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El acceso a la participación de las personas en situación de vulnerabilidad, eje principal de un proyecto Europeo en el que participa la Sindicatura

Projecte europeu persones amb diversitat funcional

La Unión Europea ha dotado de presupuesto el proyecto «iDEM: Espacios democráticos innovadores e inclusivos para la deliberación y la participación», en el que participa la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Esta iniciativa, liderada por la Universidad Pompeu Fabra, busca potenciar el acceso a los procesos de participación y deliberación a personas con diversidad funcional, y cuenta con la participación de 11 instituciones de 6 países diferentes.

Entidades participantes

El proyecto cuenta con una diversidad de instituciones participantes: la Universidad Pompeu Fabra, la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, la Fundación Cibervoluntarios , la Organización de entidades a favor de las personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid (Plena Inclusión Madrid) por parte del estado español, junto con la Universidad de Leeds (Reino Unido), CFS GmbH (Austria), el Nexus Institut Fur Kooperations Managemenet und Interdisziplinare Forschung GMBH (Alemania), el National Microelectronics Applications Centre Ltd (Irlanda), y Anffas Nazionale y Actionaid International Italia Onlus (Italia).

Cada una de estas instituciones aportará una parte clave en el proceso, siendo el rol de la Sindicatura el de implementar y potenciar canales de participación para fomentar la implicación de personas con situaciones de vulnerabilidad (diversidad funcional , personas mayores, personas migradas) en espacios de decisión sobre el derecho a la ciudad y los derechos humanos de proximidad.

Facilitar el acceso a la participación

«iDEM: Espacios democráticos innovadores e inclusivos para la deliberación y la participación» quiere servir para entender las limitaciones en la participación de estos colectivos de manera interseccional y diseñar una solución para acercar estos procesos en estos sectores de la ciudadanía. El proyecto parte de un análisis interseccional de las condiciones bajo las que las estructuras de poder existentes limitan la participación de colectivos vulnerabilizados.

Este será el primer estudio que investigará la inteligencia artificial y los métodos de procesamiento del lenguaje natural como facilitadores para abordar la desigualdad política para la deliberación y la participación en espacios democráticos.

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¿Qué puedo hacer ante un envenenamiento de perros?

Veneno perros

El envenenamiento de perros es una preocupación para las personas propietarias, dada la falta de control que genera una posible ingesta de sustancias tóxicas o peligrosas en el espacio público.

El maltrato animal está tipificado como delito en el código penal. Sin embargo, se ha dado recientemente en Barcelona algún caso de intoxicaciones provocadas por carne envenenada o ingesta de agujas u otros objetos nocivos. Una vecina de Sant Andreu lo denunció a principios de 2023 y también presentó una queja a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

¿Quieres saber qué hacer ante un caso como éste?

Primer paso, ir a una clínica veterinaria

Si observas síntomas de envenenamiento o ves alguna conducta poco habitual después de que el animal haya ingerido o podido ingerir algo en la calle, es recomendable llevarlo a una clínica veterinaria. Actuar con celeridad puede ser esencial para salvar su vida.

Igualmente, el personal de la clínica podrá observar si se puede tratar de un caso de este tipo o si el perro puede tener otro tipo de problema, información que puede ayudar a las autoridades para identificar posibles zonas donde se den este tipo de incidentes.

Denunciar los hechos

Tanto si has observado alguna conducta extraña, hallado comida sospechosa en la calle o si tu mascota ha sufrido un envenenamiento, debe denunciarse la situación para que los cuerpos policiales puedan tener constancia y actuar. Especialmente si has observado cualquier atisbo, llama al teléfono de Emergencias para explicar la situación.

En casos como el mencionado en Sant Andreu, la Guardia Urbana investiga los hechos a través de su cuerpo del Equipo de Policía de Barrio (EPB). Los agentes visitan clínicas veterinarias y cualquier persona que pueda proporcionar información para averiguar lo ocurrido, y pueden tomar medidas como intensificar el patrullaje policial uniformado y de paisano, o avisar al servicio de limpieza de vía pública para dar instrucciones de cómo actuar en el caso de detectar algún alimento o sustancia sospechosa.

En caso de encontrar a la persona o personas responsables, se enfrentarán a un delito que puede acarrear penas de prisión.

Si la actuación no es la adecuada

En caso de que observes que la actuación de la Guardia Urbana o cualquier otro servicio municipal pueda ser inadecuada o poco eficaz, puedes dirigirte a la Sindicatura de Greuges de Barcelona por presentar una queja. De esta forma, la defensoría pide información del caso y evalúa si la intervención se ha ajustado a lo que marca la normativa.

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¿Cuál es la carga turística que puede sostener el barrio de la Sagrada Família?

Turistificación Sagrada Familia

La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama al Ayuntamiento de Barcelona que proteja los derechos del vecindario de Sagrada Família, que tiene dificultades para conciliar su vida diaria con los usos turísticos del entorno .

A raíz de la queja de una persona por los efectos de la turistificación en su barrio, la Sindicatura ha estudiado este fenómeno y la afectación de los derechos del vecindario que comporta. La conclusión es que, aunque la actuación del consistorio se ajusta a lo que establece la ley y que se está actuando para conseguir una gestión adecuada del turismo, no se está protegiendo de manera eficaz a la población de los entornos del templo.

La turistificación afecta a multitud de derechos

La actividad turística que rodea la Sagrada Familia afecta al disfrute de diferentes derechos de la ciudadanía, como el derecho a la convivencia pacífica, al espacio público, a la vivienda o al medio ambiente, entre otros.

La Sindicatura recibe numerosas quejas relacionadas con problemas de convivencia derivados del uso intensivo del espacio público por parte de las personas visitantes. Estas problemáticas encarnan las denominadas “externalidades negativas” del turismo, entrando en conflicto con el derecho a la ciudad de la población local. Recientemente la Sindicatura se ha pronunciado sobre otros casos relacionados con la actividad turística, como hizo en mayo con la recomendación de reforzar la no transmisibilidad de las licencias por viviendas de uso turístico.

Requiere especial atención la situación en los espacios de gran afluencia (EGA), como es la Sagrada Família y su entorno. Éstos son lugares donde se concentra una gran cantidad de visitantes, incrementando el impacto sobre la convivencia con el vecindario de la zona.

Pérdida de la identidad de los barrios

Uno de los efectos preocupantes que observa la Sindicatura ante la turistificación de espacios como el entorno de la Sagrada Família es la pérdida de la identidad de los barrios y la dedicación del tejido comercial a las necesidades de las personas visitantes por delante del vecindario.

La transformación de los usos comerciales de los locales de la zona puede generar dificultades para la población que quiere desarrollar una vida cotidiana. Tanto por el acceso a bienes y servicios, como por el incremento de su precio.

Esta transformación también afecta al tejido asociativo del barrio, especialmente ante la dificultad para garantizar el acceso a una vivienda en el barrio por la población. Además, personas mayores e infancia sufren una afectación especial por la turistificación, ya que las primeras a menudo son las más afectadas por una pérdida del sentimiento de pertenencia al lugar, mientras que las segundas no pueden gozar de autonomía ni espacio de recreo suficiente.

La acción del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Barcelona está actuando para gestionar de forma adecuada la afluencia turística a la ciudad, como muestran los diferentes planes estratégicos y medidas de gobierno en esta materia y la creación de órganos como el Consejo de Turismo y Ciudad o la Mesa de Gestión Turística. Pero esta actuación no es suficiente para garantizar los derechos de la ciudadanía de la Sagrada Família y otros entornos turísticos.

Uno de los aspectos de la estrategia municipal que preocupa a la Sindicatura es la desconcentración turística. El impulso de medidas correctoras del impacto negativo de la actividad turística es positivo, pero existe un riesgo de expulsar hacia otros territorios los mismos problemas que se dan ahora en los barrios más tensionados por el turismo.

Finalmente, la Sindicatura ha emitido una serie de recomendaciones para asegurar la protección del derecho a la ciudad de la población de este barrio, que pasan por reforzar el control de las actividades comerciales y la seguridad de la zona, la revisión de la eficacia de las medidas adoptadas, que se cree un espacio de debate para repensar el modelo de turismo con el fin de hacerlo compatible con la protección de los derechos de proximidad, y que estas recomendaciones se hagan extensivas al resto de distritos afectados por la turistificación.

En cuanto a la recomendación de crear un espacio de debate para repensar el modelo de turismo con el fin de hacerlo compatible con la protección de los derechos de proximidad, en marzo de 2024 el Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado a la Sindicatura que valora la idoneidad de esta recomendación y que la incorpora como propuesta para el grupo de trabajo ‘Prioridades para el modelo turístico de la ciudad en los próximos años’, que forma parte del Consejo de Turismo y Ciudad.

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La Sindicatura invita a mantener el equilibrio entre el respeto al derecho al descanso y el disfrute del derecho a la cultura

Dinar popular al barri del Raval

La armonía entre el derecho a la cultura y el ocio relacionada con la celebración de fiestas populares y el derecho al descanso del vecindario es un elemento delicado de la convivencia ciudadana. La Sindicatura se ha pronunciado recordando la importancia de que la Administración vele por el mantenimiento el equilibrio de estos derechos ante la queja de una ciudadana de Gràcia con motivo de las molestias ocasionadas por las celebraciones de fiestas populares en su calle.

El derecho al descanso, en conflicto

Poder descansar y tener garantizada la intimidad en el hogar es esencial para poder desarrollar una vida saludable. Además, son derechos contemplados y protegidos, también, en la normativa municipal. Pero en ocasiones puede entrar en conflicto con otros derechos de la ciudadanía, como es el caso de la celebración de actividades lúdicas en el espacio público.

Las molestias que pueden provocar las celebraciones o conciertos en la calle y la disconformidad con la actuación municipal ante estas situaciones son objeto de conocimiento frecuente por parte de la Sindicatura de Greuges.

La utilización de la vía pública con motivo de fiestas mayores o fiestas populares es una práctica habitual en los municipios. Sin embargo, se trata de hacer posible, en lo posible, la conciliación entre el derecho a disfrutar de actividades culturales y festivas en el espacio público y los derechos a disponer de unas condiciones de vida saludables, asegurando la tranquilidad en el interior de las viviendas.

Con este objetivo ha establecido un número máximo de doce espectáculos o actividades recreativas anuales en el mismo espacio. Esta limitación también consta en las recomendaciones de horarios, duración y medidas de mejora del impacto acústico para la realización de eventos en la vía pública, que elaboró la Comisión Barcelona Eventos del Ayuntamiento de Barcelona, el 3 de febrero de 2022.

La convivencia de estos derechos

Si bien es cierto que en las ciudades debemos poder vivir de forma confortable, no lo es menos que las dinámicas de uso del espacio público pueden confrontar los intereses de la ciudadanía. Tan legítimo es querer disfrutar de las fiestas y encuentros en la calle como querer descansar en el mismo domicilio sin sufrir el ruido que provocan estos encuentros.

No podemos olvidar que la celebración de actividades lúdicas y los encuentros en la calle entre las personas que forman parte de una misma asociación o de un mismo barrio, son eventos especiales que contribuyen a humanizar nuestro entorno y que, en definitiva, pretenden compartir valores culturales y experiencias que fomenten la unidad entre generaciones y grupos del propio territorio.

Estas dinámicas de uso del espacio público implican que la Administración tenga que emplear esfuerzos en hacer compatible el derecho al descanso con la realización de estos encuentros vecinales. Por tanto, hay que velar por que se respete el número máximo de doce actividades previstas por la norma, para el cumplimiento de los índices permitidos de inmisión acústica, realizar un control estricto de los horarios autorizados y valorar la posibilidad de realizar cambios periódicos de ubicación de la celebración de este tipo de eventos.

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La Sindicatura invita a Ayuntamiento y comunidad educativa a trabajar para ofrecer los mejores entornos escolares a la infancia

Vista zenital d'una zona pacificada dins del projecte Protegim les escoles

La complicidad entre la administración pública y la comunidad educativa es esencial para ofrecer unos entornos escolares seguros. Por esta razón, la Sindicatura de Greuges de Barcelona invita a Ayuntamiento, centros educativos y familias a trabajar de forma estrecha y proactiva con el objetivo de garantizar la protección de la infancia y de sus intereses.

Para defender los derechos de la infancia y con el Plan de juego en el espacio público con horizonte 2030 a la vista, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa «Protegemos las escuelas» para potenciar la pacificación de los entornos escolares. Pero su aplicación no siempre es sencilla, como muestra la queja de una ciudadana que pedía la inclusión en el programa de una escuela de la Bonanova.

El proyecto “Protegemos las escuelas”

“Protegemos las escuelas” es un proyecto pensado para reformar los entornos de los centros educativos, enfocando las actuaciones en el bienestar de las personas que los utilizan y su seguridad. Su objetivo es mejorar la calidad ambiental de los entornos escolares, el confort del espacio público, mejorar su seguridad vial e incrementar la visibilidad de estos entornos.

De este modo, el Ayuntamiento, con la implicación de las comunidades educativas y vecinales, quiere hacer de las escuelas un eje prioritario de todas las actuaciones de transformación del espacio público para, entre otras, disminuir el riesgo de accidentalidad y generar más espacios de encuentro.

De acuerdo con el contenido del programa “Protegemos las escuelas”, el procedimiento consta de tres espacios:

  • Grupo de impulso. Formado por: Modelo Urbano, Educación, Guardia Urbana, Movilidad y Distritos. Estos organismos seleccionan y priorizan las escuelas de forma conjunta.
  • Mesa de entornos escolares en cada distrito. Espacio de encuentro de las comunidades educativas, del distrito y de los servicios técnicos municipales para realizar el seguimiento del programa, analizar las problemáticas y proponer actuaciones para la mejora.
  • Mesa de seguimiento . Es el espacio de ciudad con entidades y personas interesadas en realizar aportaciones y el seguimiento del programa.

El propio programa establece los criterios para priorizar a los centros educativos.

La implementación del programa “Protegemos las escuelas” ha supuesto un incremento del tiempo de estancia en los entornos escolares de lunes a jueves, que ha pasado de un 25% a un 56%. Los factores determinantes de este incremento son tanto la ampliación del espacio de estancia en los entornos escolares como la comodidad del espacio físico. Asimismo, ha potenciado el juego espontáneo por parte de los niños, la sensación de seguridad y la consideración de bienestar de la comunidad educativa.

Una responsabilidad compartida

La Sindicatura defiende el derecho a un urbanismo armonioso y sostenible, y el derecho al espacio público. Iniciativas como el proyecto «Protegemos las escuelas» ayudan a garantizar los derechos humanos de proximidad ya crear un espacio más adecuado para el desarrollo de las actividades de la ciudadanía. Pero por su correcta implementación, es necesaria la complicidad de todas las personas que comparten estos espacios.

Por tanto, se requiere, también, de la implicación de todos los agentes que conviven en la ciudad. En el caso que nos ocupa, el papel de la comunidad educativa es fundamental para salvaguardar los derechos de la infancia y la seguridad vial.

En casos como el de la escuela objeto de la queja, se observa la importancia de la complicidad de la comunidad educativa y de las familias que llevan a sus hijos e hijas a la escuela, ya que las propuestas de mejora implican necesariamente buscar alternativas a la movilidad privada para desplazarse a la escuela o, como mínimo, para evitar el estacionamiento o la parada de vehículos en la acera o frente al centro escolar.

Por tanto, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda a las unidades territoriales del Ayuntamiento que sigan trabajando para conseguir un diálogo efectivo con la comunidad educativa, a fin de promover conjuntamente y de manera progresiva el diseño de unos entornos escolares seguros y mejorar la seguridad vial del alumnado de los centros de la ciudad.

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La Sindicatura reclama garantizar el acceso equitativo a la cultura de las familias numerosas y monoparentales

Vista del públic del Teatre Grec

La Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) que busque fórmulas apropiadas para poder garantizar el acceso equitativo de las familias numerosas o monoparentales a los actos culturales sin limitar previamente su número.

Ante la queja de un ciudadano en relación con los descuentos que se aplicaban en el Festival Grec, la Sindicatura ha revisado la política de precios del ente municipal, llegando a la citada conclusión y recomendación.

La problemática de la política de descuentos del Festival Grec

Como manifestaba en su queja el ciudadano afectado, el Festival Grec cuenta con diferentes descuentos . Entre ellos, un 50% de rebaja por las familias numerosas y monoparentales. Pero estos descuentos pueden estar limitados por los distintos espectáculos.

La limitación de los descuentos se decide en función de las características del aforo de los espacios y de los acuerdos contractuales con las compañías actuantes o con los promotores/as de los espectáculos. De esta forma, se establecen unos descuentos que se aplican en función del orden de llegada, con un número determinado, hasta que estas entradas con descuento se agotan.

Una limitación en conflicto con la normativa vigente

Desde el ICUB remarcan que el sostenimiento del festival se basa también en los ingresos por la venta de entradas, por lo que estos descuentos deben equilibrarse con los ingresos, y que se promueve una política de descuentos lo más amplia posible. Pero esta visión entra en conflicto con la normativa vigente, que estipula que el derecho a la cultura es básico y fundamental, y que debe velarse para que no se puedan dar situaciones de desigualdad en el acceso a la cultura.

Atendiendo a la normativa vigente, la Sindicatura entiende que no se puede limitar en ningún caso el número de familias numerosas o monoparentales que pueden acceder al Festival Grec ni a otros actos culturales de dependencia municipal.

La Sindicatura considera que las compañías, promotores y asociaciones empresariales ejercen su legítimo derecho a negociar las condiciones más ventajosas en cuanto a las condiciones y beneficios económicos. Sin embargo, en esta negociación, el ICUB debe velar en todo momento para garantizar los derechos a las familias de acuerdo con lo establecido en la normativa, en tanto que órgano de la Administración pública local.

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La Sindicatura pide un mayor control por el uso de bicicletas en Collserola

Imatge de zona forestal de Collserola

El uso de bicicletas en el Parque Natural de Collserola está regulado y limitado por diferentes ordenanzas. Pero estas limitaciones no siempre se respetan, como apunta la queja de un ciudadano en la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

A continuación detallamos los usos permitidos de bicicletas en el Parque de Collserola y las recomendaciones de la Sindicatura al respecto de esta práctica para garantizar el derecho al medio ambiente ya una convivencia pacífica.

¿Qué uso se puede hacer de la bicicleta en Collserola?

Las ordenanzas del Parque de Collserola señala unas pautas de comportamiento para hacer compatible el uso de la bicicleta con el uso a pie del parque y la protección del patrimonio natural del parque. Este texto establece por la circulación en bicicleta en el parque las siguientes normas:

  1. Sólo se podrá circular en bicicleta por los itinerarios y pistas señalizados a tal efecto: vías principales, pistas forestales y caminos de paseo con una anchura de más de tres metros.
  2. Queda expresamente prohibido circular en bicicleta por senderos, rieras, campos a través, caminos de anchura inferior a tres metros y vías especializadas para otros usos.
  3. En ningún caso se podrá circular a una velocidad superior a los 20 km/h ni organizar o llevar a cabo carreras ciclistas.
  4. Los ciclistas que circulen por las vías del Parque tienen la obligación de respetar a los peatones, sin ocasionarles molestias y respetando su preferencia.< /li>

Sanciones por uso inadecuado de la bicicleta en Collserola y recomendaciones de la Sindicatura

La sanción del incumplimiento de estas normas requiere, sin embargo, que los nueve municipios de los que forma parte el Parque Natural de Collserola incorporen facultades sancionadoras que permitan corregir actuaciones ilegales o prohibidas en cuanto al uso de la misma bicicleta en el Parque.

Aunque la Asamblea General del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola aprobó el Marco sancionador de las ordenanzas sobre el uso de la bicicleta en el Parque, no todos los municipios han incorporado facultades sancionadoras, dificultando la imposición de multas a las que incumple la normativa establecida.

Dentro del Parque de Collserola hay una serie de paseos, itinerarios y recorridos, tanto para andar como para ir en bicicleta, y todos ellos están señalizados con los correspondientes indicadores. Actualmente el Parque de Collserola tiene más de 250 Km aptos para el uso ciclista, pero aun así se observa un uso inadecuado de itinerarios prohibidos en la circulación de bicicletas. Lo que tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre la convivencia ciudadana.

Por tanto, una de las principales recomendaciones de la Sindicatura para asegurar que se mantiene el parque y la convivencia en este espacio pasa por una mejora de la coordinación entre el Consorcio y los ayuntamientos que forman parte del mismo , trabajando para detectar cuáles son los puntos más conflictivos y dónde se cometen a menudo infracciones, y cómo evitarlas.

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¿Tienen todos los centros deportivos municipales la misma política de transparencia respecto a sus precios?

Persones fan servir les instal·lacions d'un centre esportiu municipal

A raíz de la queja de un ciudadano que era socio de un club deportivo donde la información relativa a las tarifas no era pública ni se le había querido facilitar después de pedirla, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha revisado la política de transparencia en la publicación de las tarifas generales para las personas usuarias de centros deportivos municipales (CEM).

Las tarifas de los CEM tienen la consideración de precios públicos, y como tales su publicación es obligatoria. Pero, ¿se respeta esta norma? ¿Cómo deben cumplirlo?

La obligación de transparencia a los precios de los CEM

De acuerdo con el Reglamento de las instalaciones deportivas de la ciudad de Barcelona, vigente desde el año 1992, en cada CEM debe figurar un letrero que, entre otros, debe informar del precio del uso ocasional de las instalaciones deportivas. Esta obligación también se incluye en el contrato de concesión o de gestión de servicios públicos del CEM, como una obligación de las empresas gestoras o concesionarias de los equipamientos deportivos.

Según el informe municipal, el reglamento se encuentra en revisión. Ahora bien, hasta que éste no se modifique, la obligación de informar sobre las tarifas está vigente. En esta misma línea, la Sindicatura defiende que la revisión debería mantener la obligación de publicidad de las tarifas, aunque sea en un soporte más actualizado distinto al del rótulo.

De hecho, la mayoría de las empresas gestoras o concesionarias del CEM publican las diversas tarifas en la web del equipamiento deportivo. Pero no todas, dificultando así el acceso a los precios generales de los equipamientos.

Por otra parte, las empresas gestoras o concesionarias de los CEM pueden ofrecer tarifas rebajadas y ofertas para atraer a un mayor volumen de personas. Pero este hecho no quita que tengan que mostrar sus precios generales.

El mantenimiento, clave para un servicio de calidad

De igual modo que deben facilitar sus precios generales, los CEM también deben conservarse en buen estado, y el gestor debe cumplir las cláusulas de condiciones impuestas en esta materia por el Ayuntamiento. De esta forma, se garantiza el acceso de la ciudadanía al derecho al deporte en unas condiciones adecuadas.

Parece lógico que, si se deben realizar reparaciones puntuales, algunos servicios de los equipamientos queden cerrados hasta la finalización de las obras que sean necesarias.

Ahora bien, a fin de cumplir esta obligación con la diligencia debida, las obras deben durar el menor tiempo posible para no perjudicar a las personas usuarias. Asimismo, sería conveniente que, siempre que fuera posible, las obras se programaran en períodos en los que haya un número menor de usuarios.

En cualquier caso, las intervenciones de mantenimiento y su programación deben anunciarse a los usuarios con un tiempo de antelación suficiente, para no ocasionar unas expectativas de servicio que no se pueden cumplir , como ocurrió en el caso objeto de queja.

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Es necesaria una mejor colaboración entre administraciones para proteger el derecho al empadronamiento de infancia extranjera indocumentada

Cuando nos referimos a la infancia, no se puede distinguir entre personas menores nacionales y extranjeras ni entre regulares o irregulares, ya que los derechos proclamados por la Convención sobre los derechos de la infancia se reconocen sobre todas las personas menores de edad, sin distinción. Pero observemos que, en ocasiones, la infancia extranjera tiene dificultades para acceder a un derecho básico como el empadronamiento, como muestra la queja de una ciudadana por la imposibilidad de empadronar a su hijo acogido de manera permanente.

Por esta razón, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda a la administración local que se articulen medidas de coordinación y colaboración entre las administraciones implicadas, a fin de velar por el interés superior de la infancia y sus derechos.

Dificultad para acceder al empadronamiento

Según consta en la queja presentada ante la Sindicatura, el niño nació en 2018, está tutelado por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) desde el año 2019 y en medida de acogimiento familiar permanente desde el año 2021. Sin embargo, nunca ha sido empadronado.

La madre de acogida del niño ha intentado regularizar su situación de empadronamiento, pero la documentación facilitada por la DGAIA para realizar el trámite no contenía toda la información necesaria para realizar el asiento registral. En la citada documentación no se hacía referencia al lugar de nacimiento de la persona menor, que es un dato obligatorio. Por esta razón, no se validó el proceso de empadronamiento, con la consiguiente desprotección del niño.

La necesidad de garantizar el derecho al empadronamiento y mejorar la coordinación entre administraciones

Dado que el estatuto jurídico de la persona menor prevalece sobre el de persona extranjera, debe admitirse su inscripción sin documentación en el padrón de habitantes. Y las administraciones públicas deben desarrollar su actividad de forma que las personas menores de edad sean consideradas y reconocidas como ciudadanas de pleno derecho, actuando de forma coordinada cuando sea necesario.

Los niños extranjeros tutelados por la DGAIA pueden empadronarse sin aportar el documento alternativo al DNI (como podría ser el pasaporte). Este documento se sustituye en estos casos por la resolución de la DGAIA conforme asume la tutela.

Ahora bien, es imprescindible que, a través de la DGAIA, se haga constar los datos de filiación del menor (nombre, fecha y lugar de nacimiento). La documentación que facilitó la DGAIA en este caso no hacía constar el lugar de nacimiento, que conocía que era España.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona sólo tiene potestad para supervisar la actuación del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, consideramos que hay que hacer una reflexión sobre la coordinación y la colaboración interinstitucional en supuestos como el que ha sido objeto de esta queja, a fin de velar por el interés superior de la persona menor y el acceso al empadronamiento.

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La Sindicatura recomienda revisar la no transmisibilidad de licencias en las viviendas de uso turístico de las zonas tensionadas

Dona obre la porta d'un pis amb la clau

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomendado al Ayuntamiento de Barcelona que reconsidere la interpretación del artículo del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) que regula la no transmisibilidad de las licencias de viviendas de uso turístico (HUT). Esta Sindicatura considera que es necesario limitar la transmisión de este tipo de licencias a las zonas más tensionadas de la ciudad para garantizar el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas de Barcelona.

A raíz de la queja de una ciudadana por las molestias ocasionadas por dos HUT en su finca, la Sindicatura ha revisado la actuación de la administración ante este caso y la normativa vigente. De esta forma, se puede observar que la interpretación que se hace actualmente del artículo 26.2 del PEUAT perpetúa las habilitaciones de HUT en vigor en zonas muy tensionadas de la ciudad mediante su transmisión y propicia la explotación turística sobre la vivienda habitual y permanente.

Por otra parte, la Sindicatura considera que debe ser muy estricto en los traspasos que se comuniquen, de momento y mientras no se modifique esta interpretación, y que no deben aceptarse en ningún caso aquellos que tengan expedientes disciplinarios o sancionadores en tramitación.

El caso objeto de la queja

Una vecina del Eixample denunciaba en junio de 2022 molestias habituales por comportamientos incívicos de algunas de las personas turistas que se alojaban en los HUT que se encuentran la finca en la que vive. Ni las personas propietarias ni las gestoras de los pisos se hacían responsables y la Guardia Urbana sólo intervenía cuando se trataba de molestias por ruido o alguna incidencia de tipo grave.

Meses después, la Jefatura de Servicios de Inspección comprobó si los HUT de la finca cumplían con la legislación vigente, resultando en la apertura de un procedimiento a uno de ellos. Igualmente se invitó a las partes a participar en un proceso de mediación, pero los responsables de los pisos turísticos no mostraron su voluntad de participar.

Al menos uno de los dos HUT había sido heredado junto a la licencia para ejercer esta actividad.

La transmisión de licencias HUT

En enero de 2022 se aprobó definitivamente la actualización del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos con el objetivo de conseguir una gestión sostenible del turismo, compatibilizando los distintos usos y preservando la vida cotidiana y el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas.

Una de las previsiones normativas de este documento es la no transmisibilidad de los títulos habilitantes que amparan el desarrollo de la actividad de HUT, prevista en el artículo 26.2. En relación al alcance de este artículo, se aprobó una instrucción para su interpretación en julio de 2022.

En este sentido, esta Sindicatura celebra que se haya restringido el régimen de transmisión de estas actividades turísticas y quiere ponerse de manifiesto que era una recomendación emitida desde esta institución con el objetivo de evitar la gentrificación en determinados barrios y el encarecimiento desproporcionado de las viviendas.

Pero, con la interpretación actual, esta medida de no transmisibilidad se aplica únicamente a las nuevas altas. Una interpretación que esta Sindicatura piensa que es necesario reconsiderar. Especialmente en los casos en que tengan expedientes disciplinarios o sancionadores en tramitación.

La verificación de los requisitos de los HUT

Por otra parte, la Sindicatura también recomienda que se realice una verificación exhaustiva de los requisitos de todos los HUT existentes para asegurar que se cumple con la legislación vigente.

En 2021, el Ayuntamiento aceptó una recomendación de esta Sindicatura e inició un plan de inspección de revisión de los HUT incluidos en el censo del PEUAT. Ahora bien, por lo que se desprende del estudio de esta queja no se comprobó en ese momento el cumplimiento de las condiciones exigibles a los HUT, o al menos en este caso, ya que en la finca objeto de la queja constaba uno que no las cumplía. Recordemos, por tanto, que tanto el otorgamiento de los permisos de las actividades turísticas que se llevan a cabo en la ciudad, como el ejercicio de la función inspectora y la potestad sancionadora sobre estas actividades turísticas corresponden al municipio.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona insta a una buena coordinación entre administraciones por la convivencia en el barrio de la Bonanova

Lema Okupa i Resiste a un terrat de Barcelona

La defensoría recuerda que existe un proceso legal y señala que amenazas como la realizada por Desokupa generan un gasto público innecesario

A la Sindicatura de Greuges de Barcelona le preocupa la situación de tensión que se está viviendo en el barrio de la Bonanova, después de que la empresa Desokupa, que se autocalifica como especializada en mediación y desahucios, anunciara su voluntad de actuar al margen de la ley para desalojar los edificios el Kubo y la Ruïna.

Kubo y Ruïna son dos edificios ocupados desde hace años y que son mayoritariamente propiedad de la SAREB, empresa creada precisamente para gestionar viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias de entidades bancarias rescatadas con capital público.

Cabe recordar que cualquier proceso de recuperación de la posesión de inmuebles tiene un recorrido legal, que debe ser ejecutado por las instituciones pertinentes, y no por particulares. De esta forma se puede garantizar la seguridad de las personas y una actuación ajustada a derecho.

Es importante resaltar que, si no existen motivos de riesgo para la seguridad de las personas que ocupan, el proceso para la recuperación de la posesión de inmuebles debe instarle la propiedad. En este proceso pautado jurídicamente, intervienen distintas instituciones. Por una parte la autoridad judicial, que debe dictar la orden de lanzamiento y, por otra parte, los cuerpos policiales, que intervendrán para ejecutar la orden judicial y garantizar la seguridad de las personas. Por tanto, en este caso, la intervención en el proceso de cualquier otro agente no está amparada legalmente.

El resultado de desafiar a los poderes públicos, con la amenaza de procedimientos de desahucio que se apartan de lo establecido legalmente, no sólo está generando crispación y una ruptura no deseada de la paz social del barrio. También está ocasionando un importante gasto público, obligando a los cuerpos de seguridad a diseñar dispositivos específicos para evitar enfrentamientos y impedir que la empresa Desokupa intervenga en un proceso que en estos momentos se encuentra en sede judicial.

Sin duda, las consecuencias de la provocación irresponsable de este gasto público deberían ser imputables a las personas y actores que han atizado este conflicto de orden público.

Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona instamos a todas las administraciones competentes para que realicen sus funciones con absoluta coordinación, a fin de gestionar la situación, y conseguir el restablecimiento de la paz social en el barrio.

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El Ayuntamiento de Barcelona debe mejorar su comunicación y transparencia de los programas de accesibilidad para actividades en centros cívicos

A raíz de la queja de una ciudadana con diversidad funcional  por las dificultades con las que se encontraba para poder contar con la figura de asistente personal para la realización de actividades en centros cívicos, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha concluido que el IMPD, conjuntamente con el ICUB, debe mejorar la comunicación de los programas de apoyo a la accesibilidad por actividades a centros cívicos.

La información relativa a programas como el Proyecto Ocio Inclusivo, que promueve el derecho de acceso a la cultura a través de un sistema de bonificaciones, así como con soportes adicionales, no está recogida en documentos oficiales del Ayuntamiento de Barcelona de forma suficientemente accesible y transparente. Por esta razón, desde la Sindicatura recomendamos que el Ayuntamiento haga mayor difusión de las condiciones necesarias para acceder en este tipo de programas a través de la web correspondiente y de cualquier otro medio de información relevante.

El caso objeto de queja

Una ciudadana realizaba diversas actividades en el Centro Cívico de Sant Martí durante el curso 2021-22, con apoyo de un asistente personal en varias de ellas. Pero al empezar otra actividad se le comunicó que no recibiría ese tipo de apoyo porque era innecesario ante las condiciones de la actividad: dispondría de apuntes con letra ampliada y espacio en primera fila. Por otro lado, desde el IMPD se subvencionó el servicio puerta a puerta para la vuelta a su domicilio frente a sus problemas de movilidad y visión.

La afectada afirmaba que, según le habían informado, tenía presupuestado el servicio de asistente personal para tres actividades hasta diciembre de 2022. Pero en el informe municipal se expone que el programa al que se acogió a la ciudadana prevé el apoyo de un asistente personal por un solo taller por trimestre y centro cívico, aunque ella estuviera recibiendo apoyo a tres actividades. Lo que indica que se le estaba ofreciendo una cobertura mayor de lo que marca el Proyecto Ocio Inclusivo, aunque no se le comunicara.

Hay que decir que esta información según la cual el apoyo de un asistente personal esté previsto para un solo trimestre y centro cívico no aparece de forma pública en la web de la Red de Centros Cívicos de Barcelona ni se ha podido localizar a la medida de gobierno Plan de centros cívicos de Barcelona 2019-2023.

Una información más transparente

La ciudadana se refería, a la queja presentada a la Sindicatura, a dificultades en el uso de servicios ofrecidos desde centros cívicos de la ciudad ya la falta de respuesta municipal en relación con un asistente personal para la realización de una tercera actividad.

Los centros cívicos de la ciudad son muy diversos y su oferta puede incluir cursos, talleres, exposiciones, charlas y diversas actividades culturales.

Tal y como establece la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y protocolo facultativo de las Naciones Unidas, debe reconocerse el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y deben adoptarse todas las medidas pertinentes.

De acuerdo con estos preceptos, desde el Ayuntamiento de Barcelona, con la Red de Accesibilidad y Vida Independiente (XAVI), se desarrolla el Proyecto Ocio Inclusivo.

Pero en la información pública sobre este proyecto carecen de concreciones, como la limitación en la disponibilidad de asistentes personales. Aspectos importantes para que la ciudadanía pueda disfrutar de una información transparente que facilite el acceso a programas como éste cuando sea adecuado.

Por esta razón, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda al IMPD que, conjuntamente con el ICUB, incluya la concreción de las actividades que puede desarrollar una persona con asistente personal, por trimestre y centro cívico, en la web correspondiente y otros medios de información ciudadana.