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Autor: Pablo
Sería hora de declarar una emergencia feminista. Clama el cielo que los presupuestos del Estado y de la Generalitat, en las partidas de prevención y reparación sobre la violencia machista, no fueran en sintonía al grave problema de DDHH existente.
“Iniciamos la tramitación en el mes de diciembre del año 2016 y todavía no hemos recibido una resolución que declare la existencia o no de la responsabilidad patrimonial”, lamenta la ciudadana.
El problema acontece porque la normativa habla de centros de educación obligatoria, concepto que excluye, por ejemplo, los centros de Formación Profesional, los centros únicos de Bachillerato, y las ‘escoles bressol’.
Vilà ha presentado el informe anual de 2019, año en el que el 28,9% de las quejas atendidas están relacionadas con los derechos sociales de las personas: vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, ciudadanía y accesibilidad.
El 1 de julio de 2019 llevamos este tema a la Fiscalía de Barcelona porque consideramos que las imágenes y el texto de esta publicación pueden fomentar y promocionar la discriminación y el odio contra un grupo, tal como recoge el Código Penal.
La defensora ha remarcado que “siempre hemos demostrado que somos una institución independiente y objetiva que atiende cualquier persona, colectivo o entidad jurídica que se sienta agravada por el Ayuntamiento”.
A pesar de presentar alegaciones y aportar pruebas de la situación de arrendamiento, recibió una notificación de incoación de expediente sancionador, con un aviso de sanción de entre 60.000 y 600.000 €.
La defensora decidió actuar de oficio con el objetivo de analizar la eficacia y la eficiencia de la atención a la ciudadanía víctima de estos delitos.
La Sindicatura valora muy positivamente que el Ayuntamiento haya establecido un modelo de intervención igual para toda la ciudad. Sin embargo, en este nuevo modelo de intervención se echa de menos la atención o interlocución con el vecindario.
Se ofrecían 4 semanas o turnos de actividades para niños y adolescentes con necesidades de apoyo para la inclusión y finalmente solo subvencionaron tres, situación discriminatoria por este colectivo.
Un total de 64 quejas son las que ha recibido, hasta el momento, la Sindicatura de Greuges de Barcelona sobre la implementación de la Zona de Bajas Emisiones.