a identificar proactivamente zonas vulnerabilizadas donde hay que dinamizar el autoconsumo y la generación renovable. Se debe proveer de procesos de mediación las fincas de vecindario y buscar soluciones económicamente aceptables. En este sentido, es un impedimento el hecho de que para participar en el asesoramiento y la instalación que ofrece Barcelona Energía, las familias pierdan el bono social al verse obligadas a cambiar de compañía comercializadora.
  • Poner freno a la gestión privada de los servicios básicos. Varios estudios elaborados por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos -EPSU muestran el encarecimiento de los precios de bienes privatizados. Varios relatores especiales de las Naciones Unidas (Heller, Alston o Arrojo) han constatado con mucha preocupación esta realidad. La dependencia de la volatilidad de los mercados y la orientación a la maximización de los beneficios económicos en forma de dividendos tiene como consecuencia el crecimiento de la pobreza energética, la carencia de respuestas ante contextos como el actual, cortes de luz a personas vulnerabilizadas o facturas elevadas con la contratación de servicios de mantenimiento, entre otros. Hay que promover desde el mundo municipal una gestión pública y comunitaria de la energía, en la medida que se trata de un bien público y priorizando su función social.
  • Búsqueda de consenso y frente común entre diferentes actores y escalas de actuación, para impulsar políticas energéticas con vertiente social. Los países de la UE son, en gran parte, responsables de sus políticas energéticas nacionales, y las normas de la UE les permiten tomar medidas de emergencia para proteger a los consumidores de los costes más elevados. Es necesario que las administraciones presionen para que estas medidas sean urgentes, eficaces y equitativas.
  • Apoyo a diferentes actores para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Es conveniente apoyar y acompañar el tejido empresarial y la economía local para un viraje hacia una dependencia menor de los combustibles fósiles y su precio volátil. Por ejemplo, impulsando las políticas encaminadas a reducir la demanda y a firmar acuerdos de compra de energía renovable, iniciando propuestas de agregación de la demanda entre las pequeñas empresas para que firmen conjuntamente estos contratos, etc.
  • Tareas de fiscalización y control de las empresas para la defensa del derecho a la energía. Se pueden articular alianzas con otras escalas territoriales de gobierno para activar varias vías judiciales con el propósito de impulsar litigios estratégicos que aspiren a cambiar el marco normativo o una determinada interpretación del derecho, con efectos generales que transciendan el caso concreto.

Las 20 recomendaciones de la Sindicatura al Ayuntamiento

  • Mantener y reforzar los puntos de asesoramiento energético (PAE) como una política estable al Ayuntamiento de Barcelona, y ampliar algunos de sus servicios, puesto que han mejorado el acceso a la información y el empoderamiento de la ciudadanía en materia de derechos energéticos.
  • Recuperar la presencialidad de los PAE. Más allá de que se continúe con el servicio de cita previa, hay que recuperar la atención presencial y sin cita para las personas que tengan una urgencia (por ejemplo, un corte de suministro).
  • Incorporar un servicio nuevo de asesoría específica en el ámbito de la rehabilitación como las “One stop shops” o atención en ventanilla única, basado en ejemplos otras ciudades europeas.
  • Continuar y reforzar las auditorías energéticas a los hogares más vulnerables para contribuir a que las personas vulnerabilizadas hagan un uso digno de sus suministros, puesto que, en muchos casos, su consumo está por debajo del necesario para vivir dignamente.
  • Identificar los colectivos más vulnerables a la pobreza energética. Varios estudios hechos en la ciudad de Barcelona muestran que el género es un factor de riesgo, o que la infancia y las personas mayores son más vulnerables. Es necesario que el Ayuntamiento desarrolle programas específicos de atención a estos colectivos más vulnerables implicando a los PAE, los servicios sociales, las escuelas, la atención primaria y las redes vecinales, entre otras.
  • Prestar una atención más integral a las personas que sufren pobreza energética. Es necesario reforzar su seguimiento y acompañamiento, no solo por parte de los PAE, sino también en coordinación con Servicios Sociales y otros servicios especializados. En muchos casos, sufren otras vulnerabilidades, más allá de la pobreza energética.
  • Establecer ayudas para la rehabilitación de edificios a familias vulnerabilizadas e identificar proactivamente los edificios y los hogares más necesitados a través de mediadores comunitarios que, a su vez, faciliten la gestión de estos proyectos con el vecindario. Estas ayudas deben llegar a las personas más vulnerabilizadas priorizando criterios de renta y estableciendo mecanismos para facilitar el acceso mediante la eliminación de las barreras burocráticas.
  • Organizar formaciones y sesiones divulgativas sobre optimización de facturas, ayudas a las cuales acogerse y derechos energéticos. Algunas de estas formaciones ya se hacen desde los PAE, pero el objetivo es que transciendan más allá de estos espacios y lleguen a toda la ciudadanía. Se propone que se puedan impartir en espacios como por ejemplo las bibliotecas, centros cívicos, consejos de barrio, etc.
  • Instar al Gobierno central para que todas las comercializadoras puedan ofrecer descuentos a las familias en situación de vulnerabilidad y conseguir una aplicación eficaz de las ayudas, principalmente en función de las rentas.
  • Llevar a cabo una diagnosis de la demanda energética a través de una auditoría para establecer cuáles son los grandes consumidores de energía de la ciudad, y poder reducir o ahorrar aquellos consumos de los cuales se puede prescindir. En el ámbito doméstico hay que detectar donde se produce un consumo más elevado de la energía y ofrecer formaciones para orientar las personas sobre la necesidad de un cambio en sus hábitos de consumo.
  • Mantener la comercializadora pública como servicio municipal que contribuye a un cambio de modelo orientado a entender la energía como un servicio público y un derecho de la ciudadanía.
  • Impulsar comunidades energéticas en todos los barrios y distritos de la ciudad ofreciendo tejados y equipamientos públicos para que la ciudadanía los pueda gestionar, o bien apoyando a iniciativas entre particulares (como ya se hace en Sant Martí, el Guinardó o Sants). Hay que potenciar el rol de la economía social y solidaria en estos procesos, así como propiciar mecanismos para que las personas en situación de vulnerabilidad energética puedan participar de manera vinculante en estas comunidades energéticas como miembros de pleno derecho.
  • Elaborar una guía para la implementación de placas solares en la ciudad de Barcelona con el objetivo de fomentar el autoconsumo a escala particular. Esta guía debe tener en cuenta e informar sobre la tipología de edificios y las normativas aplicables, con el propósito de impulsar el autoconsumo.
  • Incrementar el autoconsumo colectivo de proximidad (escuelas, institutos, gimnasios y otros edificios municipales). Potenciar las comunidades energéticas locales mediante la cesión de tejados municipales para poder crear espacios colectivos de generación de energía fuera del mercado que también puedan contribuir a reducir la pobreza energética en la ciudad.
  • Impulsar una campaña comunicativa que dé a conocer programas como el «Carrega’t d’energia» para llegar a la ciudadanía y hacerlos partícipes de las diferentes iniciativas que contribuyen a ampliar su cultura energética.
  • Promover iniciativas de impulso del autoconsumo compartido en el sector empresarial, como las que ya se llevan a cabo desde BCN Energía y el Ayuntamiento; incentivar las pequeñas y medianas empresas del sector de las renovables; acordar procesos de transición energética, como el que se trabaja actualmente en la Zona Franca, y buscar proactivamente la eficiencia en consumo, pero también económica, en los contratos de luz de este sector.
  • Mejorar la eficiencia energética del patrimonio municipal. Es necesario que los edificios, las instalaciones y los espacios públicos reduzcan todavía más los costes de los suministros municipales y de las entidades que dependen.
  • Avanzar en otras formas de generación renovable en la ciudad, como por ejemplo la eólica y la fotovoltaica.
  • Reforzar los refugios climáticos y garantizar la apertura, con el fin de conseguir el confort térmico de la ciudadanía en situaciones de temperaturas extremas y a lo largo de todo el territorio.
  • Hacer máxima publicidad y difusión de todas las medidas que se lleven a cabo en la ciudad para reducir el impacto del incremento de las tarifas de la luz sobre la ciudadanía, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la energía.