La armonía entre el derecho a la cultura y el ocio relacionada con la celebración de fiestas populares y el derecho al descanso del vecindario es un elemento delicado de la convivencia ciudadana. La Sindicatura se ha pronunciado recordando la importancia de que la Administración vele por el mantenimiento el equilibrio de estos derechos ante la queja de una ciudadana de Gràcia con motivo de las molestias ocasionadas por las celebraciones de fiestas populares en su calle.
El derecho al descanso, en conflicto
Poder descansar y tener garantizada la intimidad en el hogar es esencial para poder desarrollar una vida saludable. Además, son derechos contemplados y protegidos, también, en la normativa municipal. Pero en ocasiones puede entrar en conflicto con otros derechos de la ciudadanía, como es el caso de la celebración de actividades lúdicas en el espacio público.
Las molestias que pueden provocar las celebraciones o conciertos en la calle y la disconformidad con la actuación municipal ante estas situaciones son objeto de conocimiento frecuente por parte de la Sindicatura de Greuges.
La utilización de la vía pública con motivo de fiestas mayores o fiestas populares es una práctica habitual en los municipios. Sin embargo, se trata de hacer posible, en lo posible, la conciliación entre el derecho a disfrutar de actividades culturales y festivas en el espacio público y los derechos a disponer de unas condiciones de vida saludables, asegurando la tranquilidad en el interior de las viviendas.
Con este objetivo ha establecido un número máximo de doce espectáculos o actividades recreativas anuales en el mismo espacio. Esta limitación también consta en las recomendaciones de horarios, duración y medidas de mejora del impacto acústico para la realización de eventos en la vía pública, que elaboró la Comisión Barcelona Eventos del Ayuntamiento de Barcelona, el 3 de febrero de 2022.
La convivencia de estos derechos
Si bien es cierto que en las ciudades debemos poder vivir de forma confortable, no lo es menos que las dinámicas de uso del espacio público pueden confrontar los intereses de la ciudadanía. Tan legítimo es querer disfrutar de las fiestas y encuentros en la calle como querer descansar en el mismo domicilio sin sufrir el ruido que provocan estos encuentros.
No podemos olvidar que la celebración de actividades lúdicas y los encuentros en la calle entre las personas que forman parte de una misma asociación o de un mismo barrio, son eventos especiales que contribuyen a humanizar nuestro entorno y que, en definitiva, pretenden compartir valores culturales y experiencias que fomenten la unidad entre generaciones y grupos del propio territorio.
Estas dinámicas de uso del espacio público implican que la Administración tenga que emplear esfuerzos en hacer compatible el derecho al descanso con la realización de estos encuentros vecinales. Por tanto, hay que velar por que se respete el número máximo de doce actividades previstas por la norma, para el cumplimiento de los índices permitidos de inmisión acústica, realizar un control estricto de los horarios autorizados y valorar la posibilidad de realizar cambios periódicos de ubicación de la celebración de este tipo de eventos.
La complicidad entre la administración pública y la comunidad educativa es esencial para ofrecer unos entornos escolares seguros. Por esta razón, la Sindicatura de Greuges de Barcelona invita a Ayuntamiento, centros educativos y familias a trabajar de forma estrecha y proactiva con el objetivo de garantizar la protección de la infancia y de sus intereses.
Para defender los derechos de la infancia y con el Plan de juego en el espacio público con horizonte 2030 a la vista, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa «Protegemos las escuelas» para potenciar la pacificación de los entornos escolares. Pero su aplicación no siempre es sencilla, como muestra la queja de una ciudadana que pedía la inclusión en el programa de una escuela de la Bonanova.
El proyecto “Protegemos las escuelas”
“Protegemos las escuelas” es un proyecto pensado para reformar los entornos de los centros educativos, enfocando las actuaciones en el bienestar de las personas que los utilizan y su seguridad. Su objetivo es mejorar la calidad ambiental de los entornos escolares, el confort del espacio público, mejorar su seguridad vial e incrementar la visibilidad de estos entornos.
De este modo, el Ayuntamiento, con la implicación de las comunidades educativas y vecinales, quiere hacer de las escuelas un eje prioritario de todas las actuaciones de transformación del espacio público para, entre otras, disminuir el riesgo de accidentalidad y generar más espacios de encuentro.
De acuerdo con el contenido del programa “Protegemos las escuelas”, el procedimiento consta de tres espacios:
Grupo de impulso. Formado por: Modelo Urbano, Educación, Guardia Urbana, Movilidad y Distritos. Estos organismos seleccionan y priorizan las escuelas de forma conjunta.
Mesa de entornos escolares en cada distrito. Espacio de encuentro de las comunidades educativas, del distrito y de los servicios técnicos municipales para realizar el seguimiento del programa, analizar las problemáticas y proponer actuaciones para la mejora.
Mesa de seguimiento . Es el espacio de ciudad con entidades y personas interesadas en realizar aportaciones y el seguimiento del programa.
El propio programa establece los criterios para priorizar a los centros educativos.
La implementación del programa “Protegemos las escuelas” ha supuesto un incremento del tiempo de estancia en los entornos escolares de lunes a jueves, que ha pasado de un 25% a un 56%. Los factores determinantes de este incremento son tanto la ampliación del espacio de estancia en los entornos escolares como la comodidad del espacio físico. Asimismo, ha potenciado el juego espontáneo por parte de los niños, la sensación de seguridad y la consideración de bienestar de la comunidad educativa.
Una responsabilidad compartida
La Sindicatura defiende el derecho a un urbanismo armonioso y sostenible, y el derecho al espacio público. Iniciativas como el proyecto «Protegemos las escuelas» ayudan a garantizar los derechos humanos de proximidad ya crear un espacio más adecuado para el desarrollo de las actividades de la ciudadanía. Pero por su correcta implementación, es necesaria la complicidad de todas las personas que comparten estos espacios.
Por tanto, se requiere, también, de la implicación de todos los agentes que conviven en la ciudad. En el caso que nos ocupa, el papel de la comunidad educativa es fundamental para salvaguardar los derechos de la infancia y la seguridad vial.
En casos como el de la escuela objeto de la queja, se observa la importancia de la complicidad de la comunidad educativa y de las familias que llevan a sus hijos e hijas a la escuela, ya que las propuestas de mejora implican necesariamente buscar alternativas a la movilidad privada para desplazarse a la escuela o, como mínimo, para evitar el estacionamiento o la parada de vehículos en la acera o frente al centro escolar.
Por tanto, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda a lasunidades territoriales del Ayuntamiento que sigan trabajando para conseguir un diálogo efectivo con la comunidad educativa, a fin de promover conjuntamente y de manera progresiva el diseño de unos entornos escolares seguros y mejorar la seguridad vial del alumnado de los centros de la ciudad.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda al Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) quebusque fórmulas apropiadas para poder garantizar el acceso equitativo de las familias numerosas o monoparentales a los actos culturales sin limitar previamente su número.
La problemática de la política de descuentos del Festival Grec
Como manifestaba en su queja el ciudadano afectado, el Festival Grec cuenta con diferentes descuentos . Entre ellos, un 50% de rebaja por las familias numerosas y monoparentales. Pero estos descuentos pueden estar limitados por los distintos espectáculos.
La limitación de los descuentos se decide en función de las características del aforo de los espacios y de los acuerdos contractuales con las compañías actuantes o con los promotores/as de los espectáculos. De esta forma, se establecen unos descuentos que se aplican en función del orden de llegada, con un número determinado, hasta que estas entradas con descuento se agotan.
Una limitación en conflicto con la normativa vigente
Desde el ICUB remarcan que el sostenimiento del festival se basa también en los ingresos por la venta de entradas, por lo que estos descuentos deben equilibrarse con los ingresos, y que se promueve una política de descuentos lo más amplia posible. Pero esta visión entra en conflicto con la normativa vigente, que estipula que el derecho a la cultura es básico y fundamental, y que debe velarse para que no se puedan dar situaciones de desigualdad en el acceso a la cultura.
Atendiendo a la normativa vigente, la Sindicatura entiende que no se puede limitar en ningún caso el número de familias numerosas o monoparentales que pueden acceder al Festival Grec ni a otros actos culturales de dependencia municipal.
La Sindicatura considera que las compañías, promotores y asociaciones empresariales ejercen su legítimo derecho a negociar las condiciones más ventajosas en cuanto a las condiciones y beneficios económicos. Sin embargo, en esta negociación, el ICUB debe velar en todo momento para garantizar los derechos a las familias de acuerdo con lo establecido en la normativa, en tanto que órgano de la Administración pública local.
El uso de bicicletas en el Parque Natural de Collserola está regulado y limitado por diferentes ordenanzas. Pero estas limitaciones no siempre se respetan, como apunta la queja de un ciudadano en la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
A continuación detallamos los usos permitidos de bicicletas en el Parque de Collserola y las recomendaciones de la Sindicatura al respecto de esta práctica para garantizar el derecho al medio ambiente ya una convivencia pacífica.
¿Qué uso se puede hacer de la bicicleta en Collserola?
Las ordenanzas del Parque de Collserola señala unas pautas de comportamiento para hacer compatible el uso de la bicicleta con el uso a pie del parque y la protección del patrimonio natural del parque. Este texto establece por la circulación en bicicleta en el parque las siguientes normas:
Sólo se podrá circular en bicicleta por los itinerarios y pistas señalizados a tal efecto: vías principales, pistas forestales y caminos de paseo con una anchura de más de tres metros.
Queda expresamente prohibido circular en bicicleta por senderos, rieras, campos a través, caminos de anchura inferior a tres metros y vías especializadas para otros usos.
En ningún caso se podrá circular a una velocidad superior a los 20 km/h ni organizar o llevar a cabo carreras ciclistas.
Los ciclistas que circulen por las vías del Parque tienen la obligación de respetar a los peatones, sin ocasionarles molestias y respetando su preferencia.< /li>
Sanciones por uso inadecuado de la bicicleta en Collserola y recomendaciones de la Sindicatura
La sanción del incumplimiento de estas normas requiere, sin embargo, que los nueve municipios de los que forma parte el Parque Natural de Collserola incorporen facultades sancionadoras que permitan corregir actuaciones ilegales o prohibidas en cuanto al uso de la misma bicicleta en el Parque.
Aunque la Asamblea General del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola aprobó el Marco sancionador de las ordenanzas sobre el uso de la bicicleta en el Parque, no todos los municipios han incorporado facultades sancionadoras, dificultando la imposición de multas a las que incumple la normativa establecida.
Dentro del Parque de Collserola hay una serie de paseos, itinerarios y recorridos, tanto para andar como para ir en bicicleta, y todos ellos están señalizados con los correspondientes indicadores. Actualmente el Parque de Collserola tiene más de 250 Km aptos para el uso ciclista, pero aun así se observa un uso inadecuado de itinerarios prohibidos en la circulación de bicicletas. Lo que tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre la convivencia ciudadana.
Por tanto, una de las principales recomendaciones de la Sindicatura para asegurar que se mantiene el parque y la convivencia en este espacio pasa por una mejora de la coordinación entre el Consorcio y los ayuntamientos que forman parte del mismo , trabajando para detectar cuáles son los puntos más conflictivos y dónde se cometen a menudo infracciones, y cómo evitarlas.
Las tarifas de los CEM tienen la consideración de precios públicos, y como tales su publicación es obligatoria. Pero, ¿se respeta esta norma? ¿Cómo deben cumplirlo?
La obligación de transparencia a los precios de los CEM
De acuerdo con el Reglamento de las instalaciones deportivas de la ciudad de Barcelona, vigente desde el año 1992, en cada CEM debe figurar un letrero que, entre otros, debe informar del precio del uso ocasional de las instalaciones deportivas. Esta obligación también se incluye en el contrato de concesión o de gestión de servicios públicos del CEM, como una obligación de las empresas gestoras o concesionarias de los equipamientos deportivos.
Según el informe municipal, el reglamento se encuentra en revisión. Ahora bien, hasta que éste no se modifique, la obligación de informar sobre las tarifas está vigente. En esta misma línea, la Sindicatura defiende que la revisión debería mantener la obligación de publicidad de las tarifas, aunque sea en un soporte más actualizado distinto al del rótulo.
De hecho, la mayoría de las empresas gestoras o concesionarias del CEM publican las diversas tarifas en la web del equipamiento deportivo. Pero no todas, dificultando así el acceso a los precios generales de los equipamientos.
Por otra parte, las empresas gestoras o concesionarias de los CEM pueden ofrecer tarifas rebajadas y ofertas para atraer a un mayor volumen de personas. Pero este hecho no quita que tengan que mostrar sus precios generales.
El mantenimiento, clave para un servicio de calidad
De igual modo que deben facilitar sus precios generales, los CEM también deben conservarse en buen estado, y el gestor debe cumplir las cláusulas de condiciones impuestas en esta materia por el Ayuntamiento. De esta forma, se garantiza el acceso de la ciudadanía al derecho al deporte en unas condiciones adecuadas.
Parece lógico que, si se deben realizar reparaciones puntuales, algunos servicios de los equipamientos queden cerrados hasta la finalización de las obras que sean necesarias.
Ahora bien, a fin de cumplir esta obligación con la diligencia debida, las obras deben durar el menor tiempo posible para no perjudicar a las personas usuarias. Asimismo, sería conveniente que, siempre que fuera posible, las obras se programaran en períodos en los que haya un número menor de usuarios.
En cualquier caso, las intervenciones de mantenimiento y su programación deben anunciarse a los usuarios con un tiempo de antelación suficiente, para no ocasionar unas expectativas de servicio que no se pueden cumplir , como ocurrió en el caso objeto de queja.
Cuando nos referimos a la infancia, no se puede distinguir entre personas menores nacionales y extranjeras ni entre regulares o irregulares, ya que los derechos proclamados por la Convención sobre los derechos de la infancia se reconocen sobre todas las personas menores de edad, sin distinción. Pero observemos que, en ocasiones, la infancia extranjera tiene dificultades para acceder a un derecho básico como el empadronamiento, como muestra la queja de una ciudadana por la imposibilidad de empadronar a su hijo acogido de manera permanente.
Por esta razón, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda a la administración local que se articulen medidas de coordinación y colaboración entre las administraciones implicadas, a fin de velar por el interés superior de la infancia y sus derechos.
Dificultad para acceder al empadronamiento
Según consta en la queja presentada ante la Sindicatura, el niño nació en 2018, está tutelado por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) desde el año 2019 y en medida de acogimiento familiar permanente desde el año 2021. Sin embargo, nunca ha sido empadronado.
La madre de acogida del niño ha intentado regularizar su situación de empadronamiento, pero la documentación facilitada por la DGAIA para realizar el trámite no contenía toda la información necesaria para realizar el asiento registral. En la citada documentación no se hacía referencia al lugar de nacimiento de la persona menor, que es un dato obligatorio. Por esta razón, no se validó el proceso de empadronamiento, con la consiguiente desprotección del niño.
La necesidad de garantizar el derecho al empadronamiento y mejorar la coordinación entre administraciones
Dado que el estatuto jurídico de la persona menor prevalece sobre el de persona extranjera, debe admitirse su inscripción sin documentación en el padrón de habitantes. Y las administraciones públicas deben desarrollar su actividad de forma que las personas menores de edad sean consideradas y reconocidas como ciudadanas de pleno derecho, actuando de forma coordinada cuando sea necesario.
Los niños extranjeros tutelados por la DGAIA pueden empadronarse sin aportar el documento alternativo al DNI (como podría ser el pasaporte). Este documento se sustituye en estos casos por la resolución de la DGAIA conforme asume la tutela.
Ahora bien, es imprescindible que, a través de la DGAIA, se haga constar los datos de filiación del menor (nombre, fecha y lugar de nacimiento). La documentación que facilitó la DGAIA en este caso no hacía constar el lugar de nacimiento, que conocía que era España.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona sólo tiene potestad para supervisar la actuación del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, consideramos que hay que hacer una reflexión sobre la coordinación y la colaboración interinstitucional en supuestos como el que ha sido objeto de esta queja, a fin de velar por el interés superior de la persona menor y el acceso al empadronamiento.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomendado al Ayuntamiento de Barcelona que reconsidere la interpretación del artículo del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) que regula la no transmisibilidad de las licencias de viviendas de uso turístico (HUT). Esta Sindicatura considera que es necesario limitar la transmisión de este tipo de licencias a las zonas más tensionadas de la ciudad para garantizar el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas de Barcelona.
A raíz de la queja de una ciudadana por las molestias ocasionadas por dos HUT en su finca, la Sindicatura ha revisado la actuación de la administración ante este caso y la normativa vigente. De esta forma, se puede observar que la interpretación que se hace actualmente del artículo 26.2 del PEUAT perpetúa las habilitaciones de HUT en vigor en zonas muy tensionadas de la ciudad mediante su transmisión y propicia la explotación turística sobre la vivienda habitual y permanente.
Por otra parte, la Sindicatura considera que debe ser muy estricto en los traspasos que se comuniquen, de momento y mientras no se modifique esta interpretación, y que no deben aceptarse en ningún caso aquellos que tengan expedientes disciplinarios o sancionadores en tramitación.
El caso objeto de la queja
Una vecina del Eixample denunciaba en junio de 2022 molestias habituales por comportamientos incívicos de algunas de las personas turistas que se alojaban en los HUT que se encuentran la finca en la que vive. Ni las personas propietarias ni las gestoras de los pisos se hacían responsables y la Guardia Urbana sólo intervenía cuando se trataba de molestias por ruido o alguna incidencia de tipo grave.
Meses después, la Jefatura de Servicios de Inspección comprobó si los HUT de la finca cumplían con la legislación vigente, resultando en la apertura de un procedimiento a uno de ellos. Igualmente se invitó a las partes a participar en un proceso de mediación, pero los responsables de los pisos turísticos no mostraron su voluntad de participar.
Al menos uno de los dos HUT había sido heredado junto a la licencia para ejercer esta actividad.
La transmisión de licencias HUT
En enero de 2022 se aprobó definitivamente la actualización del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos con el objetivo de conseguir una gestión sostenible del turismo, compatibilizando los distintos usos y preservando la vida cotidiana y el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas.
Una de las previsiones normativas de este documento es la no transmisibilidad de los títulos habilitantes que amparan el desarrollo de la actividad de HUT, prevista en el artículo 26.2. En relación al alcance de este artículo, se aprobó una instrucción para su interpretación en julio de 2022.
En este sentido, esta Sindicatura celebra que se haya restringido el régimen de transmisión de estas actividades turísticas y quiere ponerse de manifiesto que era una recomendación emitida desde esta institución con el objetivo de evitar la gentrificación en determinados barrios y el encarecimiento desproporcionado de las viviendas.
Pero, con la interpretación actual, esta medida de no transmisibilidad se aplica únicamente a las nuevas altas. Una interpretación que esta Sindicatura piensa que es necesario reconsiderar. Especialmente en los casos en que tengan expedientes disciplinarios o sancionadores en tramitación.
La verificación de los requisitos de los HUT
Por otra parte, la Sindicatura también recomienda que se realice una verificación exhaustiva de los requisitos de todos los HUT existentes para asegurar que se cumple con la legislación vigente.
En 2021, el Ayuntamiento aceptó una recomendación de esta Sindicatura e inició un plan de inspección de revisión de los HUT incluidos en el censo del PEUAT. Ahora bien, por lo que se desprende del estudio de esta queja no se comprobó en ese momento el cumplimiento de las condiciones exigibles a los HUT, o al menos en este caso, ya que en la finca objeto de la queja constaba uno que no las cumplía. Recordemos, por tanto, que tanto el otorgamiento de los permisos de las actividades turísticas que se llevan a cabo en la ciudad, como el ejercicio de la función inspectora y la potestad sancionadora sobre estas actividades turísticas corresponden al municipio.
La defensoría recuerda que existe un proceso legal y señala que amenazas como la realizada por Desokupa generan un gasto público innecesario
A la Sindicatura de Greuges de Barcelona le preocupa la situación de tensión que se está viviendo en el barrio de la Bonanova, después de que la empresa Desokupa, que se autocalifica como especializada en mediación y desahucios, anunciara su voluntad de actuar al margen de la ley para desalojar los edificios el Kubo y la Ruïna.
Kubo y Ruïna son dos edificios ocupados desde hace años y que son mayoritariamente propiedad de la SAREB, empresa creada precisamente para gestionar viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias de entidades bancarias rescatadas con capital público.
Cabe recordar que cualquier proceso de recuperación de la posesión de inmuebles tiene un recorrido legal, que debe ser ejecutado por las instituciones pertinentes, y no por particulares. De esta forma se puede garantizar la seguridad de las personas y una actuación ajustada a derecho.
Es importante resaltar que, si no existen motivos de riesgo para la seguridad de las personas que ocupan, el proceso para la recuperación de la posesión de inmuebles debe instarle la propiedad. En este proceso pautado jurídicamente, intervienen distintas instituciones. Por una parte la autoridad judicial, que debe dictar la orden de lanzamiento y, por otra parte, los cuerpos policiales, que intervendrán para ejecutar la orden judicial y garantizar la seguridad de las personas. Por tanto, en este caso, la intervención en el proceso de cualquier otro agente no está amparada legalmente.
El resultado de desafiar a los poderes públicos, con la amenaza de procedimientos de desahucio que se apartan de lo establecido legalmente, no sólo está generando crispación y una ruptura no deseada de la paz social del barrio. También está ocasionando un importante gasto público, obligando a los cuerpos de seguridad a diseñar dispositivos específicos para evitar enfrentamientos y impedir que la empresa Desokupa intervenga en un proceso que en estos momentos se encuentra en sede judicial.
Sin duda, las consecuencias de la provocación irresponsable de este gasto público deberían ser imputables a las personas y actores que han atizado este conflicto de orden público.
Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona instamos a todas las administraciones competentes para que realicen sus funciones con absoluta coordinación, a fin de gestionar la situación, y conseguir el restablecimiento de la paz social en el barrio.
La información relativa a programas como el Proyecto Ocio Inclusivo, que promueve el derecho de acceso a la cultura a través de un sistema de bonificaciones, así como con soportes adicionales, no está recogida en documentos oficiales del Ayuntamiento de Barcelona de forma suficientemente accesible y transparente. Por esta razón, desde la Sindicatura recomendamos que el Ayuntamiento haga mayor difusión de las condiciones necesarias para acceder en este tipo de programas a través de la web correspondiente y de cualquier otro medio de información relevante.
El caso objeto de queja
Una ciudadana realizaba diversas actividades en el Centro Cívico de Sant Martí durante el curso 2021-22, con apoyo de un asistente personal en varias de ellas. Pero al empezar otra actividad se le comunicó que no recibiría ese tipo de apoyo porque era innecesario ante las condiciones de la actividad: dispondría de apuntes con letra ampliada y espacio en primera fila. Por otro lado, desde el IMPD se subvencionó el servicio puerta a puerta para la vuelta a su domicilio frente a sus problemas de movilidad y visión.
La afectada afirmaba que, según le habían informado, tenía presupuestado el servicio de asistente personal para tres actividades hasta diciembre de 2022. Pero en el informe municipal se expone que el programa al que se acogió a la ciudadana prevé el apoyo de un asistente personal por un solo taller por trimestre y centro cívico, aunque ella estuviera recibiendo apoyo a tres actividades. Lo que indica que se le estaba ofreciendo una cobertura mayor de lo que marca el Proyecto Ocio Inclusivo, aunque no se le comunicara.
Hay que decir que esta información según la cual el apoyo de un asistente personal esté previsto para un solo trimestre y centro cívico no aparece de forma pública en la web de la Red de Centros Cívicos de Barcelonani se ha podido localizar a la medida de gobierno Plan de centros cívicos de Barcelona 2019-2023.
Una información más transparente
La ciudadana se refería, a la queja presentada a la Sindicatura, a dificultades en el uso de servicios ofrecidos desde centros cívicos de la ciudad ya la falta de respuesta municipal en relación con un asistente personal para la realización de una tercera actividad.
Los centros cívicos de la ciudad son muy diversos y su oferta puede incluir cursos, talleres, exposiciones, charlas y diversas actividades culturales.
Tal y como establece la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y protocolo facultativo de las Naciones Unidas, debe reconocerse el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y deben adoptarse todas las medidas pertinentes.
De acuerdo con estos preceptos, desde el Ayuntamiento de Barcelona, con la Red de Accesibilidad y Vida Independiente (XAVI), se desarrolla el Proyecto Ocio Inclusivo.
Pero en la información pública sobre este proyecto carecen de concreciones, como la limitación en la disponibilidad de asistentes personales. Aspectos importantes para que la ciudadanía pueda disfrutar de una información transparente que facilite el acceso a programas como éste cuando sea adecuado.
Por esta razón, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda al IMPD que, conjuntamente con el ICUB, incluya la concreción de las actividades que puede desarrollar una persona con asistente personal, por trimestre y centro cívico, en la web correspondiente y otros medios de información ciudadana.
Publica un nuevo informe con 11 propuestas para fomentar la inclusión de la perspectiva juvenil en la elaboración de políticas públicas locales
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentado el informe “Adultocentrismo y políticas públicas locales: percepciones y propuestas juveniles”, en el que se analiza cómo vive la juventud la relación con la administración municipal y de qué forma mejorarla. Para fomentar su participación y combatir el desapego de las nuevas generaciones, este informe incluye 11 recomendaciones.
Las propuestas de este informe abordan la necesidad de una transformación para incluir la perspectiva juvenil durante todo el proceso de creación de políticas públicas, tanto en el punto de partida y diseño de las mismas, como en su ejecución y evaluación.
Sin embargo, como concluye este estudio, el adultocentrismo no se supera o elimina desde políticas o iniciativas puntuales, sino que requiere un cambio en las dinámicas adultocéntricas existentes. Por eso, la Sindicatura propone un nuevo marco de actuación como un todo que únicamente desde la actuación coordinada y relacional en diversos ámbitos podrá producir los cambios necesarios.
El informe fue encargado al Consell de la Joventut de Barcelona y coordinado por dos investigadores expertos en la materia.
La difícil relación entre persones jóvenes y políticas públicas
La relación entre las personas jóvenes y las políticas públicas ha estado ubicada recurrentemente en el centro del debate público, social y político. La dificultad de las administraciones para llegar a los jóvenes, el sentimiento de distancia y desatención hacia las políticas públicas por parte de los jóvenes o las diferentes experiencias negativas o insuficientes que han vivido estos en estas relaciones son algunos de los puntos más significativos que visibilizan una cierta ruptura generacional .
Es de ahí de donde emerge este estudio. Un estudio que busca comprender cómo se materializan, perciben y viven estas relaciones con las administraciones públicas para observar la posición social y política que ocupa la juventud.
El objetivo del estudio es doble. Por un lado, analizar de qué manera se materializa lo adultocentrisme en las políticas públicas locales, escuchar y plasmar las experiencias, percepciones y relatos de las personas jóvenes participantes en su relación con las políticas públicas. Esto permite, además de escuchar las propias voces, analizar qué efectos tienen las políticas públicas para ellos y, en consecuencia, entender cómo son vividas e interiorizadas. También permite entender cómo de esta relación emergen posiciones sociales y políticas diferenciadas en función de diferentes condicionantes interseccionales.
Por otro lado, el estudio persigue producir marcos propositivos de mejora para incorporar una perspectiva juvenil no adultocéntrica dentro de las instituciones locales.
Un estudio participativo
Para comprender las posiciones que ocupan las juventudes en relación con las políticas públicas, este estudio ha utilizado una metodología participativa, con grupos de discusión con suficiente pluralidad y diversidad de perfiles para conseguir visiones y relatos heterogéneos. Los grupos se idearon sobre dos ejes transversales: un eje de edad y un eje interseccional, para dar espacio a voces que a menudo quedan más invisibilizadas.
De esta forma, por el eje de edades se crearon grupos de jóvenes de 16 a 18 años, de 24 a 28 años y de 30 a 35 años, con entre cinco y siete participantes a cada uno. Por el eje interseccional, se crearon grupos de jóvenes asociados, de jóvenes racializados y de jóvenes de identidades disidentes, con cinco participantes a cada uno.
La participación del Consell de la Joventut de Barcelona en todo el proceso desempeñó un papel protagonista y crucial. Las dinamizadoras fueron las encargadas de escoger a las personas participantes de cada grupo y también de realizar la tarea de contacto y convocatoria y de gestión de cada sesión.
Combatir la desafección institucional
Las políticas de juventud en Barcelona y en todo el país han puesto un énfasis muy especial en la participación de la juventud. Sin embargo, la sensación de las generaciones jóvenes es que su voz es menospreciada y sus demandas no son priorizadas. Y una prueba de este argumento es la posición marginal que todavía ocupan las políticas de juventud y la escasa prioridad en la agenda política de las necesidades y demandas de la gente joven.
La mejor manera de combatir el descontento y el desapego institucional de la juventud es haciendo políticas para la juventud. La incorporación de una perspectiva juvenil a las políticas públicas que reconozca la huella del adultocentrismo, cambie dinámicas institucionales y prioridades políticas es imprescindible para realizar este cambio.
Una mirada juvenil y interseccional
Para conseguir la inclusión de las nuevas generaciones, es necesario incorporar una perspectiva juvenil no adultocéntrica que siempre esté acompañada de una mirada interseccional. La juventud no es una entidad sólida y específica que actúa y se mueve por cuestiones comunes. Por tanto, si no se atiende a su diversidad, se seguirán invisibilizando las diferentes posiciones, marginalidades y opresiones que afectan a las diferentes personas jóvenes.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha señalado anteriormente la importancia de aplicar una mirada interseccional en la defensa de los derechos de la ciudadanía para ser conscientes de la multiplicidad de discriminaciones y opresiones que experimentan las personas según las diferentes capas de opresión a las que se enfrentan, cómo se recogió en el Informe Anual 2022 de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Conclusiones del informe
El estudio se ha articulado a través de dos bloques. El primero se refiere a las percepciones y experiencias que tienen las personas jóvenes participantes sobre las políticas públicas. Y el segundo analiza la cuestión de forma temática en relación con tres ejes: el derecho a la participación, la seguridad vital y la emancipación y el derecho en el espacio público.
Ha aparecido con fuerza la percepción generalizada de que la administración y las instituciones son algo extremadamente burocratizado. Un exceso de burocracia que se centra en la utilización de lenguajes y procedimientos que generan dificultades de comprensión para las personas jóvenes y también la no adaptación a las realidades juveniles tanto temporales (en horarios de atención, por ejemplo) como de conocimiento de los procesos (sentimientos de distancia, menoscabo, exceso de requisitos o de procesos, entre otros). Específicamente, en muchos de los grupos se vincula este exceso de burocratización a cierto envejecimiento de las instituciones. Un envejecimiento que va vinculado tanto al perfil de las personas que trabajan con él como a la centralidad que ocupan las cuestiones vinculadas a los adultos frente a las vinculadas a los jóvenes. Todo ello desemboca en la generación de un imaginario de que las instituciones son algo hecho por y para los adultos.
Por último, todo esto desemboca también en una percepción compartida de que el resultado de las políticas públicas dirigidas a la juventud o, dicho de otra forma, los resultados de las relaciones entre jóvenes e instituciones es parcial, insuficiente y no resuelve de forma completa las sus necesidades.
Este informe también ha puesto de manifiesto la posición marginal que todavía ocupan las políticas de juventud en nuestro contexto y la escasa prioridad en la agenda política de las necesidades y demandas de la gente joven. Por tanto, hay que reivindicar la centralidad de las políticas dirigidas a las personas jóvenes y en particular las que tienen un mayor impacto sobre sus transiciones.
11 propuestas para incluir la perspectiva juvenil
El estudio concluye con el listado de propuestas que plantea la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Son las siguientes:
Impulsar un nuevo pacto intergeneracional: Con voluntad política y social, debe trabajarse en un acuerdo para poner las bases bajo las que incluir la perspectiva juvenil. El pacto debería identificar los efectos del adultocentrismo en las instituciones y en las oportunidades de la gente joven, enmarcar los fundamentos de la perspectiva juvenil en las políticas públicas y sentar las bases para su desarrollo.
Formar a trabajadoras y representantes institucionales sobre interseccionalidad, adultocentrismo y perspectiva juvenil: Es necesaria una formación a trabajadores y representantes de las administraciones que contribuya a aclarar conceptos, compartir la visión de las personas jóvenes y sensibilizar sobre algunas dinámicas muy integradas e invisibilizadas adultocentrismo en las instituciones. Una formación transversal tanto en los diferentes ámbitos y departamento de actuación de la administración, como en los diferentes niveles de responsabilidad en las trabajadoras y cargos públicos.
Dotar de una estructura política y técnica, propia y al mismo tiempo transversal, a las políticas de juventud (concejalía y comisión interdepartamental): Esta voluntad política debe ir acompañada de una concejalía específica con un vínculo orgánico directo con Alcaldía y una Comisión Interdepartamental de Perspectiva Juvenil de carácter político con el liderazgo de la concejalía de juventud y de alcaldía que garantice la incorporación de la perspectiva juvenil a todos los ámbitos que afectan a la vida de las personas jóvenes.
Priorizar las políticas de apoyo a la juventud y sus transiciones e incrementar su presupuesto: El trabajo de campo de esta investigación ha hecho evidente que la desatención de las necesidades y demandas de la juventud también es percibida por la gente joven, lo que alimenta el círculo vicioso del alejamiento entre juventud e instituciones democráticas. Es necesario poner en primer plano las necesidades de la gente joven, muy especialmente en las políticas de educación, trabajo y vivienda, con un incremento significativo del presupuesto a aquellas políticas orientadas a la juventud.
Integrar las voces de las personas jóvenes a través de sus propios espacios de participación: Es necesario poner más esfuerzo para abrir las instituciones a lo que está pasando en la calle, y no tanto para generar espacios y plataformas de participación ad hoc, y procurar que las personas jóvenes se acerquen. Las instituciones deben entender que las formas más espontáneas de participación y movilización social de la juventud son también espacios de expresión democrática que pueden orientar las políticas públicas.
Acomodar los espacios de participación institucionales y hacerlos significativos: Debe realizarse una transformación interna de los espacios de participación y diálogo propuestos e impulsados desde las propias administraciones. Es necesario, a través de la formación propuesta en el primer punto, acomodar los espacios a las realidades juveniles y adoptar nuevos formatos internos que los hagan más amables y se alejen de la reproducción de prácticas o dinámicas adultocéntricas.
Informar sobre las políticas y servicios a través de canales específicamente juveniles: portal joven de ventanilla única digital, puntos de información juvenil e información proactiva: Existe la percepción de que la información sobre servicios y prestaciones no llega por canales públicos y evidentes, sino que normalmente se realiza a través de canales y contactos personales e informales. Se valoró positivamente en los grupos de trabajo la posibilidad de crear un portal digital personalizado donde centralizar las diversas políticas dirigidas a la juventud y fomentar una información proactiva de servicios y oferta de políticas pública. Es necesario promover un tipo de información proactiva de la oferta de políticas públicas para colectivos específicos.
Promover la universalización de los servicios y prestaciones de apoyo a las transiciones juveniles: Las personas jóvenes identifican las políticas asociadas a las transiciones juveniles (apoyo a los estudios, facilidades de acceso al mercado laboral o acceso a la vivienda) como las más relevantes y que tienen mayor impacto sobre sus oportunidades. En nuestro entorno las transiciones juveniles han sido olvidadas a menudo por las políticas públicas y han dejado toda la responsabilidad de apoyo a las familias. Esto hace que las oportunidades y estrategias de transición estén muy condicionadas por la familia de origen y se alimente una dinámica de reproducción intergeneracional de las desigualdades.
Rejuvenecer de la Administración: Es necesario proponerse actuar para rejuvenecer la administración y facilitar la identificación de la juventud con las instituciones. Por ello, es necesario buscar estrategias con los agentes sociales para facilitar el acceso a puestos de trabajo de la administración y la promoción de personas jóvenes a través, por ejemplo, de plazas específicas, de la mejora de la información sobre ofertas y bolsas de trabajo, de la inclusión de criterios de edad en determinadas convocatorias, etc.
Establecer una estrategia de evaluación de la perspectiva juvenil en las políticas públicas: Más allá de la adopción de medidas concretas, es necesario mantener una visión global de la situación de la juventud y de la aplicación de esta perspectiva. Hay que partir, de entrada, de un diagnóstico de la situación de la juventud. Y que estas diagnosis estén más vinculadas a la voluntad de transformación de las condiciones de vida y oportunidades de los jóvenes y de las políticas que les afectan.
Poner en marcha un sistema de indicadores sobre la perspectiva juvenil en las políticas públicas: Estos indicadores deben medir aspectos vinculados tanto a la situación de las personas jóvenes y como a las políticas que les afectan. Los indicadores deben poner énfasis en las situaciones de discriminación adultocéntrica desde una lógica interseccional. También es necesario que recojan el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Se trata de una comisión independiente e interdisciplinar para dar respuesta a las necesidades de reparación de las personas supervivientes.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona trabaja desde diciembre de 2022 en la creación de una Comisión de reparación para víctimas de violencia sexual en las escuelas de Barcelona. Ante las denuncias de violencia sexual y vejaciones por parte de un educador en la Escuela Barcelona a lo largo de 20 años, y la falta de reparación y acompañamiento a estas víctimas, la Sindicatura encuentra de especial importancia ofrecer un mecanismo para defender a los suyos derechos y reparar el daño sufrido por ellas.
La comisión de reparación tiene por objetivos buscar mecanismos de reparación del daño y mejorar la prevención de este tipo de hechos. Existen distintos mecanismos de reparación que se valorarán conjuntamente con cada una de las personas que acudan a la Comisión. Asimismo, si las personas que participen están de acuerdo, se trabajará para organizar un acto de justicia reparadora, en el que participarán las instituciones implicadas.
Previamente, las personas supervivientes realizarán entrevistas privadas con profesionales expertas en violencias, que ofrecerán un espacio de escucha activa al tiempo que servirán para explorar qué tipo de reparación es adecuada para cada participante.
El resultado de este ejercicio se compartirá con el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de Educación de Barcelona para explorar cómo pueden dar respuesta a las demandas de reparación del daño expresadas por las personas supervivientes y mejorar la prevención y actuación frente a casos similares en el futuro.
¿Quién conforma la Comisión?
La comisión de reparación está formada por tres personas y un grupo asesor, coordinado por la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Las tres personas que conforman la Comisión son profesionales expertas en violencias que participarán en el acompañamiento y escucha a quienes quieran participar en el proceso. Formarán parte Olga Casado, médica de familia y miembro del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT), Mireia Forner, psicóloga clínica del Equipo EMMA del Hospital Universitario Vall Hebron, y Carla Vall, abogada penalista y criminóloga.
Mientras, el grupo asesor dará acompañamiento al trabajo de la Comisión. Formarán parte Vicky Bernadet, de la Fundación Vicky Bernadet, Margarida Troguet, Presidenta de la Comisión Especial del Aula del Teatro de Lleida, y un representante de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.
Disculpas de las instituciones y reparación del daño: la labor pendiente
La Sindicatura de Greuges está firmemente comprometida con la lucha contra las violencias sexuales. En esta línea, se ha pronunciado a favor de la necesidad de establecer mecanismos reparadores que asistan a las personas supervivientes y puedan facilitar su bienestar.
Tal y como concluyó el Informe Anual 2022 de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, existe un vacío preocupante en cuanto a la reparación del daño a las personas supervivientes de este tipo de situaciones. Por esta razón, la Sindicatura ha decidido impulsar de forma proactiva este espacio, que persigue ser un punto de partida para que las instituciones competentes articulen sus propias estructuras con solución de continuidad.
Sería necesario que la ciudad se dotara de una estrategia que permita orientar la política municipal en materia de asentamientos hacia un objetivo común, de los diferentes servicios municipales. Ésta es una de las principales conclusiones de la resolución de la Sindicatura de Agravios de Barcelona a raíz de la queja de una ciudadana en representación de 22 familias que vivían en solares y naves en desuso, así como de representantes de Amigos del Movimiento Cuarto Mundo.
Ante el riesgo de vulneración de los derechos de las personas que viven en espacios ocupados declarados como infraviviendas, cobra especial importancia actuar para asegurar unas condiciones de vida adecuadas y el respeto a sus derechos.
El desahucio de asentamientos: punto de conflicto
La queja presentada ante la Sindicatura expresaba una contradicción entre la razón que movía al Ayuntamiento de Barcelona a ordenar desalojar los asentamientos y condiciones posteriores de las familias. El desahucio de estos espacios se hace porque no son seguros, pero la falta de alternativa residencial y los desalojos frecuentes hace que el problema persista o se agrave.
Los distritos donde se ubican los espacios de los asentamientos inician el procedimiento administrativo para la declaración de infravivienda después de constatar que el espacio no reúne las condiciones de habitabilidad. Este procedimiento se inicia a raíz de informes de los servicios de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, donde se hace constar que no se reúnen condiciones básicas de seguridad en caso de incendio, ni condiciones de seguridad estructural, de accesibilidad o de salubridad. En base a estas circunstancias, se decide que es necesario desalojar.
Pero a pesar de la participación de los servicios sociales en el proceso, la falta de recursos de alojamiento adecuados para las familias desahuciadas hace que éstas puedan quedar en una situación especialmente vulnerable.
La vivienda como puerta de entrada a otros derechos
El derecho a la viviendaes central en nuestra sociedad, ya que afecta al acceso a otros derechos como el derecho a la educación, o la salud. Por esta razón, es de vital importancia facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía, y sobre todo a aquellas personas más vulnerabilizadas.
La Sindicatura considera que, especialmente en lo que respecta a las familias que dispongan de un plan de intervención con los servicios sociales municipales, debe valorarse la posibilidad de derivarlas a un piso de inclusión con el fin de trabajar con más garantías por su inserción social.
Este recurso puede dar una respuesta más integral al problema que viven las personas que habitan en asentamientos. Tal y como hemos indicado anteriormente, más allá de la necesidad de ver garantizado su derecho a la vivienda, hay que trabajar en su inclusión socioeducativa y laboral para conseguir erradicar las causas que pueden abocar a determinados colectivos a vivir en asentamientos.
La colaboración con el tercer sector
Un aspecto detectado en el estudio de la queja, y corroborado en las visitas y contactos mantenidos en asentamientos de la ciudad, es la actuación de los servicios sociales en los mismos grupos de población en los que también intervienen algunas entidades sociales. A pesar de que los equipos pueden conocerse, a menudo las acciones de unos y otros no están suficientemente coordinadas o no se comparten informaciones básicas que pueden ser fundamentales en momentos clave, como los de los desalojos.
Este hecho contribuye a un cierto desconcierto por parte de las familias, que no tienen claro a quién y cuándo deben dirigirse para determinadas cuestiones y en quién hay que confiar.
El hecho de que haya una entidad trabajando en estos territorios, con una trayectoria histórica probada, es un valor que debería aportar riqueza en la intervención social y en el bienestar de las familias. Por este motivo, esta Sindicatura considera necesario que el diálogo entre el IMSS y las entidades sociales sea fluido y transparente para que puedan trabajar juntos, de forma coordinada y sumando esfuerzos.
Una mirada metropolitana
Más allá del reto que se plantea en el ámbito de la ciudad de Barcelona por la situación de las personas en asentamientos, por la Sindicatura de Greuges de Barcelona este problema tiene una dimensión superior a la municipal.
Desgraciadamente observamos una falta de coordinaciones políticas de alcance metropolitano, así como la existencia de determinadas políticas expulsivas en algunos municipios. Lo que comporta un efecto que concentra en la ciudad de Barcelona buena parte de esta población excluida.
Ante esto, el Ayuntamiento de Barcelona ha incrementado de manera continua los recursos municipales que atienden a esta realidad. Pero es necesario tener presente que este problema desborda la capacidad de actuación del Ayuntamiento de Barcelona y requiere un compromiso metropolitano.
En consecuencia, esta Sindicatura pide al consistorio que inste al resto de administraciones públicas competentes a que asuman sus responsabilidades y busquen, de forma colaborativa, la forma de garantizar los derechos de todas las personas que se ven abocadas a vivir en asentamientos.
