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El Síndic de Greuges de Barcelona, nuevo presidente de la Alianza Global del Ómbudsperson Local (AGOL)

En un congreso que tiene lugar en París y Angers, los miembros de la ONG AGOL han votado por unanimidad la candidatura encabezada por David Bondia. La entidad reúne a más de 100 ómbudspersons (figura asimilable al Síndic de Greuges), mediadores y mediadoras y presidentes y presidentes de comisiones de Derechos Humanos de más de 10 países de todo el mundo.

Bondia sustituye en la presidencia a Ismael Rins, Secretario Técnico de la Federación Iberoamericana del Ómbudsperson. El nuevo comité directivo de AGOL está formado también por Miguel Ángel Alzate, Personero del Distrito de Barranquilla (Colombia) y Martha Isabel Gutiérrez, Personera Municipal de Jamundi (Colombia), que ocupan las vicepresidencias; Claudia Bard, Defensora del Pueblo de Chubut (Argentina), que es su tesorera; y Susana Méndez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León (México), en la secretaría. Sus objetivos son, entre otros, los siguientes:

  • promover el derecho a la ciudad como eje central, aportando recursos a todas las defensorías para que faciliten que todo el mundo disfrute de entornos urbanos inclusivos, seguros y sostenibles.
  • defender los derechos humanos de proximidad para garantizar que las necesidades básicas de la ciudadanía estén cubiertas, así como el derecho a una vida digna de ser vivida
  • potenciar la asociación de nuevas defensorías, sobre todo en Europa. También establecer alianzas con instituciones locales, regionales y globales, así como con universidades y organizaciones especializadas
  • adaptar las estrategias de la entidad a desafíos primordiales a escala global, como el cambio climático, la migración y la digitalización, desde una perspectiva de derechos humanos

La Sindicatura de Greuges de Barcelona, un referente internacional

El IV Congreso de AGOL, que se celebra conjuntamente con el III Congreso de Médiateurs, reúne a expertos y profesionales, con diversas ponencias entre este lunes, 10 de marzo, hasta mañana viernes, 14. El Síndic de Greuges de Barcelona ha participado como orador en la mesa redonda “Las mediaciones y los conflictos de uso del espacio público”, sobre cómo garantizar las actividades recreativas, la convivencia y la seguridad. 

En noviembre, el hasta ahora presidente de AGOL, Ismael Rins, visitó Barcelona en el marco del acto «Alianzas para defender derechos humanos de proximidad», en el que también participó la Sindicatura de la capital catalana. También visitaron la ciudad varias defensorías de todo el mundo durante el 2024.

Durante el mandato actual, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha visitado Uruguay, Colombia, México, El Salvador, Argentina, Bélgica e Italia, donde el proyecto de la defensoría de la ciudad ha levantado mucho interés. Además de AGOL, la Sindicatura también participa en otra entidad global, el International Ombudsman Institute.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona pide que se actúe contra un local de Glovo en el Distrito de Sant Martí por las molestias que genera

Desde la defensoría de la ciudad se insta al Ayuntamiento a hacer cumplir la normativa de circulación y estacionamiento en los vehículos de un “supermercado fantasma” de Glovo, locales no abiertos al público y dedicados al almacenamiento y al reparto a domicilio de alimentos. Además, el establecimiento, ubicado en la calle Marina 90-96, no puede ejercer el reparto a domicilio, según la regulación vigente.

Afectaciones vecinales por el uso irregular del espacio público

De hecho, ya en 2021 el Distrito de Sant Martí abrió varios expedientes disciplinarios en los que se acreditaban varias de las molestias que han motivado esta resolución:

  • Motos aparcadas en la acera y usando un vado cuya empresa no es titular
  • Camiones parados en el carril bus, realizando tareas de carga y descarga de mercancías, de las que se derivaba además un ruido elevado y el deterioro del pavimento
  • Repartidores circulando en bicicleta por la acera, sin respetar la distancia de seguridad con los peatones
  • Uso permanente de una rampa que afecta a las personas con discapacidad visual

La Guardia Urbana expone que impulsó diversas actuaciones y sanciones, al conocer las quejas. El Distrito, por su parte, admite que se trató este asunto en la Mesa de Movilidad, pero que no se adoptó ninguna medida al considerar que era un tema de uso del espacio público. Los expedientes disciplinarios se archivaron alegando que las infracciones se habían corregido.

Finalmente, y a raíz de las quejas vecinales, se sustituyó el vado en desuso por una plaza verde de estacionamiento. Sin embargo, las motocicletas de Glovo siguen utilizando el espacio, aunque está reservado para los vehículos de los residentes. No consta que el personal de vigilancia del área verde, de Barcelona de Serveis Municipals SL (B:SM), haya hecho ninguna denuncia. La Sindicatura ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la necesidad de que las aceras estén libres de motocicletas, y las graves afectaciones al derecho a la movilidad y al espacio público de las personas peatones que supone. La última resolución en este sentido fue de julio del pasado año.

Activitades fuera de normativa que el Distrito no ha sancionado

En los expedientes disciplinarios de 2021 el Distrito detectó también que el local no disponía de la documentación requerida, que tenía el seguro de responsabilidad caducada y que ejercía actividades fuera de su licencia, como la cocción de pan y bollería y la preparación de zumos. Dos años después, se constató que esta última infracción persistía. Además, el titular de la licencia no coincidía con el de la entidad que realizaba su actividad.

En 2023, el Ayuntamiento reguló las actividades vinculadas al reparto a domicilio con un plan de usos específico. A partir de entonces, los almacenes de alimentos de más de 400m2, como es este caso, no pueden incluir el reparto a domicilio, salvo ciertas áreas industriales de la ciudad. Por tanto, este local de Glovo debería haber cesado la actividad de reparto a domicilio. Además, el Distrito debería haber vigilado que se hiciera cumplir la normativa, y no consta que haya tramitado procedimientos sancionadores.

Por tanto, esta Sindicatura concluye que las actuaciones del Distrito de Sant Martí, del Área de Prevención, Seguridad y Convivencia y BSM no se ajustan a derecho ni han sido eficaces, y que no se ha respetado el principio de buena administración. Más específicamente, se considera primordial que:

  • se inspeccione este local de Glovo, y se verifique y garantice que la actividad de reparto a domicilio ha cesado, adoptando medidas coercitivas, si fuera necesario, así como revisar las medidas de seguridad del local;
  • la Guardia Urbana y B:SM, en cualquier caso, actúen para asegurar que los vehículos cumplen la normativa de circulación y estacionamiento, tanto para las motocicletas en la acera y en el área verde como para los camiones que realizan tareas de carga y descarga en carriles bus, y que se sancionen las infracciones.

Imagen: Promotor de la queja

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Mayor corresponsabilidad ciudadana y campañas de sensibilización más efectivas, claves para reducir los residuos que llegan al mar

Ante el incremento de residuos en la red de alcantarillado, con el grave coste medioambiental que supone cuando ésta se desborda y se vierten aguas sin tratar al mar, la Sindicatura de Greuges de Barcelona apela en su resolución al civismo de la ciudadanía. Asimismo, el Ayuntamiento, si bien actúa de forma adecuada en este ámbito, debe reforzar las campañas específicas.

Los residuos impropios son todos los que se depositan en los sanitarios de forma incorrecta, es decir, cualquier elemento sólido que no sea papel higiénico. Todo lo demás están prohibidos por la normativa. Uno de los más comunes y que genera estragos en los ecosistemas acuáticos son las toallitas húmedas. Otros no generan impacto visual pero son igualmente muy nocivos, como los microplásticos o los productos farmacéuticos y cosméticos.   

Dado que la red de alcantarillado es unitaria, es decir, que se mezclan las aguas residuales y las pluviales, estos residuos terminan en el mar cuando hay episodios fuertes de lluvias. El Ayuntamiento aplica medidas reactivas, como un servicio de embarcaciones que recogen los residuos que flotan en las aguas del litoral, y otro con brigadas de limpieza manual que trabajan en la arena y en los espigones, pero sólo durante unos meses al año, coincidiendo con la temporada de baño.

Es por todo ello que se considera primordial que la ciudadanía tenga un comportamiento corresponsable, que haga una gestión correcta de los residuos en el espacio público y que utilice los servicios de saneamiento de forma adecuada, ya que, además del derecho, también existe el deber a la ciudad.

Evaluación de las campañas de fomento del civismo

Además de las medidas específicas de recogida de residuos, el Ayuntamiento también trabaja en campañas de concienciación, algunas centradas en playas y otras con una visión más amplia de ciudad, para reducir las conductas incívicas. Algunas de estas campañas son las siguientes:

También cabe destacar el programa “Acció de platges”, que fomenta los usos propios del litoral; la señalización «Bienvenidos a la playa», con paneles que informan del valor ambiental; y el Centro de la Playa, un equipamiento de promoción ambiental y de información.

Desde la Sindicatura de Greuges se recomienda al Área de Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda que continúe llevando a cabo este tipo de campañas y, dado el número de iniciativas existentes, que evalúe su efectividad.

Aparte de esto, la actuación municipal es adecuada con el objetivo de conseguir una reducción de los residuos impropios en el ciclo del agua y, en un sentido más genérico, velar por un hábitat libre de cualquier tipo de contaminación y, por tanto, defender el Derecho al Medio Ambiente.

Conocer lo que pasa en los barrios a través de los vecinos y las vecinas

Esta resolución parte de una actuación de oficio, después de una visita al barrio de la Barceloneta en el marco del Programa “A Pie de calle. Allí, la Cofradía de Pescadores puso en conocimiento de la defensoría el problema de los residuos impropios. Este programa justamente tiene el objetivo de conocer lo que ocurre en nuestra ciudad y en cada uno de los 73 barrios, a través de quienes mejor los conocen.

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La Sindicatura firma acuerdos de colaboración con Agbar y el Consell Tributari de Barcelona para mejorar el servicio a la ciudadanía

El convenio de colaboración con Aigües de Barcelona (Agbar) y el protocolo de colaboración con el Consell Tributari de la ciudad, firmados ambos la semana pasada, permitirán abordar de forma más idónea las quejas que recibe la defensoría vinculadas con los asuntos que gestionan estas dos entidades.

Un acuerdo que tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad

Por lo que se refiere al acuerdo con Agbar, se ha establecido para asegurar una gestión eficiente y transparente de las solicitudes de información y de las quejas, que garantice que la persona afectada recibe una respuesta adecuada. Cuando la Sindicatura reciba una reclamación a traspasar, se registrará como queja y, si se dispone de la autorización de la persona usuaria, se hará llegar al Asesor del Cliente de la empresa. Si no se ha dado el consentimiento, la defensoría hará llegar la reclamación a modo informativo y sin hacer constar los datos que permitan la identificación de las personas usuarias. 

El convenio, que se firmó el pasado miércoles 12 de febrero, también incluye un apartado para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Así, se prevé que si una persona titular de un contrato de suministro pide amparo a la Sindicatura por un corte de agua fruto de un impago, la persona usuaria del servicio podrá pedir que se suspenda la orden de corte hasta que Agbar corrobore con servicios sociales su situación de vulnerabilidad. Si se comprueba este hecho, se suspenderá el corte de agua y se informará a la Sindicatura. Si lo deseáis, podéis leer el convenio completo.

Sin embargo, las posibilidades de colaboración entre la Sindicatura y esta entidad, que presta el servicio de aguas a la ciudad, van mucho más allá, dada la diversidad de quejas que llegan a la defensoría. A principios de año, unas planchas metálicas en una calzada de La Sagrera (Distrito de Sant Andreu) provocaban molestias en el vecindario cuando los vehículos pasaban por encima. El Síndic de Greuges se desplazó enseguida y poco después Agbar, propietaria de las planchas, las retiró.  

Mecanismos de coordinación en el ámbito tributario

El jueves 13 de febrero se firmó el protocolo de colaboración con el Consell Tributari de Barcelona. Así, se establecen unas bases de colaboración para simplificar y reducir el tiempo de tramitación de las quejas a nivel tributario.

El Consell Tributari es un órgano del Ayuntamiento de Barcelona especializado en materia de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público. Su función principal es la de dictaminar las propuestas de resolución de los recursos y reclamaciones contra los actos de aplicación de los tributos y precios públicos, y de recaudación de éstos y otros ingresos de derecho público, pertenecientes a la Hacienda municipal.

Este protocolo fija unos mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para que cada una actúe en su ámbito de competencias. El objetivo es establecer mecanismos y procesos que sirvan para optimizar la calidad y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Si lo deseáis, podéis leer el protocolo completo.

Un compromiso firme con la calidad del servicio público

Ambos acuerdos reflejan el firme compromiso de la Sindicatura de Greuges de Barcelona con el derecho a una buena Administración. Este derecho tiene como finalidad última prestar un servicio público de calidad, que permita responder de forma ágil, eficaz y comprensible a las necesidades planteadas por la ciudadanía. Para lograrlo, es primordial, entre otras cosas, la coordinación con otras entidades, si procede con convenios y acuerdos de colaboración.

De hecho, en su Informe Anual 2023, el último publicado, desde la defensoría se insistía, dentro de las propuestas de mejora, en la necesidad de agilizar el funcionamiento de la Administración municipal, y de establecer canales de comunicación que velen por garantizar la calidad de la información que se da a la ciudadanía.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona solicita la revisión de oficio de las licencias irregulares a pisos turísticos de Ciutat Vella

Desde la defensoría de la ciudad se insta al Distrito de Ciutat Vella a comprobar si las 388 licencias de Viviendas de Uso Turístico (HUT) otorgadas de forma fraudulenta entre 2005 y 2007 son nulas de pleno derecho. También se plantean soluciones complementarias para asegurar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.

En 2005 la proliferación de este tipo de viviendas y las quejas vecinales llevaron al consistorio a aprobar un Plan Especial para prohibir que se abriera ninguno más en este distrito. Ahora bien, el plan sí permitía que siguieran haciendo un uso turístico si ya habían estado desarrollando esta actividad anteriormente, tan sólo tramitando una licencia municipal urbanística de cambio de uso. El consistorio recibió entonces 675 solicitudes, y se elaboró ​​y aplicó un protocolo para agilizar y simplificar su tramitación. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2020 acreditó que 388 licencias se concedieron de forma ilegal, en algunos casos incluso falseando documentos que se requerían, como cédulas de habitabilidad.

A pesar de las medidas específicas del consistorio, como el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos de Uso Turístico (PEUAT), aprobado en enero de 2022, la realidad es que el número de licencias para realizar cambios de uso en pisos residenciales ha aumentado. No ha sido hasta junio de 2024 que el Ayuntamiento anunció el fin de las viviendas de uso turístico en 2028, y que no creará ninguna más, en aplicación de un decreto ley autonómico. La medida afectará a las 10.000 viviendas de uso turístico que existen actualmente en la ciudad, que volverán al mercado de alquiler o de compra en Barcelona.

Desde la Sindicatura de Greuges se considera, sin embargo, que se requieren medidas complementarias para hacer efectivo este anuncio y favorecer, de forma urgente y definitiva, el derecho a la vivienda de todos.

Impedir la transmisibilidad de las licencias

Una medida es que no se permita el traspaso de las licencias de las viviendas de uso turístico entre particulares en ningún caso. Medio año después de la aprobación del plan especial, en el que se establecía que las licencias no eran transmisibles, el Ayuntamiento hizo una interpretación que restringía esta limitación sólo a las nuevas licencias que se solicitaran.

El Ayuntamiento alega que dejar sin efecto esta interpretación generaría peticiones de responsabilidad patrimonial de la ciudadanía afectada. Pero desde esta Sindicatura consideramos que la no transmisibilidad de todas las licencias (las anteriores al PEUAT y las nuevas) se ajusta mejor a la finalidad de proteger el derecho a la vivienda y no supone ninguna contradicción normativa.

Revocación per incumplimientos reiterados y problemas de convivencia

Una segunda recomendación es revocar todas las licencias de alojamientos que presenten reiterados incumplimientos. En este caso habría que tramitar procedimientos sancionadores que, una vez sean firmes por las infracciones detectadas, harán posible su revocación.

El consistorio, que sólo actúa en caso de denuncias o por alguna campaña específica, asegura que no dispone de suficientes recursos para verificar las licencias, ya que actualmente son más de 10.000 pisos legalizados. Desde esta institución consideramos que, en virtud de los compromisos políticos manifestados públicamente, se deberían priorizar las revisiones de estas licencias.

También es necesario recordar que a menudo estos alojamientos generan problemas de convivencia e incivismo. La queja que ha generado la actuación del Síndic ha sido justamente por el caso de una finca de uso turístico en la que, durante la pandemia de la Covid-19 y las restricciones que se aplicaron, se estuvo alquilando para fiestas y celebraciones. El Ayuntamiento dispone de un formulario para quejas vinculadas con viviendas de uso turístico sin licencia, o para notificar ruidos o disturbios.

Es por ello que desde esta institución continuaremos insistiendo en la necesidad de preservar las viviendas de Barcelona para su uso habitual y permanente, ya que es primordial garantizar un turismo sostenible y equilibrado en la ciudad. Más allá de la revisión de los 388 expedientes citados, recordamos a Alcaldía el deber de cumplir con los compromisos anunciados en cuanto a la preservación del uso residencial de las viviendas, por lo que deben implementarse todas las medidas necesarias para llevar a cabo una actuación firme y decidida en este asunto.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona pide que se minimice el impacto negativo que generan los cambios de profesionales en el Servicio de Atención Domiciliaria

Desde la defensoría de la ciudad se ampara el nuevo modelo del SAD de proximidad (“superislas sociales”), con diferentes profesionales que conocen los casos y se organizan para atenderles de forma personalizada y continuada. Esto debe permitir mejorar la atención a las personas,  y optimizar los recursos, favoreciendo la coordinación y potenciando el trabajo con la comunidad. Ahora bien, también se considera que es necesario incidir y mejorar la forma en que se produce el cambio de profesional de atención directa en la transición del modelo anterior de SAD al nuevo de proximidad.

En el proceso de cambio de modelo, las personas atendidas son informadas de que se les cambia la persona profesional de atención directa por el nuevo equipo. Está previsto que pueda haber situaciones excluidas en estos cambios de profesional.

La Sindicatura comenzó una actuación de oficio a raíz de varios casos en los que personas usuarias y sus familias habían manifestado el malestar por los cambios de profesional aplicados con la incorporación al SAD de proximidad. Estos cambios podían generar a las personas usuarias en situaciones de fragilidad, desorientación e inseguridad, así como un trasiego en el entorno familiar cuidador, en el proceso de adaptación.

En algunos casos, como el de una persona con autismo severo y un 82% de discapacidad reconocida, el cambio de las personas cuidadoras se había realizado de forma unilateral y sin tener suficientemente en cuenta la situación y las posibles consecuencias, según constaba en la queja.

Impacto de los cambios de profesionales

Para muchas personas usuarias del SAD, el y la profesional de atención directa no sólo realiza tareas asistenciales, sino que también se convierte en una figura de confianza y de apoyo emocional, clave para su cotidianidad. Por tanto, los cambios repentinos pueden afectar a su calidad de vida, con modificaciones de sus rutinas y alteraciones de su estado emocional o desorientación, especialmente para las personas con situaciones de mayor fragilidad. Es fundamental que se minimice el impacto negativo del cambio de profesional del SAD:

  • Manteniendo al mismo profesional en casos predeterminados.
  • En los casos en que no se pueda mantener y puedan intervenir criterios de excepcionalidad, debería implementarse una transición más progresiva.

Criterios poco claros en la aplicación de las exclusiones

En el nuevo modelo, las personas profesionales referentes de los centros de servicios sociales son las encargadas de valorar cuáles son los casos que deben excluirse de los cambios de profesional de atención directa. Inicialmente se había previsto que habría unas instrucciones internas que fijaran los criterios, pero se han llevado a cabo cambios sin que existieran estas instrucciones (en los que el Ayuntamiento está trabajando). Una parte de estas valoraciones profesionales corresponden al ámbito técnico, pero es necesario que se disponga de unos criterios previos que posibiliten un trato equitativo y justo para la ciudadanía.

Transparencia i derecho a la información

No se ha garantizado de forma suficiente este derecho, lo que puede dejar a las personas usuarias en situación de indefensión ante una actuación con la que pueden estar en desacuerdo, ya que desconocen los criterios existentes, si se han aplicado de forma correcta, o dónde pueden acudir para proporcionar nuevas informaciones. Si se amplía el nuevo modelo a otros territorios, la comunicación de los cambios debe ofrecer más garantías, y se deben buscar fórmulas que pongan de manifiesto el compromiso municipal con la transparencia. Se deberían publicar los criterios generales a tener en cuenta, y que la concreción de cada caso pueda facilitarse a los usuarios de forma específica, si no están de acuerdo con la valoración profesional.

Posibilidades de manifestar el desacuerdo

En las comunicaciones que se realizaron indicando los cambios de profesional, debería haberse indicado de manera explícita a las personas usuarias dónde dirigirse y cómo proceder en caso de desacuerdo. Además, es necesario velar por que las respuestas a las reclamaciones o quejas no se realicen de forma estandarizada, sino con la voluntad de dar una respuesta justificada a las inquietudes de las personas que las promuevan. También proponemos que se exploren posibilidades de participación ciudadana y formas de coproducción de los servicios sociales, e implicar a las personas usuarias como agentes activos en la definición y mejora de los servicios que reciben.

Un servicio que debe mejorar en eficacia

Es por todo ello que desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona concluimos que en el modelo del SAD de proximidad y en la transición hacia el nuevo servicio la actuación municipal, a través de la Concejalía de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad, debe mejorar en eficacia en cuanto a las garantías de los derechos de las personas usuarias más vulnerables, y tener en cuenta cada situación de forma integral.

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El Ayuntamiento y la Fundación Hàbitat3 compran la Casa Orsola

La adquisición conjunta permite detener los procesos de desahucio y reconvertir las viviendas libres en protegidas. Esta operación ha sido posible gracias a la mediación de la Sindicatura de Greuges de Barcelona para establecer un diálogo y llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes implicadas.

Hàbitat3 asumirá el 51 % de la finca y gestionará, con criterios sociales, el alquiler asequible de los 26 pisos del edificio. El coste de la compra es de 9,2 M€, en torno a un 30 % menos que la media del precio del mercado actual en el barrio de la Nova Esquerra del Eixample.

Se trata de una adquisición colaborativa y social promovida por Hàbitat 3, en que el Ayuntamiento de Barcelona adquiere el 49 % y la entidad el 51 % restante de la finca. Esta fórmula conjunta permite hacer la compra con una inversión municipal más reducida, y recuperar las viviendas para uso residencial con alquileres asequibles.

La Casa Orsola, situada en el Distrito del Eixample, tiene 26 viviendas y 4 locales comerciales. Actualmente, en la finca hay 7 pisos con alquiler indefinido, 7 de temporada, 5 con contrato vigente, 5 en proceso judicial y 2 que están vacíos. Una vez acaben los contratos de temporada, se podrán destinar 9 pisos al parque de vivienda pública de la ciudad.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda que se retiren los carteles de “prohibido jugar a pelota” de las plazas de toda la ciudad

La defensoría recomienda que se elimine la señalización de «prohibido jugar a pelota» de las plazas porque puede llegar a suponer una afectación al derecho al juego, derecho humano específico de niños y adolescentes, y condicionar su desarrollo y bienestar. Al mismo tiempo, pide que se fomente la corresponsabilidad ciudadana sobre los usos que se hace de los espacios públicos.

Las plazas y calles de la ciudad son el espacio colectivo que pertenece a toda la ciudadanía, donde transcurre la vida cotidiana y donde, en gran medida, se desarrollan las relaciones sociales, comerciales y de ocio. Las autoridades municipales, como responsables del diseño y la organización de la ciudad, deben poder garantizar la calidad del espacio público, de manera que se facilite el equilibrio, la armonía y la cohesión social.

Las dinámicas de uso del espacio público implican que la Administración debe invertir sus esfuerzos en hacer compatible el derecho al descanso con la realización de actividades y juegos en el espacio público, a fin de conseguir una ponderación adecuada del derecho al descanso y del derecho al ocio de la ciudadanía.

En concreto, en su resolución, entre otras consideraciones, la Sindicatura de Greuges de Barcelona subraya la necesidad de buscar el equilibrio justo entre el derecho al juego de niños y adolescentes y el derecho al descanso del vecindario. Esta institución entiende que este equilibrio no se ha logrado ni se conseguirá con la instalación o mantenimiento de carteles que prohíban jugar a pelota en las plazas.

Si bien la queja afecta, en concreto, a las actividades que se desarrollan en la plaza del Consell de la Vila, del Distrito de Sarrià – Sant Gervasi, la Sindicatura sugiere que sus recomendaciones deberían hacerse extensivas a todo el ámbito de la ciudad.

Principalmente, el pronunciamiento de la Sindicatura de Greuges de Barcelona se focaliza en dos aspectos. Por un lado, recomienda que, como establece el Plan del juego en el espacio público 2020-2030, que pretende pasar de una ciudad con áreas de juego a una ciudad jugable, se implemente el mismo tratamiento en todas las plazas y se eliminen los carteles de “prohibido jugar a pelota”.

Y, por otra parte, que es primordial que se disponga también de personal especializado para la gestión del juego o agentes cívicos que puedan concienciar, en relación a los ruidos, a las personas usuarias de las plazas, para introducir metodologías pedagógicas que les ayuden a corresponsabilizarse sobre los usos, dando a conocer los derechos y deberes de la ciudadanía en espacios públicos donde confluyen determinadas dinámicas.

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La Sindicatura de Greuges de Barcelona se ofrece como mediadora en el caso de la Casa Orsola

Debido a la proximidad del primer desahucio, acordado judicialmente, del vecindario de la Casa Orsola (calle Calàbria, 137 y calle Consell de Cent, 122 de Barcelona), previsto para el 31 de enero de este año, desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona consideramos que es necesario realizar todos los esfuerzos posibles para encontrar un espacio de diálogo y reflexión capaz de llegar a una solución de consenso entre el vecindario de la finca y los propietarios del inmueble (Lioness Inversiones, SLU).

Ante el posible desahucio y la convocatoria de movilizaciones que pueden llegar a alterar el orden público en nuestra ciudad, el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia Garcia, ofrece su predisposición a intervenir como mediador para buscar un acuerdo viable y realista entre las partes, al tiempo que insta al Ayuntamiento de Barcelona a proponer soluciones que, dentro de su marco competencial, preserven el derecho a la vivienda.

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La Sindicatura recomienda al Distrito de Horta – Guinardó que preserve el espacio público como lugar de convivencia y civismo

La queja de un vecino de la Teixonera por un banco que concentra ruidos nocturnos provoca la actuación del síndic.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha emitido una resolución en la que insta al Distrito de Horta-Guinardó a preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, donde todos puedan desarrollar sus actividades respetando el derecho al descanso del vecindario.

Un banco para la discordia

El 18 de noviembre de 2024, un ciudadano presentó una queja afirmando que el Ayuntamiento de Barcelona había instalado un banco frente a la vivienda donde vive con su familia, ubicada en una planta baja de la calle Rosell. Este banco, especialmente por las noches, se ha convertido en un punto de encuentro y ocio, impidiendo el descanso adecuado de sus hijos menores. A pesar de la petición del ciudadano al Distrito de Horta – Guinardó, en la que solicitaba explícitamente la reubicación del banco, inicialmente no se consideró esta posibilidad.

Tras analizar todas las circunstancias, la Sindicatura de Greuges solicitó al Distrito de Horta – Guinardó toda la documentación necesaria para estudiar la queja. Como resultado, se constató que el Ayuntamiento es responsable de preservar el espacio público como lugar de convivencia, garantizando el derecho a disfrutar de la ciudad, condiciones de vida saludables, y el respeto a la intimidad y tranquilidad en el interior de los domicilios, para asegurar el derecho al descanso.

De hecho, la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que los ruidos afectan negativamente derechos fundamentales protegidos por la Constitución española: la inviolabilidad del domicilio (art. 18.1), la salud (art. 43), un medio ambiente adecuado (art. 45) y una vivienda digna (art. 47). Por lo tanto, su protección es ineludible para los poderes públicos, como afirman las sentencias del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2001 y del 23 de febrero de 2004.

Una solución consensuada

En este punto, el Distrito de Horta – Guinardó ofrece dos posibles soluciones:

a) Desplazar el banco 6 metros más arriba, reconociendo la posibilidad de que las conductas incívicas sigan ocurriendo.

b) Retirar el banco y dejar solo uno en toda la calle, dado que unos metros más arriba ya existe otro.

Cabe destacar que, en los barrios considerados de montaña, caracterizados por fuertes pendientes, es habitual colocar más bancos en las calles. Esto responde a la necesidad de que las personas mayores puedan hacer paradas frecuentes durante sus recorridos. En este caso concreto, se concluye que el Distrito de Horta – Guinardó está dispuesto a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho al descanso del ciudadano que presentó la queja. Dado que el Ayuntamiento debe garantizar el cumplimiento de las normas municipales destinadas a prevenir y reducir los efectos perjudiciales del ruido en la salud humana y preservar el derecho al descanso de la ciudadanía, la Sindicatura de Greuges recomienda que, a la mayor brevedad posible, se contacte con el ciudadano para, mediante una solución acordada, resolver esta cuestión.

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La Sindicatura insta al Consorcio de Educación de Barcelona a garantizar la equidad para los niños con necesidades educativas específicas (NEE)

Dos casos han puesto de manifiesto las carencias en materia de igualdad de oportunidades en estos colectivos.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona solicita al Consorcio de Educación de Barcelona que defienda de manera más equitativa al alumnado con necesidades educativas específicas. Un par de casos, ocurridos con pocos meses de diferencia, han sido el detonante de esta actuación.

Necesidades educativas especiales y recursos tecnológicos

En el primero de los casos, un ciudadano presentó una queja a la Sindicatura de Greuges debido a la obligatoriedad de proveer una tableta iPad para su hijo, escolarizado como alumno con Necesidades Educativas Específicas por razones socioeconómicas (NEE B) en un centro concertado. La escuela, además, exigía que el dispositivo se adquiriera exclusivamente a través de un proveedor específico, sin ofrecer alternativas como el préstamo o la compra en otro establecimiento.

A raíz de la solicitud de información de la Sindicatura, el Consorcio de Educación de Barcelona argumentó que el Plan de choque contra la segregación escolar y el programa “Mochilas abiertas” solo cubren actividades complementarias, libros y material escolar, pero no dispositivos digitales como tabletas. Esto supone, para los alumnos y sus familias en esta situación, un agravio comparativo, con un impacto negativo en cuanto al desarrollo de competencias digitales y la igualdad de oportunidades.

AFA sin ayudas para natación

En el segundo de los casos, el AFA de una escuela presentó una queja a la Sindicatura de Greuges en la que denunciaba la falta de ayuda para garantizar que todo el alumnado, incluido aquel con Necesidades Educativas Especiales, pueda realizar las clases de natación en horario lectivo en los cursos de I5 y 2º. Aunque estas clases están incluidas en el Proyecto Educativo de Centro, aprobado en 2019, actualmente solo se cubre el coste del monitoreo de apoyo para el alumnado de 1º gracias al programa “Ya nado”. El AFA considera que la falta de financiación para I5 y 2º genera una clara situación de discriminación.


A pesar de los argumentos del Consorcio de Educación de Barcelona, desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona se destaca que el Proyecto Educativo de Centro ha sido aprobado y es conocido por la Administración, y que el principio de educación inclusiva exige adaptar los recursos para garantizar la igualdad de oportunidades.

Las conclusiones de la Sindicatura

Por todo ello, la Sindicatura de Greuges de Barcelona considera insuficiente la actuación del Consorcio de Educación de Barcelona para garantizar el derecho a la educación y recomienda, adoptar medidas para asegurar que el alumnado con necesidades educativas específicas pueda participar en condiciones de igualdad en el proyecto educativo del centro, evitando así que se repitan situaciones donde no se garantice un trato equitativo.

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David Bondia, entrevistado en El Punt Avui

El periódico publica este miércoles, 8 de enero, una entrevista a doble página al Síndic de Greuges de Barcelona. Algunos de los titulares destacados son los siguientes:

• “En Barcelona hay inseguridad, pero esto no debería magnificarse”

• “Nos alegra que en el ámbito local, autonómico y estatal se diga que la vivienda es la cuestión clave y que hay que hacer algo para solucionarlo”

• «No deberíamos ser criminalizadores con el turismo, sino protectores de los y las residentes de la ciudad»

• «En una urbe como Barcelona siempre te encontrarás convivencia, pero también problemáticas»

Puedes leer la entrevista entera en este enlace (en catalán).