La defensoría se ha dirigido a los representantes municipales del Ayuntamiento en la Fira de Barcelona para recomendar que debatan sobre la conveniencia de la Feria del Juego, Casinos y Apuestas, y si procede, inicien negociaciones para cancelar o resolver anticipadamente el contrato con el organizador.
Entre otros, la Sindicatura ha recomendado a los representantes municipales del Ayuntamiento en la Fira de Barcelona que debatan sobre la conveniencia de celebrar este evento durante los próximos cinco años, y si procede, inicien las negociaciones para la cancelación o resolución anticipada del contrato con el organizador.
En caso de que no se pudiera cancelar anticipadamente, la Sindicatura también ha destacado la importancia que el evento disponga de un apartado de prevención y protección de las personas consumidoras, y que no se haga difusión en la vía pública.
En conclusión, para la Sindicatura representa una contradicción evidente que el consistorio despliegue una magnífica política para combatir la adicción al juego (reducción del número de establecimientos, límites a la publicidad, programas de prevención…), pero a la vez albergue y cofinancie el evento mundial más grande dirigido a profesionales del juego, casinos y apuestas.
La representación del Ayuntamiento en la Fira de Barcelona
La Fira de Barcelona es una entidad de naturaleza pública, de base asociativa y carácter consorcial, integrada de manera igualitaria por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, con los mismos derechos y obligaciones.
En el análisis llevado a cabo, la Sindicatura de Greuges ha comprobado que el sistema de gobernanza de la Fira incluye tres niveles diferenciados para la toma de decisiones: Consejo General, Consejo de Administración y Director General. Hay que especificar que el Ayuntamiento de Barcelona solo está representado en el Consejo General.
Según los artículos 15 y 22 de los estatutos de este organismo, corresponde al Consejo de Administración programar y organizar las actividades feriales. Pero también en los mismos estatutos, concretamente en el artículo 8, se asigna al Consejo General la competencia de fijar las líneas generales de actuación de la Fira, y también la aprobación anual de los planes estratégicos de actuación.
Teniendo este contexto sobre el funcionamiento de la Fira de Barcelona, la Sindicatura de Greuges considera que el Ayuntamiento sí que dispone de herramientas jurídicas para evitar contradicciones como la que supone alojar este encuentro.
“Creemos que es necesario que los planes estratégicos de la Fira de Barcelona incorporen criterios mínimos de exclusión hacia aquellas industrias que ponen en duda los valores que el mismo Ayuntamiento defiende con su acción de gobierno”, ha argumentado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.
Ahora que Fira de Barcelona está trabajando en el Plan Estratégico 24-29, que será sometido a la aprobación del Consejo General, la Sindicatura considera que el Ayuntamiento tiene a su alcance la capacidad y la oportunidad de introducir criterios éticos que impidan la programación de actividades contrarias a los principios que inspiran el conjunto de políticas públicas.
La concejalía de Salud, sin constancia directa de este evento
Cuando inició la actuación de oficio, la Sindicatura se dirigió a la Concejalía de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad para saber qué rol había tenido en la toma de decisiones de albergar este acontecimiento en la ciudad de Barcelona, así como qué acciones tenía previstas.
El informe de la concejalía de Salud expone que el conocimiento que había tenido sobre la celebración de este evento había sido a través de los medios de comunicación.
Este hecho preocupa la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Además de la capacidad de decisión e influencia que pueda tener el Ayuntamiento sobre la actividad de la Fira de Barcelona, es innegable que el Área de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Trabajo tenía conocimiento de este hecho y que, consecuentemente, debería haberlo comunicado formalmente a los órganos municipales que tuvieran un interés directo.
Barcelona, 24 de octubre de 2024 – A las puertas de una amplia modificación de la Ordenanza de Convivencia, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha publicado el estudio Espacio público y derecho a la ciudad: análisis de la Ordenanza de Convivencia de Barcelona, un informe que examina la ordenanza vigente y su aplicación, y traslada varias propuestas de actuación al consistorio.
La actual Ordenanza, que entró en vigor en 2006, se encuentra en un proceso de modificación y actualización por parte del Ayuntamiento de Barcelona. “Han pasado casi dos décadas. El contexto de aquellos años no es el contexto de hoy en día y hay que ajustar la ordenanza a las nuevas necesidades”, ha manifestado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.
Espacio público y derecho a la ciudad: análisis de la Ordenanza de Convivencia de Barcelona tiene una finalidad práctica, con el objetivo de orientar posibles cambios a la normativa en vigor, además de hacer propuestas constructivas a la modificación de la ordenanza que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha estructurado en cuatro ejes sus propuestas de actuación hacia la Ordenanza: sobre el objeto y el ámbito de aplicación; sobre la diversidad de usos del espacio público; sobre las actuaciones preventivas, y sobre las medidas de ejecución.
Sobre el objeto y el ámbito de aplicación
El objeto de la Ordenanza debería ser velar por un uso compartido y respetuoso del espacio público y el fomento de la convivencia mediante actuaciones que entiendan las calles y las plazas como áreas vivas donde el control total de la administración no es posible ni deseable. Hay que fomentar la corresponsabilidad ciudadana y comunitaria, y la autogestión del espacio público, incentivando la tolerancia y el valor de la diversidad. Por lo tanto, la actuación municipal, en cuanto a los usos del espacio público, deber ir más allá de la imposición de sanciones.
Centrar el ámbito de aplicación de la Ordenanza en los comportamientos incívicos deliberados, es decir, en aquellas conductas socialmente rechazables vinculadas a un uso antisocial del espacio público o al vandalismo.
Desvincular de la Ordenanza las conductas de personas y colectivos en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad, para evitar el doble proceso de estigmatización. Requieren un abordaje integrador y protector, y es un deber de la administración ofrecerlo y trabajar desde los diferentes servicios municipales por paliar las situaciones de vulnerabilidad que sufren.
Concretar, de manera detallada, cuál es el bien jurídico a proteger en cada una de las conductas reguladas en el articulado. En líneas generales, podría considerarse la convivencia como el bien jurídico, pero esta puede ser complementada con otros bienes jurídicos, como el del espacio público.
Definir claramente las situaciones de hecho de las conductas contempladas como infracción, con el fin de evitar apreciaciones subjetivas y hacer un buen uso de la discrecionalidad a la hora de aplicar la ordenanza.
Analizar la posibilidad de refundir, en un único texto normativo, la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público y la Ordenanza del uso de las vías y los espacios públicos, con el objetivo de eliminar posibles confusiones en su aplicación y la sobrerregulación.
Sobre la diversidad de usos del espacio público
Evitar un exceso de burocratización en la gestión de la calle, apostando por la coordinación y la interlocución con determinados colectivos y el fomento de su autonomía con criterios de corresponsabilidad.
Actuar para compatibilizar los diferentes usos y dinámicas que se dan en espacios como las Superillas, para garantizar la convivencia, los derechos humanos de proximidad y el derecho en la ciudad.
Potenciar la coordinación municipal y también con las entidades sociales y vecinales para obtener una visión integral de los usos que se hacen en el espacio público de la ciudad, y abordar desde el diálogo los posibles problemas que se originan.
Sobre las actuaciones preventivas
Asegurar la máxima participación en la modificación de la Ordenanza con una amplia difusión a los diferentes agentes implicados en la gestión y usos del espacio público (personal municipal, entidades, plataformas sociales y vecinales), con perspectiva interseccional, garantizando el consenso y la legitimidad de la regulación aprobada.
Complementar la aplicación de la Ordenanza con un trabajo socioeducativo, intensificando la presencia de agentes cívicos y educadores en determinados momentos y espacios concretos de la ciudad donde confluyen determinadas dinámicas, con el fin de introducir metodologías pedagógicas que ayuden a corresponsabilizar sobre los usos, dando a conocer los derechos y los deberes a las personas usuarias.
Reforzar la mediación comunitaria en las dinámicas generadas en torno a la convivencia. Por ejemplo, en acciones vinculadas al ocio nocturno y al uso turístico de determinados espacios de la ciudad.
Establecer medidas eficaces para disuadir o modificar conductas de personas visitantes de la ciudad, entendiendo que se trata de personas que no tienen el sentimiento de pertinencia.
Dotar la ciudad de equipamientos necesarios para evitar algunas conductas sancionadas por la Ordenanza: red de lavabos públicos, consignas para dejar las pertenencias, duchas, espacios asignados a grafiteros, etc.
Sobre las medidas de ejecución
Aplicar las Medidas Alternativas a la Sanción (MAS) como primera consecuencia ante la comisión de infracciones de la Ordenanza. Solo en caso de ser rechazadas por parte de la persona infractora, se debería aplicar la imposición de sanciones pecuniarias.
Potenciar espacios de coordinación interna municipal entre los diferentes servicios y áreas implicadas, con especial incidencia en los servicios sociales y la Guardia Urbana, con el objetivo de hacer una correcta aplicación de la normativa a través de la actualización de protocolos internos.
Formar suficientemente el personal municipal que debe aplicar la Ordenanza, a fin de garantizar una interpretación de la norma con perspectiva de derechos humanos de proximidad.
Esta asociación de acción comunitaria y solidaria hace uso de la antigua Escola Massana desde junio de 2020, cuando se agudizaron las necesidades sociales del barrio del Raval a raíz de la pandemia.
Inicialmente, el consistorio toleró la ocupación, y después mostró interés y voluntad en regularizarla, valorando su misión social.
En marzo de 2023, la asociación pidió formalmente al consistorio la cesión del uso del espacio, apoyada en un informe técnico del Distrito. Posteriormente, la Taula de Patrimoni Ciutadà informó favorablemente la cesión. A pesar de esto, no llegó a oficializarse.
A pesar de que la cronología anterior parecía que conducía hacia la cesión de uso, en julio de este año el Ayuntamiento notificó a la asociación la incoación de un expediente para la recuperación de oficio de la posesión de la finca de la antigua Escola Massana.
El 14 de octubre de 2024 la asociación recibió la resolución de desalojo, prevista solo tres días después. Ha pedido medidas cautelares contra la resolución de desalojo ante el juzgado contencioso-administrativo de Barcelona.
El Ayuntamiento ha justificado la urgencia de la tramitación del expediente de recuperación de oficio de la posesión de la finca, y la consiguiente resolución de desalojo, en la implementación de un proyecto cultural y de servicios de acercamiento a la ciudadanía en el recinto del antiguo Hospital de la Santa Creu y de la antigua escuela Massana.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona desconoce el calendario de ejecución de este proyecto, puesto que era una de las peticiones de información que hacía al Distrito y que el órgano territorial no ha contestado. Sin llegar a conocer este dato, y sin perjuicio de las potestades de recuperación de los bienes públicos del Ayuntamiento, la Sindicatura hace un llamamiento a reflexionar sobre el plazo de ejecución del desalojo y sobre posibles alternativas para continuar con la tarea comunitaria, reconocida por el mismo consistorio como de interés general.
Por último, la defensoría de la ciudadanía barcelonesa sostiene que hay que generar, en el marco del Pacto por Ciutat Vella, un espacio de diálogo que permita encontrar soluciones adecuadas. En esta línea, ofrece su predisposición a intervenir para buscar un acuerdo viable y realista, que no suponga la pérdida de un espacio de encuentro y cohesión para el vecindario del barrio del Raval.
Los dos reconocimientos de la Guardia Urbana han sido para Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona entre los años 2010 y 2021, y Francesca Reyes, asesora de la Sindicatura en temas de seguridad y prevención desde 2005.
Barcelona, 16 de octubre de 2024 – Durante la Diada de la Guardia Urbana 2024, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha sido premiada con dos medallas de honor al mérito por el trabajo y colaboración de la defensoría con la Guardia Urbana.
En la edición de este año, celebrada el miércoles 16 de octubre en el Auditori Forum del CCIB, los dos reconocimientos han sido para Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona entre los años 2010 y 2021, y Francesca Reyes, asesora de la Sindicatura en temas de seguridad y prevención desde 2005.
Barcelona se define, se configura y se caracteriza por ser un territorio de acogida, un lugar de convivencia, y un espacio de comunicación e intercambio de experiencias.
En este contexto, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que la Guardia Urbana de Barcelona tiene un papel clave, no solo en cuestiones de seguridad, sino también como institución que debe mantener el equilibrio entre personas y colectivos con diferentes valores que conviven en el mismo tiempo y el mismo espacio.
Por estos motivos, históricamentela relación entre la Sindicatura y la Guardia Urbana de Barcelona siempre se ha basado en la colaboración mutua, la anticipación a las problemáticas y la implicación firme en la resolución de las situaciones que originan quejas en la defensoría.
Barcelona, 8 de octubre de 2024 – En el contexto de una nueva edición de la Fiesta Mayor de Sarriá, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha resuelto una queja de varias comunidades vecinales del barrio, que denunciaron las molestias acústicas ocasionadas durante los 24 días que la feria de atracciones está instalada en la zona central de la Vía Augusta (entre las calles Dolors Monserdà y el paseo de la Bonanova).
Además de los ruidos, las personas promotoras de la queja también exponían su preocupación por el control de seguridad de las atracciones, así como por la ubicación de la pista de coches y la duración excesiva de la feria. Esta queja vecinal a la Sindicatura también fue formulada mediante una instancia municipal, que fue respondida en el plazo establecido.
La respuesta municipal a la instancia presentada por el vecindario
En lo referente al control acústico, el Distrito informa que solo se podrá poner música, anuncios, sirenas o cualquier otro de las 11 a las 13 h y de las 17 a las 21 h. Este sonido no podrá sobrepasar los decibelios determinados en la Ordenanza de Medio Ambiente.
Relativo al control de seguridad estructural de las atracciones, el Distrito verifica la mencionada seguridad mediante la aportación, por parte de los titulares de las atracciones, de un certificado firmado por un técnico competente. Antes de que se ponga en marcha, un técnico competente emite el informe de validación de toda la feria en conjunto. En cuanto al cableado, desde el Distrito se hará seguimiento de la instalación y se exigirá a los feriantes, si procede, la protección correspondiente.
En cuanto a la petición de cambio de ubicación de la pista de coches de choque, se ha acordado ponerla en la parte superior de la feria, junto al c/ Dolors Monserdà.
Respecto a la duración de la feria, el Distrito comunica que es consciente que la zona de los entornos de la feria soporta una actividad intensiva durante los días que dura. Por este motivo, se trabaja para ir reduciendo la duración progresivamente.
En este contexto, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha determinado que la actuación del Distrito de Sarriá-Sant Gervasi ha sido adecuada en cuanto a la respuesta facilitada, y le anima a continuar garantizando eficazmente los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y lo hace mediante dos recomendaciones y una sugerencia al distrito, así como una recomendación al vecindario afectado:
– Recomendar al Distrito de Sarriá-Sant Gervasi que supervise la validez e idoneidad de todos los certificados técnicos que se requieran para la autorización de la feria de atracciones antes de su puesta en funcionamiento.
– Recomendar al Distrito de Sarriá-Sant Gervasi que haga un control exhaustivo del cumplimiento del horario y de las condiciones de funcionamiento de la feria.
– Recomendar a las personas vecinas que, en caso de detectar cualquier incidencia que pueda afectar la seguridad ciudadana, llamen al 112.
– Sugerir al Distrito de Sarriá-Sant Gervasi que valore otras posibles ubicaciones más adecuadas para instalar la feria de cara a futuras ediciones.
Durante la celebración de la Fiesta Mayor de Sarriá, la Sindicatura estará atenta a la convivencia en este emplazamiento que acoge la feria de atracciones, con el objetivo de garantizar el derecho al descanso del vecindario y el derecho a la seguridad ciudadana.
Concretamente, se trata del bar ubicado en el Mas Guinardó, la gestión del cual corresponde al local social del club. El Ayuntamiento ha informado que únicamente puede ofrecer la actividad de restauración para sus socios y que cualquier situación que vaya más allá de estos términos, no estaría legalizada.
A pesar de que el consistorio ha comunicado formalmente a los gestores del local que el uso del espacio exterior está destinado exclusivamente a los socios y que no dispone de autorización para desarrollar la actividad de restauración, la Sindicatura ha constatado presencialmente que la actividad de bar se continúa llevando a cabo y es de acceso libre para todas las personas.
En esta línea, se ha pedido en el Ayuntamiento que insista y requiera a los gestores del local el cese inmediato de la actividad de bar con terraza que se realiza sin tener licencia municipal.
Para acabar, la Sindicatura quiere recordar que, según establece el ordenamiento jurídico sobre bienes patrimoniales, los entes locales pueden ceder, en precario, el uso a entidades privadas sin ánimo de lucro para que se destinen a fines de utilidad pública o de interés social, siempre en beneficio de intereses de carácter local.
A pesar de todo el tiempo transcurrido, todavía está presente la señalización vial específica que requería la gasolinera. Esta señalización ubicada en el asfalto causa situaciones de peligro y confusión en las personas que circulan, tanto por el carril bici de doble sentido como por el carril de circulación izquierda de la ronda de Sant Pau.
“La situación de peligro actual es absolutamente innecesaria y sería deseable que el Ayuntamiento ejecutara los cambios en la señalización vial con independencia de la retirada del quiosco de la gasolinera”, ha manifestado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.
Descripción de la situación
Las afectaciones por esta gasolinera sin funcionamiento se ubican en el tramo de la ronda de Sant Pau entre los números 17 y 39, casi en el cruce con la calle del Marqués de Campo Sagrado. A continuación, se detallan algunas de las circunstancias que generan situaciones de peligro y confusión:
Estrechamiento del carril bici, a causa del estacionamiento de vehículos en la antigua zona donde se dispensaba gasolina.
Desaparición de los elementos de caucho que separan el carril bici y la calzada.
Presencia de una reja en el pavimento, que servía para colar los restos de gasolina derramados.
Señalización vial en la calzada que no tiene funcionalidad y que genera confusión.
El derecho a la seguridad
En esta línea, la Sindicatura cree que la situación más grave es la del carril bici de doble sentido, que a raíz de la presencia de la gasolinera en desuso, pierde elementos de seguridad para las personas ciclistas:
A causa del estrechamiento del carril bici, hay una pérdida de espacio que provoca que las personas ciclistas queden encajonadas entre los vehículos en marcha y los automóviles estacionados, con el riesgo para la seguridad que esto comporta.
La inexistencia de separadores entre el carril bici y la calzada, sumados al estrechamiento del carril bici, genera más sensación de inseguridad para las personas ciclistas.
Presencia de una reja en el pavimento que aumenta el riesgo de resbalar, sobre todo en días que pueda estar mojada o húmeda por las condiciones climatológicas.
Disminución de la visibilidad, sobre todo en el sentido ascendente.
La cuadrícula amarilla pintada en el suelo, justo delante de la gasolinera, ya no tiene ninguna función y causa confusión en muchas personas conductoras que van por el carril izquierdo de la calzada.
En cuanto a las acciones municipales vinculadas a esta situación, durante el Consell de Barri de Sant Antoni del 12 de junio de 2024, el concejal del Distrito del Eixample informó que el Ayuntamiento estaba a la espera de los permisos de la Agència de Residus de Catalunya para retirar la gasolinera.
El objeto de la actuación de la Sindicatura no es la demora en la retirada de la gasolinera, sino la carencia de actualización de la señalización alrededor de la gasolinera desde hace años, que perjudica gravemente la seguridad de las personas ciclistas que circulan por el carril bici de doble sentido.
Y es que la defensoría de la ciudadanía barcelonesa ha vuelto a hacer esta petición al Ayuntamiento después de recibir un informe municipal en el que falta información solicitada, como el número de vuelos turísticos diarios o si se han ejecutado medidas sobre el impacto acústico.
“Con la información de la que disponemos, es difícil discernir si se está actuando correctamente en esta situación. Nos volvemos a dirigir al Ayuntamiento con el objetivo de poder ayudar al vecindario en su queja”, ha manifestado David Bondia, síndic de greuges de Barcelona.
El Ayuntamiento cree que su margen de actuación es muy limitado y que las competencias son compartidas entre la Dirección de Puertos y Transportes de la Generalitat de Catalunya y la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. Añade que se han llevado a cabo varias reuniones para tratar el asunto, tanto con estos dos organismos como con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
La Sindicatura de Greuges de Barcelona quiere recordar que, independientemente de los aspectos más técnicos donde no hay competencia municipal (la altura del vuelo, los itinerarios o el tipo de vehículo), el Ayuntamiento sí que puede actuar en la contaminación acústica.
Acciones municipales llevadas a cabo en 2024
A raíz de estas intervenciones, se sancionó a la compañía que sobrevolaba la ciudad por debajo de la altura mínima reglamentaria, así como por utilizar helicópteros monomotores y no cumplir la ruta establecida.
El consistorio también indica que se han ejecutado estudios acústicos para analizar el impacto de los helicópteros turísticos sobre las viviendas afectadas por los itinerarios de vuelo, y que se han llevado a cabo medidas sonométricas de control periódico en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, como ya ha expuesto la Sindicatura, no se informa de los resultados obtenidos ni de posibles actuaciones o requerimientos a consecuencia de estas mediciones.
Barcelona, 12 de septiembre de 2024 – El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, participa hoy en la International Conference of Ombudsman: The role of the ombudsman as guarantor of rights, organizada por el IOI en Cassino (Italia) los días 12 y 13 de septiembre.
Bajo el nombre de Human rights in global crises. The role of the ombudsman,Bondia comparte mesa con las defensoras y síndicas de Turquía, Kosovo, Haití, Malta, Bulgaria y la alcaldesa de Foumban (Camerún).
Esta conferencia internacional tiene como tema principal el papel de los síndics y defensores como garantes de los derechos para que las administraciones públicas operen de manera transparente y responsable, y promuevan el respeto hacia los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación.
En la conferencia también habrá representación de países de todo el mundo, como Italia, Noruega, Chipre, EEUU, Guatemala, Serbia, Colombia, Azerbaiyán, Indonesia, Angola, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Pakistán, Uzbekistán, Ucrania, Francia, Países Bajos, Argentina, Polonia, Israel y Marruecos.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona, un referente internacional
En los casi tres años de mandato del actual síndic, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ya ha visitado Uruguay, Colombia, México, El Salvador, Argentina, Bélgica e Italia, donde el proyecto de la defensoría de la ciudad barcelonesa ha levantado mucho interés.
El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha valorado muy positivamente las relaciones internacionales: “El intercambio de conocimiento es muy provechoso para la Sindicatura, puesto que nos permite exportar nuestras iniciativas y a la vez integrar buenas prácticas de otros territorios para tratar las problemáticas de la ciudadanía con la administración pública”.
Participación activa en AGOL e IOI
La Sindicatura de Greuges de Barcelona participa activamente en las dos principales redes mundiales de síndics y defensores: el International Ombudsman Institute (IOI) y la Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL).
El International Ombudsman Institute (IOI), fundado en 1978, es la organización global para la cooperación con más de 200 instituciones independientes de ombudspersons de más de 100 países. Está organizado en seis regiones: África, Asia, Asia Austral & Pacífico, Europa, Caribe & América Latina y Norteamérica.
La Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL) es una institución internacional constituida en 2019. Reúne más de 100 ombudspersons, defensoras y defensores del pueblo, síndics, mediadores, y presidentes de comisiones de DDHH de más de 10 países, con el objetivo de ser una organización que promueva la discusión, la cooperación y el intercambio de experiencias entre ombudsperson locales.
La Sindicatura considera que la decisión municipal de sancionar los casos donde se comete un error involuntario al introducir la matrícula no está justificada. “Son circunstancias en las que el estacionamiento es correcto, la persona usuaria sí que ha abonado la tasa correspondiente y el personal de B:SM tiene los medios para tener pleno conocimiento del error, puesto que puede contrastar fácilmente que hay un comprobante pagado con una matrícula casi idéntica en el mismo lugar y a la misma hora”, ha detallado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.
La Sindicatura reconoce que B:SM ya había introducido mejoras
Como ya se ha mencionado, la Sindicatura ha recibido varias quejas con el mismo supuesto: ser sancionado por haber obtenido el comprobante horario con un error en la matrícula. De los diferentes informes elaborados por la defensoría de todos los casos anteriores, se ha constatado que B:SM ha introducido mejoras en su sistema de parquímetros para evitar que se produzca este error.
Se han configurado más validaciones: se valida la matrícula con las bases de datos de residentes de la zona y con la de la Dirección General de Tráfico.
Se ha ampliado el diálogo mediante varias pantallas consecutivas en las que constan los datos esenciales de la operación, como la matrícula, de forma que la ciudadanía puede visualizar hasta tres veces la información antes de finalizar el proceso.
Se ha ampliado la información del ticket, que incluye, entre otros, el código del parquímetro, el cual indica de manera indirecta la zona concreta de estacionamiento.
Los números del teclado están colocados en horizontal, ordenados del 1 al 0 para intentar prevenir errores.
El web del área de estacionamiento regulado contiene información detallada y actualizada, así como videos explicativos sobre cómo obtener un comprobante horario.
Sentencia judicial que da la razón a la ciudadanía en casos similares
Hay que hacer inciso en una sentencia de primera instancia que analiza este supuesto y considera que en estos errores falta el requisito de culpabilidad, puesto que la persona sí que ha demostrado diligencia obteniendo el comprobante y abonando la tasa. También determinan que este punto de las condiciones de uso es susceptible de considerarse “cláusula abusiva”.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que sostener que el error no culpable lo debe asumir la ciudadanía no es compatible con el principio de proporcionalidad del artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que prevé que haya “grado de culpabilidad o existencia de intencionalidad”.
La defensoría de la ciudadanía barcelonesa hará un seguimiento de las actuaciones municipales para garantizar que, una vez se acaben las obras en la zona del parque de Joan Miró, se repongan los espacios verdes y se trasplanten los árboles talados.
Las obras de la L8 de FGC
Las obras de la L8 de los FGC empezaron el martes 6 de agosto y su ejecución afecta a la arboleda del parque de Joan Miró, puesto que se convertirá en el espacio logístico de los trabajos para alargar la línea de los ferrocarriles entre la plaza de España y Gracia. Según información del Ayuntamiento, entre la vegetación damnificada, hay 94 elementos: 75 pinos y 19 árboles más, de los que casi la mitad son palmeras.
Barcelona, una ciudad con necesidad de espacios verdes
Barcelona se encuentra muy por debajo de los baremos deseables en cuanto a superficie de verde urbano por habitante: la OMS indica que deberían ser de 10-15 m², mientras que en la ciudad barcelonesa es de menos de 7 m². Justamente en el distrito del Eixample, donde tienen lugar las obras, la cifra es todavía más negativa: menos de 2 m² de verde urbano por habitante.
Para trabajar en la mejora de este grave déficit, la Sindicatura ha recordado al consistorio que debe hacer todos los esfuerzos posibles para que los parques y jardines de los que dispone la ciudad estén en buenas condiciones y se puedan utilizar para favorecer la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía. Es en este punto donde la defensoría de la ciudadanía barcelonesa hará el seguimiento y control de estas obras, con el objetivo de comprobar que no se pierde ningún espacio verde en la ciudad.
La responsabilidad municipal para minimizar las afectaciones en el vecindario
El Ayuntamiento, a pesar de no ser el responsable directo de las obras de ampliación de la línea L8 de FGC, debe velar para que las incidencias en la ciudadanía sean las mínimas posibles y se resuelvan lo más pronto mejor. En concreto, las obras ocasionarán afectaciones en el carril bici del lado norte de la Gran Vía, la parada doble de bus, la parada del aerobús, y otras calles como la carretera de la Bordeta y la avenida del Paralel.
En cuanto a la duración prevista de la ocupación del espacio donde se instala la zona logística, el consistorio no facilitó una respuesta concreta a la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Por este motivo, a pesar de que se informó al vecindario que la afectación seria por dos años y medio, visto lo que ha pasado en otras obras de gran envergadura, la Sindicatura quiere remarcar la conveniencia de ajustarse al máximo a los plazos de ejecución y, si puede ser, intentar reducirlos por todos los agravios que supondrán para el vecindario más próximo.
En esta línea, la Sindicatura ha recomendado al consistorio que promueva la constitución de una comisión de seguimiento de las obras, conjuntamente con la Generalitat de Catalunya.
Según ha informado el Ayuntamiento a la Sindicatura, las directrices que actualmente sigue la Guardia Urbana se basan en la saturación policial del espacio, entendida como una medida preventiva para evitar la instalación de vendedores ambulantes. Por ejemplo, en el caso concreto del Park Güell, se ha incrementado el número de policías, que ha pasado de dos agentes a cuatro o seis desde el mes de mayo, con el fin de generar una imagen de tranquilidad y seguridad en aquel espacio tan transitado por turistas.
La Sindicatura, como ya ha incidido en anteriores ocasiones, enfatiza en que el colectivo de vendedores en ningún caso supone un problema de orden público de inseguridad ciudadana. Al contrario: es el principal interesado en desvincularse de esta imagen de inseguridad, y colabora en la protección de la seguridad ciudadana ante situaciones de hurtos y robos.
La intervención policial también consiste en la imposición de sanciones. Según información que en su momento se facilitó a la Sindicatura, el porcentaje de pago de estas denuncias es de un 3,46%. Estos datos denotan la ineficacia de la aplicación del procedimiento sancionador, tanto en cuanto al impago de las multas como a los efectos disuasivos que pueden tener. A pesar de que esta estrategia no ha dado buenos resultados, se continúa implementando de manera más intensiva en el contexto del Pla Endreça impulsado por el consistorio. De hecho, según fuentes municipales, desde la entrada en vigor del Pla Endreça, las denuncias por venta ambulante se han incrementado en más de un 30%.
Desde esta perspectiva centrada en el ámbito de la seguridad, a pesar de los esfuerzos y los efectivos policiales que se destinan, no se consigue erradicar el top manta, puesto que no se está incidiendo en las causas estructurales que lo provocan. Conviene recordar que las causas de vulnerabilidad se deben abordar de forma holística desde una triple dimensión: la condición de vulnerabilidad (ser vulnerable), la situación de vulnerabilidad (estar vulnerable, poniendo en el centro las barreras externas con las que se encuentra una persona) y la posición de vulnerabilidad (incidiendo en el papel de la persona o del colectivo en la estructura de poder de una sociedad). Es en este sentido que la Sindicatura considera que un abordaje solo de carácter policial no sirve para afrontar una realidad de carácter estructural.
La perspectiva de la inclusión de les personas vendedoras
La Diagnosi social sobre el fenomen de la venda ambulant a la ciutat de Barcelona elaborada por el Ayuntamiento en 2015 ya confirmó la necesidad de un abordaje social de la venta ambulante no autorizada, y la necesidad de reforzar los itinerarios de inclusión a través de una oferta de apoyo en la ocupación y de la intensificación del acompañamiento en la regularización de la situación administrativa de las personas vendedoras del top manta.
Actualmente, la intervención desde la perspectiva social que lleva a cabo el consistorio se hace a través del equipo especializado para el abordaje de la venta ambulante no autorizada (EAVANA) con tres objetivos: detectar y abordar situaciones de vulnerabilidad social de las personas vendedoras; actuar como observatorio y hacer mediación en posibles conflictos.
A pesar de esta intervención desde el ámbito social, la Sindicatura evidencia que, pese a la recogida de datos e información por parte del EAVANA, la gestión actual no se plantea ni ha puesto en marcha instrumentos y medidas específicas para abordar las causas estructurales y combatir las vulnerabilidades sociales derivadas de la exclusión administrativa, ni para facilitar oportunidades laborales, a fin de que puedan reconstruir sus itinerarios vitales.
A pesar de las limitaciones de la intervención social, en años anteriores el Ayuntamiento de Barcelona abordó el conflicto desde la óptica de los derechos de ciudadanía, e implementó una serie de medidas que, aunque eran insuficientes para resolver la situación, permitieron la inclusión social y la regularización de varias personas del colectivo del top manta. Actualmente, pese a la intervención de la EAVANA, se desprende que una parte importante de sus actuaciones continúan enfocadas al abordaje de la problemática desde los efectos que produce la ocupación no autorizada del espacio público.
La necesaria coordinación interadministrativa
En el fenómeno de la venta ambulante no autorizada no se pueden obviar las limitaciones competenciales de la Administración local para regular este fenómeno e incidir sobre las principales causas que colocan las persones vendedoras en una situación de exclusión social. “Es del todo necesario abordar el fenómeno en su especificidad con una buena coordinación multinivel y multisectorial de todas las administraciones públicas implicadas”, ha manifestado el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.
La Sindicatura se reafirma en la idea de que el abordaje de la venta ambulante irregular no se puede hacer únicamente desde la óptica punitiva por la ocupación del espacio público, porque esta solo agravia la situación. Necesariamente, debe pasar por la implementación de instrumentos y medidas más amplias y coordinadas entre las diversas administraciones públicas, puesto que será la manera de poner fin a esta situación de marginación y deshumanización del colectivo.
El perfil de las personas que ejercen el top manta en Barcelona
La venta ambulante no autorizada, popularmente conocida como top manta, responde a la proyección internacional de la ciudad y a la gran afluencia de turismo. Se trata de una actividad ejercida mayoritariamente por personas migrantes en situación administrativa irregular y, por lo tanto, excluidas del mercado laboral regularizado, que se ven abocadas a la necesidad de trabajar en la economía informal como medio de subsistencia.
En 2015, el Ayuntamiento de Barcelona elaboró la Diagnosi social sobre el fenomen de la venda ambulant a la ciutat de Barcelona, con unas conclusiones todavía vigentes y que, entre otras, exponen el perfil de las personas que ejercen el top manta. El consistorio detectaba que la mayoría tenía origen en países africanos e indoasiáticos. Prácticamente todos habían hecho un viaje migratorio peligroso, por el cual habían pagado precios elevados.
Mayoritariamente son hombres, sin perfil delincuencial, en franjas de edad relativamente jóvenes, que no superan la media de 45 años. Casi todos tienen pocas perspectivas de poder iniciar procesos de regulación a corto y medio plazo. Así pues, a pesar de tratarse de personas que viven aquí desde hace años, no disfrutan de los derechos más básicos. Su situación de exclusión supone la privación de los circuitos normalizados de acceso a los derechos.
Gran parte de ellos coinciden en la voluntad de quedarse permanentemente en el territorio español, conseguir la regularización administrativa y poder acceder al mercado laboral para abandonar la venta ambulante. Se trata de un colectivo que, en general, no recibe atención social ni percibe prestaciones, y son poco usuarios de los servicios públicos.
Contribución solidaria durante la peor etapa del Covid-19
La Sindicatura de Greuges de Barcelona cree conveniente recordar la acción solidaria del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes durante la peor etapa de la pandemia del Covid-19. Convirtió su tienda en un taller de fabricación de mascarillas y batas de uso médico, que distribuyeron en centros hospitalarios para luchar contra el coronavirus, servir a la ciudadanía y cubrir las necesidades en aquella situación sanitaria tan complicada. También crearon un banco de alimentos solidario para distribuir comida a las personas más necesitadas.
Los sectores económicos afectados por la actividad del top manta
La venta ambulante está regulada en el Decreto 162/2015, de 14 de julio, de venta no sedentaria. El artículo 4 se refiere a las condiciones para el ejercicio de la venta ambulante, y señala expresamente que, cuando se trate de vendedores extracomunitarios, deben acreditar el permiso de residencia y de trabajo. Por lo tanto, el decreto no deja espacio al ejercicio de la actividad por parte de personas en situación administrativa irregular, el perfil mayoritario de estos vendedores.
Algunos sectores económicos denuncian, principalmente, dos aspectos del top manta que les afectan negativamente: la falsificación o imitación de productos de marca, y la competencia desleal que ejercen con el comercio de proximidad.
En cuanto al primer ítem de la falsificación de marcas, a lo largo de los años se ha alimentado el discurso que detrás del top manta hay entramados mafiosos o redes de crimen organizado que explotan y utilizan las personas vendedoras para distribuir estos productos de imitación.
Sin embargo, la Diagnosi social sobre el fenomen de la venda ambulant a la ciutat de Barcelonano detecta unas estructuras de red jerarquizada o presencia de mafias que exploten a los vendedores o controlen la distribución de los productos. Este estudio municipal indica que los vendedores, generalmente, adquieren la mercancía de manera legal en polígonos industriales del área metropolitana. Además, el consistorio argumenta que en este asunto es relevante la denuncia de las personas perjudicadas para iniciar actuaciones, pero que últimamente no han recibido ninguna denuncia de personas perjudicadas por esta situación.
En cuanto a la competencia desleal de esta actividad respecto a otras autorizadas, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACC) emitió la Resolución CO 137-2016, que hablaba de atender al colectivo de personas en situación muy precaria o de exclusión buscando salidas laborales y también de combatir este fenómeno desde la intervención decidida en los niveles superiores de la cadena de distribución de los productos que se venden ilícitamente en la vía pública por parte de las diferentes administraciones. En esta línea, el estudio municipal de 2015 también exponía que después de varias entrevistas con responsables de establecimientos comerciales, no perciben a los vendedores ambulantes como un colectivo conflictivo y señalan haber llegado a pactos verbales con ellos para no influir negativamente en el desarrollo de las actividades comerciales.
Las normativas y la regularización administrativa
Cómo se ha apuntado anteriormente, las personas migrantes que llegan al territorio español de manera irregular se ven abocadas a trabajar al margen del mercado laboral regular a fin de poder cubrir sus necesidades básicas. La venta ambulante no autorizada se recoge en varias normativas, tanto de ámbito estatal como de ámbito local, que legitiman el uso de medidas punitivas contra el ejercicio de la actividad, con consecuencias de carácter económico, penal y administrativo para las personas vendedoras.
En varias ocasiones, la Sindicatura ha trasladado al consistorio su parecer sobre que las ordenanzas municipales, especialmente la de fomentar y garantizar la convivencia en el espacio público de Barcelona, no pueden incluir conductas que están asociadas a personas vulnerabilizadas. La calificación de infracción de estas conductas contribuye, en gran parte, a estigmatizar y deshumanizar a las personas de este colectivo, a la vez que refuerza su marginación social, puesto que están ocupando el espacio público como personas migrantes, pero también como personas racializadas.
Hay que añadir que la existencia de antecedentes penales imposibilita la obtención del permiso de residencia, situación que lleva las personas a la pérdida de expectativas de regularización, a la cronificación de su situación de exclusión social y a quedarse sin posibilidades de acceder al mercado laboral y a los derechos sociales. Ha quedado patente que, pese a las graves consecuencias del incumplimiento normativo, este marco legal y esta manera de actuar no ha sido eficaz.
La iniciativa legislativa Regularización.Ya
La Sindicatura de Greuges de Barcelona también quiere recordar la iniciativa legislativa impulsada por el movimiento Regularización.Ya. El 9 de abril de 2024 el Congreso de Diputados aprobó por mayoría absoluta la toma en consideración de la ILP Regularización, que puede tener consecuencias importantes para iniciar procedimientos para regular la situación administrativa de gran parte de los manteros que hay en nuestra ciudad.
La propuesta tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a fin de que el Gobierno establezca un procedimiento de regularización extraordinaria de personas migrantes en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021. Esta medida afectaría unas 500.000 personas migrantes.
