La defensoría recuerda que existe un proceso legal y señala que amenazas como la realizada por Desokupa generan un gasto público innecesario
A la Sindicatura de Greuges de Barcelona le preocupa la situación de tensión que se está viviendo en el barrio de la Bonanova, después de que la empresa Desokupa, que se autocalifica como especializada en mediación y desahucios, anunciara su voluntad de actuar al margen de la ley para desalojar los edificios el Kubo y la Ruïna.
Kubo y Ruïna son dos edificios ocupados desde hace años y que son mayoritariamente propiedad de la SAREB, empresa creada precisamente para gestionar viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias de entidades bancarias rescatadas con capital público.
Cabe recordar que cualquier proceso de recuperación de la posesión de inmuebles tiene un recorrido legal, que debe ser ejecutado por las instituciones pertinentes, y no por particulares. De esta forma se puede garantizar la seguridad de las personas y una actuación ajustada a derecho.
Es importante resaltar que, si no existen motivos de riesgo para la seguridad de las personas que ocupan, el proceso para la recuperación de la posesión de inmuebles debe instarle la propiedad. En este proceso pautado jurídicamente, intervienen distintas instituciones. Por una parte la autoridad judicial, que debe dictar la orden de lanzamiento y, por otra parte, los cuerpos policiales, que intervendrán para ejecutar la orden judicial y garantizar la seguridad de las personas. Por tanto, en este caso, la intervención en el proceso de cualquier otro agente no está amparada legalmente.
El resultado de desafiar a los poderes públicos, con la amenaza de procedimientos de desahucio que se apartan de lo establecido legalmente, no sólo está generando crispación y una ruptura no deseada de la paz social del barrio. También está ocasionando un importante gasto público, obligando a los cuerpos de seguridad a diseñar dispositivos específicos para evitar enfrentamientos y impedir que la empresa Desokupa intervenga en un proceso que en estos momentos se encuentra en sede judicial.
Sin duda, las consecuencias de la provocación irresponsable de este gasto público deberían ser imputables a las personas y actores que han atizado este conflicto de orden público.
Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona instamos a todas las administraciones competentes para que realicen sus funciones con absoluta coordinación, a fin de gestionar la situación, y conseguir el restablecimiento de la paz social en el barrio.
