Autor: Pablo

Una nueva actuación de oficio de la institución defiende la necesidad de formular y concretar el derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.

Después de analizar el incremento del importe de las tarifas eléctricas y las iniciativas públicas, la Sindicatura ha trasladado veinte recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona.

En el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía decretado por el World Energy Forum, que se celebra mañana 21 de octubre, la Sindicatura de Greuges ha publicado el informe El derecho humano en la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, en el que se analiza el impacto del incremento de las tarifas eléctricas en Barcelona, tanto en la ciudadanía como en el Ayuntamiento, y se exploran vías adecuadas para minimizar sus efectos.

A lo largo del 2021 y del primer semestre del 2022, se ha producido una subida histórica del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que a principios de año rondaba los 50 €/MWh y ha aumentado hasta superar los 500 €/MWh con el inicio de la guerra de Ucrania. Por este motivo, la Sindicatura intervino de oficio para elaborar El derecho humano a la energía: impacto del incremento de las tarifas de la luz en Barcelona, un informe que defiende la necesidad de abordar los asuntos relacionados con la energía desde un enfoque basado en los derechos humanos.

La defensoría considera que hace falta un cambio de paradigma: dejar atrás el concepto de las personas como meros clientes de una empresa suministradora, y conseguir que los ciudadanos y ciudadanas sean titulares de un derecho subjetivo a los suministros básicos a un precio asequible (y dentro de unos parámetros básicos y esenciales de consumo). Es conveniente recordar que, actualmente, el control sobre la energía se concentra en manos de unos cuántos actores económicos, grandes oligopolios, con el visto bueno de las autoridades públicas.

Revertir las lógicas imperantes hoy en día pasa por la formulación y el reconocimiento del derecho humano a la energía. En este estudio presentado por la Sindicatura, se identifica el marco jurídico protector del derecho a la energía en el ámbito internacional, estatal y europeo, y se explica el modelo de protección para las personas más vulnerabilizadas, a escala estatal, autonómica y local. A continuación, se detallan buenas prácticas y, finalmente, se presentan propuestas de actuación y recomendaciones de la Sindicatura de Greuges al Ayuntamiento de Barcelona en esta materia.

El derecho a la energía debe ser considerado un nuevo derecho humano

El derecho a la energía todavía no ha sido reconocido explícitamente por ningún instrumento internacional de derechos humanos. Hoy en día se trata de un constructo político impulsado desde la sociedad civil, que tiene el objetivo de conseguir que la energía sea tratada como un bien esencial, más allá del concepto actual de mercancía. Se debe recordar que es un bien indispensable para atender las necesidades básicas de la vida diaria de una persona en una vivienda: luz, calefacción, refrigeración, alimentación, comunicación, movilidad, etc.

La premisa de partida de este informe se basa en la necesidad y el reconocimiento del derecho a la energía como un nuevo derecho humano. Ante la situación actual de pobreza energética, se han implementado estrategias estatales y autonómicas destinadas a hacer frente a los efectos de la crisis económica en la población más vulnerabilizada. A pesar de que son medidas necesarias, también son insuficientes, puesto que su fundamento se basa en el asistencialismo, pero persiste la carencia de obligaciones jurídicas vinculantes. Por este motivo, la Sindicatura considera imprescindible formular y concretar la necesidad de un derecho humano a la energía para poder exigir jurídicamente su efectividad.

Por otro lado, el derecho a los suministros básicos sí que ha formado parte sustancial de otros derechos reconocidos internacionalmente. Pero hay que dar un paso más allá para establecer un marco jurídico autónomo que sirva de herramienta para las propuestas e iniciativas legislativas que llevan a cabo para paliar la pobreza energética.

En esta línea, la formulación del derecho humano a la energía se engloba en el discurso renovador de los derechos humanos emergentes, que cuestionan y revolucionan el código de valores utilizado hasta ahora, y adecuan las exigencias morales a nuevas circunstancias. La Sindicatura entiende que el derecho humano a la energía se debe contextualizar en una triple dimensión: un derecho de la ciudadanía (acabar con la concepción que es un derecho del consumidor); un servicio público (dejar de entenderla como un bien privado y una fuente de lucro), y una base necesaria para la transición energética hacia las energías renovables.

Como ya se ha citado anteriormente, la concreción del derecho humano a la energía permite articular un discurso centrado en la necesidad de concebir la energía como un bien común. El estudio de la Sindicatura ya se avanza a una posible reacción contraria a esta medida, que base los argumentos en su coste. Esta oposición puede ser rebatida de dos maneras: todos los derechos humanos son caros y la implementación de los mismos no puede fijarse en función de los gastos, sino de las necesidades.

“No será una tarea fácil, pero sí posible: solo hay que mirar atrás y darnos cuenta del camino que ha recorrido hace pocos años el reconocimiento del derecho al agua potable y el saneamiento. La energía también es indispensable para la vida de las personas”, ha manifestado David Bondia, síndic de greuges de Barcelona.

La formulación del derecho humano a la energía no puede quedar únicamente en manos de los juristas, puesto que hace falta un trabajo conjunto desde varias disciplinas (economía, ingeniería, sociología, psicología, politología, etc.). Esta interacción entre los diversos ámbitos posibilita aplicar seis ejes de actuación a la configuración del derecho humano a la energía: disponibilidad; accesibilidad; asequibilidad y aceptabilidad; calidad; participación, y sostenibilidad.

También se debe determinar la estructura interna del derecho humano a la energía, la titularidad y el objeto de protección. Ante el dilema de si es un derecho individual o un derecho colectivo, la Sindicatura conviene que es un derecho de titularidad individual que protege intereses comunes. Por lo tanto, su exigibilidad ante las administraciones puede hacerse de manera individual (derecho inherente a la persona o familia) o colectiva (garantía de bienes comunes), sin que una forma excluya la otra.

Las medidas impulsadas contra la pobreza energética en Barcelona

A diferencia de lo que pasa con el suministro de agua, en el que la competencia es de carácter municipal, en el caso del suministro eléctrico, el marco competencial del que disponen las entidades locales es más reducido. Sin embargo, actualmente están asumiendo funciones relevantes y, probablemente, todavía podrían desarrollar más.

También hay que recordar que una parte importante de la aplicación de las medidas previstas por la legislación estatal y autonómica depende de informes y documentos emitidos desde las instituciones municipales, generalmente los servicios sociales.

Entre otras acciones, en Barcelona hay que destacar la creación de una red extensa de puntos de asesoramiento energético (PAE). Dan servicio a todos los distritos de Barcelona desde enero del 2017 y tienen 12 oficinas distribuidas por todo el territorio de la ciudad. Su objetivo es combatir la pobreza energética, concretamente garantizando los derechos que prevé la legislación vigente en cuanto al acceso a los suministros básicos, y mejorar la eficiencia de los hogares de la ciudad de Barcelona, priorizando las más vulnerabilizadas. El servicio es de titularidad municipal y lo gestionan un conjunto de entidades sociales.

Personas atendidas	2019	2020	2021 (enero-septiembre)
Mujeres	8.037	8.942	12.549
Hombres	4.034	4.407	6.662
Personas con otras identidades de género	8	2	11
Total de personas atendidas	12.079	13.351	19.222

Teniendo en cuenta la situación excepcional vivida durante el año 2020, puede observarse un incremento notable de los casos gestionados por los PAE de la ciudad si comparamos los primeros nueve meses de 2021 en relación con el 2019.

El gasto del Ayuntamiento de Barcelona en suministro eléctrico

El Ayuntamiento ha informado a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que el 100% del suministro eléctrico del consistorio y los organismos municipales está certificado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) conforme procede de fuentes renovables. Añade que se exige a la comercializadora que el 100% de la energía eléctrica que provee sea con garantía de origen de energía verde.

También hay que indicar que la escala de precios de la energía no ha tenido efecto en el precio que paga el Ayuntamiento de Barcelona durante el ejercicio 2021, puesto que tiene concertado un precio fijo anual en el precio unitario de la energía para el conjunto de suministros eléctricos municipales y los organismos asociados.

Conclusiones y propuestas de actuación en el ámbito local

A pesar de que las competencias en el ámbito municipal para promover un cambio sistémico o revertir las tendencias alcistas de los precios son limitadas, desde el sector local se pueden hacer grandes pasos para aminorar los impactos en la ciudadanía, reducir la vulnerabilidad de las personas e incrementar su capacidad de resiliencia:

• Comunicación y transparencia. Es un momento clave para explicar y discernir entre el sistema energético y el sistema eléctrico (crisis del gas vs. subida de los precios de la electricidad), o discernir entre la distribuidora y la comercializadora que nos vende la energía. En paralelo a la información y la comunicación, hay que impulsar la transparencia y la participación real y efectiva, que vaya más allá de la protección de los “libres consumidores”, y promover campañas dirigidas a toda la ciudadanía sobre el contexto, los impactos y las acciones que se lleven a cabo.

• Impulso de las energías renovables. Hay que hacer esfuerzos, orientar recursos como los fondos europeos Next Generation, y promover la actividad de pequeñas y medianas empresas y de economía social y solidaria en el campo de las renovables, con el objetivo de identificar, acompañar y asesorar un proceso exhaustivo de transición energética en la ciudad mediante autoconsumo y autoconsumo compartido.

• Justicia social y climática. Se deben repartir los costes de la crisis energética actual de manera justa. Las decisiones normativas y políticas determinan como se asignan los costes de la energía a través de las facturas de la ciudadanía. Es fundamental que la transición energética ineludible no requiera un gasto o un esfuerzo más grande para las personas afectadas por la pobreza energética.

• Transición energética socialmente justa. Es imprescindible acompañar los procesos de regeneración urbana con proyectos de transición energética. Se deben reforzar los programas y orientar los fondos (tipo Next Generation) a identificar proactivamente zonas vulnerabilizadas donde hay que dinamizar el autoconsumo y la generación renovable. Se debe proveer de procesos de mediación las fincas de vecindario y buscar soluciones económicamente aceptables. En este sentido, es un impedimento el hecho de que para participar en el asesoramiento y la instalación que ofrece Barcelona Energía, las familias pierdan el bono social al verse obligadas a cambiar de compañía comercializadora.

• Poner freno a la gestión privada de los servicios básicos. Varios estudios elaborados por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos -EPSU muestran el encarecimiento de los precios de bienes privatizados. Varios relatores especiales de las Naciones Unidas (Heller, Alston o Arrojo) han constatado con mucha preocupación esta realidad. La dependencia de la volatilidad de los mercados y la orientación a la maximización de los beneficios económicos en forma de dividendos tiene como consecuencia el crecimiento de la pobreza energética, la carencia de respuestas ante contextos como el actual, cortes de luz a personas vulnerabilizadas o facturas elevadas con la contratación de servicios de mantenimiento, entre otros. Hay que promover desde el mundo municipal una gestión pública y comunitaria de la energía, en la medida que se trata de un bien público y priorizando su función social.

• Búsqueda de consenso y frente común entre diferentes actores y escalas de actuación, para impulsar políticas energéticas con vertiente social. Los países de la UE son, en gran parte, responsables de sus políticas energéticas nacionales, y las normas de la UE les permiten tomar medidas de emergencia para proteger a los consumidores de los costes más elevados. Es necesario que las administraciones presionen para que estas medidas sean urgentes, eficaces y equitativas.

• Apoyo a diferentes actores para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Es conveniente apoyar y acompañar el tejido empresarial y la economía local para un viraje hacia una dependencia menor de los combustibles fósiles y su precio volátil. Por ejemplo, impulsando las políticas encaminadas a reducir la demanda y a firmar acuerdos de compra de energía renovable, iniciando propuestas de agregación de la demanda entre las pequeñas empresas para que firmen conjuntamente estos contratos, etc.

• Tareas de fiscalización y control de las empresas para la defensa del derecho a la energía. Se pueden articular alianzas con otras escalas territoriales de gobierno para activar varias vías judiciales con el propósito de impulsar litigios estratégicos que aspiren a cambiar el marco normativo o una determinada interpretación del derecho, con efectos generales que transciendan el caso concreto.

Las 20 recomendaciones de la Sindicatura al Ayuntamiento

• Mantener y reforzar los puntos de asesoramiento energético (PAE) como una política estable al Ayuntamiento de Barcelona, y ampliar algunos de sus servicios, puesto que han mejorado el acceso a la información y el empoderamiento de la ciudadanía en materia de derechos energéticos.

• Recuperar la presencialidad de los PAE. Más allá de que se continúe con el servicio de cita previa, hay que recuperar la atención presencial y sin cita para las personas que tengan una urgencia (por ejemplo, un corte de suministro).

• Incorporar un servicio nuevo de asesoría específica en el ámbito de la rehabilitación como las “One stop shops” o atención en ventanilla única, basado en ejemplos otras ciudades europeas.

• Continuar y reforzar las auditorías energéticas a los hogares más vulnerables para contribuir a que las personas vulnerabilizadas hagan un uso digno de sus suministros, puesto que, en muchos casos, su consumo está por debajo del necesario para vivir dignamente.

• Identificar los colectivos más vulnerables a la pobreza energética. Varios estudios hechos en la ciudad de Barcelona muestran que el género es un factor de riesgo, o que la infancia y las personas mayores son más vulnerables. Es necesario que el Ayuntamiento desarrolle programas específicos de atención a estos colectivos más vulnerables implicando a los PAE, los servicios sociales, las escuelas, la atención primaria y las redes vecinales, entre otras.

• Prestar una atención más integral a las personas que sufren pobreza energética. Es necesario reforzar su seguimiento y acompañamiento, no solo por parte de los PAE, sino también en coordinación con Servicios Sociales y otros servicios especializados. En muchos casos, sufren otras vulnerabilidades, más allá de la pobreza energética.

• Establecer ayudas para la rehabilitación de edificios a familias vulnerabilizadas e identificar proactivamente los edificios y los hogares más necesitados a través de mediadores comunitarios que, a su vez, faciliten la gestión de estos proyectos con el vecindario. Estas ayudas deben llegar a las personas más vulnerabilizadas priorizando criterios de renta y estableciendo mecanismos para facilitar el acceso mediante la eliminación de las barreras burocráticas.

• Organizar formaciones y sesiones divulgativas sobre optimización de facturas, ayudas a las cuales acogerse y derechos energéticos. Algunas de estas formaciones ya se hacen desde los PAE, pero el objetivo es que transciendan más allá de estos espacios y lleguen a toda la ciudadanía. Se propone que se puedan impartir en espacios como por ejemplo las bibliotecas, centros cívicos, consejos de barrio, etc.

• Instar al Gobierno central para que todas las comercializadoras puedan ofrecer descuentos a las familias en situación de vulnerabilidad y conseguir una aplicación eficaz de las ayudas, principalmente en función de las rentas.

• Llevar a cabo una diagnosis de la demanda energética a través de una auditoría para establecer cuáles son los grandes consumidores de energía de la ciudad, y poder reducir o ahorrar aquellos consumos de los cuales se puede prescindir. En el ámbito doméstico hay que detectar donde se produce un consumo más elevado de la energía y ofrecer formaciones para orientar las personas sobre la necesidad de un cambio en sus hábitos de consumo.

• Mantener la comercializadora pública como servicio municipal que contribuye a un cambio de modelo orientado a entender la energía como un servicio público y un derecho de la ciudadanía.

• Impulsar comunidades energéticas en todos los barrios y distritos de la ciudad ofreciendo tejados y equipamientos públicos para que la ciudadanía los pueda gestionar, o bien apoyando a iniciativas entre particulares (como ya se hace en Sant Martí, el Guinardó o Sants). Hay que potenciar el rol de la economía social y solidaria en estos procesos, así como propiciar mecanismos para que las personas en situación de vulnerabilidad energética puedan participar de manera vinculante en estas comunidades energéticas como miembros de pleno derecho.

• Elaborar una guía para la implementación de placas solares en la ciudad de Barcelona con el objetivo de fomentar el autoconsumo a escala particular. Esta guía debe tener en cuenta e informar sobre la tipología de edificios y las normativas aplicables, con el propósito de impulsar el autoconsumo.

• Incrementar el autoconsumo colectivo de proximidad (escuelas, institutos, gimnasios y otros edificios municipales). Potenciar las comunidades energéticas locales mediante la cesión de tejados municipales para poder crear espacios colectivos de generación de energía fuera del mercado que también puedan contribuir a reducir la pobreza energética en la ciudad.

• Impulsar una campaña comunicativa que dé a conocer programas como el «Carrega’t d’energia» para llegar a la ciudadanía y hacerlos partícipes de las diferentes iniciativas que contribuyen a ampliar su cultura energética.

• Promover iniciativas de impulso del autoconsumo compartido en el sector empresarial, como las que ya se llevan a cabo desde BCN Energía y el Ayuntamiento; incentivar las pequeñas y medianas empresas del sector de las renovables; acordar procesos de transición energética, como el que se trabaja actualmente en la Zona Franca, y buscar proactivamente la eficiencia en consumo, pero también económica, en los contratos de luz de este sector.

• Mejorar la eficiencia energética del patrimonio municipal. Es necesario que los edificios, las instalaciones y los espacios públicos reduzcan todavía más los costes de los suministros municipales y de las entidades que dependen.

• Avanzar en otras formas de generación renovable en la ciudad, como por ejemplo la eólica y la fotovoltaica.

• Reforzar los refugios climáticos y garantizar la apertura, con el fin de conseguir el confort térmico de la ciudadanía en situaciones de temperaturas extremas y a lo largo de todo el territorio.

• Hacer máxima publicidad y difusión de todas las medidas que se lleven a cabo en la ciudad para reducir el impacto del incremento de las tarifas de la luz sobre la ciudadanía, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la energía.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona iniciará, el próximo jueves 29 de septiembre, el proyecto ‘Sindicatura itinerante’, en el que miembros del equipo de la defensoría se trasladarán a equipamientos de la ciudad para atender en primera persona a la ciudadanía que desee hacer consultas o presentar quejas.

Esta nueva iniciativa arrancará en la Biblioteca García Márquez de Sant Martí de Provençals de 10 a 13 h y de 15 a 18 h. El equipo de la Sindicatura de Greuges de Barcelona estará ubicado en la planta -1 de este equipamiento municipal con el objetivo de escuchar a los ciudadanos y ciudadanas que quieran exponer vulneraciones de derechos o disconformidad con algún servicio municipal.

“Estrenamos uno de los proyectos que ya tenía en mi programa de 7 ejes y 33 propuestas, que permitirá crear una Sindicatura itinerante, que sea un territorio y no solo una ubicación”, ha manifestado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia. En la línea de acercar la institución a los barceloneses y barcelonesas, la finalidad del proyecto ‘Sindicatura itinerante’ es estar presente en los 73 barrios de la ciudad para garantizar la defensa de los derechos humanos de proximidad al vecindario de la ciudad.

La última visita de la Sindicatura al Distrito de Sant Martí se produjo el pasado 25 de enero de 2022, en el contexto de la iniciativa ‘A pie de calle’ y en la que el síndic se reunió con la AVV de Sant Martí de Provençals, la Coordinadora de Entidades VERN, la Escuela de Adultos de la Verneda y la Asociación Sant Martí Esport.

En el contexto del proyecto La Sindicatura, a prop teu, David Bondia y miembros de su equipo han asistido el jueves 22 de septiembre a la Biblioteca Zona Nord para acercar la Sindicatura de Greuges de Barcelona a la ciudadanía de los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona, y escuchar sus reclamos y demandas.

El objetivo de la iniciativa La Sindicatura, a prop teu es apelar a la proactividad de la institución, acompañada de la ciudadanía para tratar las problemáticas del vecindario de los 73 barrios barceloneses. “Quiero trabajar conjuntamente con la ciudadanía, los representantes vecinales y los movimientos asociativos. Nadie conoce mejor Barcelona”, ha manifestado David Bondia, síndic de greuges de Barcelona.

Esta sesión ha dado continuidad al A peu de carrer, que tuvo lugar el último 5 de mayo en los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona, y en el que el síndic de greuges de Barcelona y miembros de su equipo se reunieron con la dirección de la Escola Ciutat Comtal; la dirección de la Escola Montcada; la Asociación de Vecinas y Vecinos de Torre Baró; la Escola Bressol Municipal La Muntanya, y la Asociación de Vecinas y Vecinos de Ciutat Meridiana.

El último trimestre de 2021 la Sindicatura de Greuges de Barcelona inició una actuación de oficio de largo recorrido para conocer de primera mano la totalidad de los equipamientos de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB), con el objetivo de observar presencialmente la estructura y el funcionamiento de los servicios policiales de la ciudad, principalmente los descentralizados. El resultado es el informe ‘Guàrdia Urbana i drets humans de proximitat: anàlisi d’equipaments policials de la ciutat’.

Así mismo, también se ha querido conocer la organización interna y las tareas policiales llevadas a cabo en las UT, puesto que son aspectos que inciden en el servicio que se ofrece a la ciudadanía del territorio donde están implantadas.

Entre otros asuntos, la Sindicatura de Greuges ha analizado la idoneidad del espacio; la accesibilidad; la seguridad; la atención a la ciudadanía; la asistencia médica a las personas detenidas; las áreas de custodia de las personas detenidas, o el tratamiento de las violencias machistas. Es necesario recordar que el trabajo policial está sujeto a la normativa internacional en la materia y en derechos humanos, la cual debe inspirar tanto la normativa interna como la práctica policial.

La metodología de trabajo de la Sindicatura

El informe se ha elaborado desde el análisis de la normativa general y específica que rige la Guardia Urbana de Barcelona, vinculado a la realización de un total de trece visitas a equipamientos policiales de la ciudad por parte de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Estas visitas, previamente planificadas y comunicadas a los mandos de la GUB, se han llevado a cabo por parte de un equipo de la Sindicatura.

Se han visitado las diez unidades territoriales de la Guardia Urbana, la Sala Conjunta de Comandament (GUB, ME, Bomberos y SEM), y la División de Tráfico. También se ha considerado oportuno conocer las instalaciones del Área de Custodia de Personas Detenidas de la Comisaría de Les Corts del cuerpo de Mossos d’Esquadra, en una visita conjunta con el adjunto del Síndic de Greuges de Catalunya. El interés de conocer esta instalación reside en el hecho que el cuerpo municipal de policía colabora en este servicio, y a su vez se trata del espacio donde son custodiadas las personas detenidas por la Guardia Urbana de Barcelona.

Durante las reuniones con los mandos de los equipamientos policiales, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha planteado varias cuestiones que han sido motivo de reiteradas quejas en esta institución. Entre otros, se ha interesado por la evaluación que se hace sobre el uso de las cámaras unipersonales en el uniforme policial, la confianza ciudadana, o la valoración sobre la firma del convenio con el cuerpo de Mossos d’Esquadra, que prevé que las personas detenidas se trasladen a la Comisaría de Les Corts de Mossos d’Esquadra.

En el contexto de esta intervención, la Sindicatura de Greuges también se ha centrado a conocer algunos aspectos asociados a la situación de los equipamientos policiales, en relación con los servicios que en ellos se presta a la ciudadanía y con la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas por agentes de la Guardia Urbana de Barcelona.

Análisis de las Unidades Territoriales (UT) de la ciudad

A continuación se detallan las diagnosis, los ejemplos y las recomendaciones hechas por la Sindicatura de Greuges de Barcelona a raíz de visitas a las Unidades Territoriales (UT) de la Guardia Urbana de la ciudad.

Áreas de custodia de personas detenidas

Desde el mes de julio de 2021, todas las personas que son detenidas por la Guardia Urbana de Barcelona, a excepción de las detenidas por cuestiones relacionadas con delitos contra la seguridad viaria, son trasladadas al área de custodia de la Comisaría de Les Corts del cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Por lo tanto, las celdas de las UT de la Guardia Urbana dejaron de ser operativas a partir de aquella fecha, a excepción de las que se encuentran en la Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (UIPA), ubicadas en la Zona Franca, que únicamente acogen personas que presuntamente han atentado contra la seguridad viaria.

Medidas positivas implementadas

Por último, la Sindicatura de Greuges de Barcelona quiere señalar aquellas medidas positivas que se han detectado, entre las cuales destacan las siguientes:

• El Ayuntamiento de Barcelona está adoptando medidas activas y claras para aumentar el número de mujeres en la GUB, revirtiendo una situación anómala. La más importante de todas ellas es que se reservaron 112 plazas (de 282 en total) para mujeres (un 40%) en la convocatoria de plazas de 2020.

• La incorporación, también en las bases de la convocatoria de plazas de agentes de la Guardia Urbana, de criterios de puntuación que faciliten el acceso al cuerpo de personas de diferentes perfiles étnicos; a pesar de que estos criterios se deberían potenciar todavía más.

• La implementación y el desarrollo de un modelo de policía de proximidad como modelo de servicio comunitario es una medida que está siendo estudiada por otros ayuntamientos a escala estatal e internacional.

• Los nuevos coches patrulla de la GUB adquiridos en 2018 (126) disponen de un dispositivo DEA (Desfibrilador Externo Automático) en todos los vehículos policiales, una buena práctica para la salvaguardia de la integridad física tanto de personas detenidas, como de la ciudadanía en general.

• La decisión que las personas detenidas en Barcelona por la GUB sean custodiadas en el área de custodia de la comisaría de Les Corts de Mossos d’Esquadra, a excepción de los detenidos por delitos relacionados con la seguridad viaria, es una decisión positiva que permite armonizar los procesos de detención en un espacio habilitado para la custodia, con independencia de las mejoras que necesite este espacio.

• A finales del año 2021 se ha licitado un concurso para la redacción de los proyectos de construcción de las nuevas unidades territoriales de la Guardia Urbana de Sarriá-Sant Gervasi y de Sant Andreu. Así mismo, en varias UT están pendientes reformas que mejorarán las condiciones de los edificios.

• La incorporación, como un elemento más en la uniformidad de los agentes, de las cámaras unipersonales. Lo que anteriormente se ha descrito como dispositivos personales de grabación (DPG) es considerado por la Sindicatura de Greuges de Barcelona como una buena práctica, a pesar de que es necesario ampliar el número de dispositivos.

• La disposición de gimnasio en algunas UT, que contribuye al mantenimiento de las condiciones físicas de los y las agentes del cuerpo policial, dando cumplimiento al convenio laboral que prevé la práctica deportiva obligatoria.

• La existencia de galerías que permiten la realización de la práctica de tiro a los y las agentes policiales y la formación en primeros auxilios.

• La puesta en marcha de oficinas de atención ciudadana (OAC), que tienen por objeto que los dos cuerpos policiales (GUB y ME) atiendan en un mismo equipamiento cualquier tipo de denuncia o consulta ciudadana.

• La tarea policial desplegada para la prevención y detección de la violencia machista, que prevé la formación específica de los y las agentes policiales en este ámbito, así como la asignación de un agente del equipo de la Policía de Barrio en cada UT, especializado en violencia machista.

Históricamente, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido numerosas quejas por el retraso en la tramitación del empadronamiento en la modalidad de sin domicilio fijo. Por este motivo, la defensoría de la ciudadanía barcelonesa decidió abrir una actuación de oficio, mediante la que ha detectado que esta demora se produce en la tramitación de los Informes de Conocimiento de Residencia (ICR), necesarios para el empadronamiento sin domicilio fijo.

La Sindicatura ha concluido la actuación de oficio dirigiéndose al Instituto Municipal de Servicios Sociales para reclamar más diligencia y eficacia en la gestión de este trámite, con el objetivo de garantizar el derecho de las personas al empadronamiento a pesar de no disponer de un domicilio fijo.

Cómo funciona el empadronamiento y para qué sirve

El padrón municipal de habitantes es el registro administrativo en el que constan los vecinos y las vecinas de un municipio. Sus datos constituyen una prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual. En virtud de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, los ayuntamientos son competentes para hacer las tareas de formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal, y deben emprender las actuaciones y las operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones, de forma que los datos que consten concuerden con la realidad.

La importancia del empadronamiento reside en reflejar la realidad de la población de la ciudad, puesto que este registro constituye una fotografía de la ciudadanía que debe ser útil para avanzarse a la planificación de las políticas públicas del municipio. A la vez, la inscripción padronal otorga el estatus de vecindad y se puede calificar de metaderecho, porque es la puerta de acceso al goce de otro conjunto de derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— como el derecho fundamental al sufragio universal, el derecho a acceder a la sanidad o el derecho a obtener determinados ayudas.

Los ayuntamientos disponen de mecanismos que permiten empadronar las personas sin domicilio fijo. En varias ocasiones, la Sindicatura se ha referido a la necesidad que todos los municipios apliquen estas prácticas, puesto que es conocido que muchos ayuntamientos ponen trabas al empadronamiento sin domicilio fijo.

Cómo pueden empadronarse las personas sin domicilio fijo

Para empadronarse sin domicilio fijo en Barcelona, es necesario la elaboración del Informe de Conocimiento de Residencia (ICR). Los trámites que comporta la elaboración del ICR consisten fundamentalmente en varias comprobaciones hechas sobre la aplicación del padrón y catastro municipal.

En función del resultado de estas comprobaciones, se puede requerir o bien una inspección al domicilio que la persona ha hecho constar en la petición, o bien hacer llamadas para verificar la información aportada. Después de verificar estas comprobaciones, se envía una carta al domicilio de la persona interesada y se le notifica que puede recoger el ICR en las oficinas del área de Derechos Sociales.

La resolución de este trámite está fijada en un plazo máximo de tres meses. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona defiende que el plazo habitual se sitúa en unas seis semanas. El Ayuntamiento dispone de un registro de Centros de Servicios Sociales en el territorio en el cual se empadronan de forma ficticia las personas que no tienen un domicilio fijo.

Retraso en la tramitación del empadronamiento sin domicilio fijo

Aun teniendo en cuenta lo que establece la ley y los planes del Ayuntamiento, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recibido quejas de numerosas personas a lo largo de los últimos años a causa del retraso en la tramitación del empadronamiento en la modalidad de sin domicilio fijo.

La demora se produce en el trámite de la emisión del Informe de Conocimiento de Residencia (ICR), que tiene que ser elaborado por los Servicios Sociales. Esta situación preocupa a la Sindicatura de manera significativa y ha motivado su intervención mediante una actuación de oficio.

Ahora bien, la institución no es ajena al hecho de que muchos municipios del área metropolitana no practican esta tipología de empadronamientos, situación que empuja a muchas personas en situación de vulnerabilidad a pedir la inscripción padronal en nuestra ciudad. De hecho, según datos municipales, en 2015 se tramitaron 5.658 inscripciones padronales sin domicilio fijo, mientras que en el mes de enero de 2021 se habían registrado un total de 23.162.

Un reto a nivel metropolitano

El Pacto por Barcelona, aprobado en julio de 2020, determinaba la necesidad de trabajar para impulsar los mecanismos de empadronamiento activo en coordinación con los municipios del área metropolitana, a fin de facilitar la inserción social y laboral de personas vulnerabilizadas. En este mismo sentido, el Programa de Actuación Municipal 2020-2023, cuando se refiere a la migración y a la acogida, insiste en la misma medida.

El Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se ha implicado en esta materia y en mayo de 2020 aprobó una moción para garantizar el derecho al empadronamiento y la puesta en marcha de políticas de empadronamiento activo en todos los municipios que conforman el AMB. Entre otros, esta moción incluye los siguientes acuerdos: llevar a cabo sesiones informativas dirigidas a las 36 localidades del AMB y trasladar a los municipios una guía sobre procedimientos y documentación de las varias modalidades del padrón.

Después de conocer la situación de estos dos pisos de la calle Alcántara, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomendado al Distrito de Nou Barris y al Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad, que adopten de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el derecho a la intimidad personal, familiar y del domicilio.

La defensoría de la ciudadanía barcelonesa ya ha tratado con anterioridad dos casos similares en la ciudad: la calle Badal y la calle Rosari Pi. La Sindicatura cree que las soluciones aplicadas en estos dos antecedentes históricos podrían marcar el camino a seguir para garantizar la intimidad y la seguridad de la ciudadanía que reside junto a la pasarela de la calle Alcántara.

La denuncia vecinal

El vecindario de dos pisos de una finca de la calle Alcántara se ha dirigido a la Sindicatura para mostrar su disconformidad por la ubicación de una pasarela que une dos ascensores. Concretamente, la queja vecinal reside en el hecho de que la pasarela está situada a la misma altura de sus balcones, y a menos de tres metros de sus viviendas.

Como consecuencia, han sufrido actos incívicos, ven afectada su intimidad y relatan que deben mantener las persianas bajadas, y limitar el uso de los balcones. Finalmente, los vecinos y vecinas de estos pisos explican que han planteado esta problemática al Distrito de Nou Barris para que encuentre una solución que los preserve de actos incívicos, a la vez que les permita recuperar la oportunidad de disfrutar de la intimidad a su hogar.

Las consideraciones de la Sindicatura

En primer lugar, el equipo de la Sindicatura de Greuges de Barcelona se ha desplazado hasta la calle Alcántara para hacer una inspección presencial de la ubicación de la pasarela y evaluar la distancia que hay con las viviendas afectadas. En esta visita se ha constatado que el vecindario de los pisos situados en varios edificios no tienen garantizada la intimidad personal y la privacidad familiar. La Sindicatura ha trasladado la problemática a la gerencia del Distrito de Nou Barris en un encuentro que ha tenido lugar el pasado mes de julio.

“Cualquier persona usuaria de la pasarela ve claramente el interior de las viviendas. Quedan totalmente expuestos y al alcance de las actuaciones incívicas de los peatones que transitan, y que ya han sufrido en varias ocasiones”, ha afirmado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.

Históricamente, la Sindicatura ha captado que esta misma problemática ya surgió en otros puntos de la ciudad. Especialmente conocido fue el caso de la finca de la calle Badal 122, afectada por la pasarela de Sants de una manera muy similar a los vecinos y vecinas de la calle Alcántara. En aquel caso, la solución fue poner vallas con una capa vegetal para resguardar las viviendas. Otras pasarelas, como el existente en el ascensor de la calle Rosari Pi, 16, también incorporan elementos cerrados a los laterales para proteger la intimidad de las viviendas más próximas.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que estos son dos ejemplos de las soluciones que se podrían implementar en la pasarela de la calle Alcántara para garantizar la intimidad y la seguridad de la ciudadanía que reside.

Nos encontramos ante una nueva agresión homófoba en nuestra ciudad. Una más. Ayer 9 de agosto del 2022, a las dos del mediodía en el barrio del Eixample Esquerra. Según datos del Observatorio contra la Homofobia, durante el primer semestre de este año se han producido 117 incidencias por lgtbi-fobia, un 34,5% más que las 87 del primer semestre del año 2021.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona condena rotundamente estos hechos y desea compartir unas cuántas reflexiones alrededor de la violencia que sufren las personas LGTBI+. Una sola agresión, una sola discriminación hacia el colectivo LGTBI+ nos debería preocupar mucho. Pero es que la agresión de ayer, como demuestran las cifras, no es un hecho aislado. Es necesario activar todas las alarmas posibles y actuar de manera firme contra estas violencias.

Lamentablemente, esto es solo la punta de un iceberg. A causa del estigma que todavía comportan los temas relativos a la orientación sexual y la identidad de género, la violencia y la discriminación contra las personas LGTBI+ queda frecuentemente sin denunciar, sin documentar y, en consecuencia, sin castigar. No ha sucedido en este caso, en el que una persona vecina sí que capturó las imágenes con su teléfono móvil y los cuerpos de seguridad pudieron intervenir.

La intensificación del trabajo de concienciación sobre los niveles de violencia y discriminación a los cuales las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y de género no conforme se ven sometidas cada día es, en ella misma, una medida esencial para hacer frente a este flagelo. El trabajo de acabar con esta violencia y discriminación es difícil y lento. Básicamente porque la reclamación de estos derechos no ha sido dirigida muchas veces por instituciones que lo deberían haber hecho, sino que se han visto lideradas por un movimiento de reclamación de derechos de abajo hacia arriba, por la presión de movimientos y grupos sociales hacia instituciones locales, nacionales e internacionales.

Esta lucha nos interpela a todas y todos. Es una lucha de derechos humanos desde una perspectiva interseccional. El argumento a favor de extender a las personas LGTBI+ los mismos derechos de los cuales disfrutan el resto de personas no es radical ni complicado. Se basa en dos principios que fundamentan las normas nacionales e internacionales de derechos humanos: igualdad y no discriminación.

Sin embargo, todavía persisten discursos y actuaciones que pretenden justificar la desigualdad, y estigmatizar y preservar un determinado statu quo. Frente a esto, es necesario reivindicar que la lucha por la dignidad de los derechos del colectivo LGTBI+ es una lucha por una humanidad diversa de la cual todos y todas formamos parte.

Desde las sindicaturas locales, ante el auge de las acciones y de los silencios negacionistas, deberíamos dar un paso adelante para acompañar los itinerarios de las personas que denuncian agresiones y discriminaciones lgtbi-fóbicas. Nuestros principales objetivos, trabajando de forma coordinada con entidades y otras instituciones para evitar revictimizaciones, tendrían que buscar la forma de reparar la dignidad de la persona, combatir estas violencias, y fomentar la prevención y la sensibilización para evitar su naturalización.